Paradores reducirá el sueldo a su plantilla al eliminar la prima de producción
CSIF denuncia un ERTE encubierto, ya que la prima supone una media del 23% del salario y llega al 50% en algunos casos
El impacto de la crisis del coronavirus en el turismo también llega al sector público. Paradores ha comunicado al comité de empresa que eliminará la prima de producción de los asalariados que estos días no pueden acudir a su puesto de trabajo, lo que supondrá una reducción de hasta el 50% del sueldo en algunos casos. La compañía pública lleva cerrada desde el 16 de marzo, en cumplimiento del decreto que estableció el estado de alarma, y desconoce cuándo podrá reanudar su actividad. CSIF denuncia un ERTE encubierto y exige al Gobierno una respuesta.
La propuesta de Paradores, a la que ha tenido acceso EL PAÍS, mantiene el complemento de producción a los empleados que todavía acuden a sus puestos de trabajo, entre los que se encuentran los de las oficinas centrales y tres o cuatro por establecimiento, según fuentes de la compañía. Para los demás, el sueldo se mantiene intacto con todos los complementos, excepto uno: el de producción, debido a la nula actividad de la empresa durante estos días.
Según Paradores, la prima media por producción asciende a 391 euros, el 23,47% del salario, aunque varía según la facturación de los establecimientos. Así, en Verín (Ourense) apenas representa el 13% del sueldo, mientras que en Alcalá de Henares (Madrid) llega al 36%. CSIF denuncia que los trabajadores perderán la mitad de su salario, pero fuentes de la empresa puntualizan que solo ocurrirá en casos muy excepcionales, como los de los empleados de los establecimientos costeros durante los meses de verano.
Además, la compañía pública ha ofrecido a los trabajadores la posibilidad de seguir cobrando el 100% de su salario si cogen voluntariamente días de vacaciones mientras dure el confinamiento, con el objetivo de que la mayor parte de la plantilla esté disponible cuando se retome la actividad. Independientemente de la opción que elijan, Paradores garantiza que ninguno de sus 3.757 empleados a jornada completa cobrará menos del salario mínimo, como denuncia CSIF.
El sindicato recuerda en una nota de prensa que la plantilla ya ha consumido los días que les correspondían por exceso de horas realizadas en 2019, así como el permiso retribuido recuperable que aprobó el Gobierno desde el 30 de marzo hasta el 11 de abril. Para atajar la situación, la central exige al Ejecutivo una “solución digna” para los trabajadores, que figuran como empleados públicos en el convenio.
CSIF demanda que se mantengan las condiciones laborales y que las jornadas perdidas, que no se pueden realizar hasta que se reanude la actividad, se compensen en los próximos años con una ampliación del horario. Según la central sindical, la empresa se ha negado a negociar este punto, algo que, para CSIF, “dejaría a los trabajadores al límite de la supervivencia económica”. El sindicato denuncia que, sin la prima de producción, muchos empleados no alcanzarán los 1.000 euros brutos mensuales. Es la primera vez desde que comenzó la crisis que el comité de empresa y la dirección no llegan a un acuerdo, como ya han hecho en dos ocasiones anteriores.
Paradores cerró el ejercicio de 2019 con un beneficio de 16,8 millones de euros, un 1,2% más que el año precedente. CSIF reclama que la compañía use este dinero para apoyar a los trabajadores y denuncia que su verdadera intención es realizar un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) encubierto. El Gobierno ha instado a las empresas públicas a asegurar el empleo durante esta crisis. En el escrito remitido al comité, Paradores reitera que su prioridad pasa por mantener los puestos de trabajo.
Sin embargo, la situación del sector turístico es especialmente complicada. El cierre obligado de los establecimientos, incluidos los paradores, ha llevado al límite a una actividad de la que depende el 12% del PIB y el 13% del empleo en España. Exceltur, el lobby del turismo, calcula una pérdida de más del 30% del negocio por culpa del coronavirus, lo que supondría un impacto de 55.000 millones de euros.
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