Sánchez promete una nueva subida del salario mínimo y cerrar el déficit de las pensiones en cinco años
El discurso de investidura del actual presidente se centra en las propuestas ya contenidas en el programa económico del PSOE
![Antonio Maqueda](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/https%3A%2F%2Fs3.amazonaws.com%2Farc-authors%2Fprisa%2Fb1dc7264-7e6f-4409-a0bf-3e238fd06374.png?auth=11ebbb494668610683391effd8d3d71f1c1d8de88d2f0e2de10fff70c0ec9be0&width=100&height=100&smart=true)
![El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, durante el debate de investidura.](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/NSBH4BTHNEI52DSQOKP2I34WRU.jpg?auth=082f314b4e919e264e851971f39fa94256c1b0eaa2330f3e023711caa9a665ee&width=414)
El actual presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha centrado buena parte de su discurso de investidura en el programa económico del PSOE y en promesas ya realizadas durante su anterior mandato. Este lunes ha avanzado que, si logra el respaldo para ser de nuevo jefe del Ejecutivo, se abordará un pacto de rentas con los agentes sociales para mejorar los sueldos. Y dentro de este acuerdo se incluirá la propuesta del partido socialista de subir el salario mínimo (SMI) hasta el 60% del salario medio a lo largo de la legislatura.
En la actualidad el SMI se encuentra en los 12.600 euros al año tras el incremento del 22% aprobado para este ejercicio. Y según cuál sea la cifra que se coja para determinar el salario medio, el aumento variará. Pero en principio quedaría en unos 1.000 euros en 14 pagas. Los 1.000 euros son el suelo que ya habían pactado en los convenios sindicatos y patronal para 2020. Unidas Podemos defiende ahora un alza de ese calibre pero solo en un año.
Además, Sánchez ha anunciado que habrá un nuevo impulso al Pacto de Toledo para acabar con el 0,25% de revalorización de las pensiones. Y ello al tiempo que se asegura su sostenibilidad, cerrando el déficit de la Seguridad Social en 5 años, cosa que ya estaba pactada en el borrador de acuerdo que rechazó Unidas Podemos en febrero. Se reformulará otro eje de la reforma de las pensiones del PP, el llamado factor de sostenibilidad, que ajusta la pensión inicial al aumento de la esperanza de vida y cuya entrada en vigor estaba prevista para este año pero fue pospuesta.
Y el presidente ha repetido su intención de elaborar un nuevo Estatuto de los Trabajadores que "blinde derechos y regule las nuevas relaciones laborales". La idea es adaptar la normativa a los nuevos tiempos tecnológicos y garantizar que el indefinido sea la principal forma de contratación, acabando con la precariedad. Una vez más, ha asegurado que eliminará "los aspectos más lesivos" de la reforma laboral de 2012.
Sánchez ha insistido también en otros temas recurrentes del actual Ejecutivo: una nueva fiscalidad verde; un estatuto del trabajador becario; que los autónomos paguen según sus ingresos; la racionalización de los horarios laborales; la reordenación y simplificación de la protección del desempleo para que ofrezca una mayor cobertura; la reconfiguración de las bonificaciones a la contratación para que se concentre en colectivos desfavorecidos; la ley de igualdad de género en el empleo; unos 330 millones para que los ayuntamientos amplíen la educación de 0 a 3 años; un ingreso mínimo vital ligado a la pobreza infantil; la compensación de costes energéticos a la industria que cree empleo y sea energéticamente eficiente, y llegar al 2% del PIB de inversión en I+D.
Se antoja algo más difícil la promesa que ha hecho Sánchez de que el gasto en educación, ahora en el 4% del PIB, suba durante la legislatura hasta el 5%, un incremento del orden de 10.000 millones de euros que, además, va creciendo conforme sube el PIB. El candidato ha afirmado que todo esto se compaginará con una reducción del déficit público en cinco décimas hasta el 2% del PIB.
El presidente en funciones ha mencionado que una conocida plataforma digital solo tributó 3.146 euros en su primer ejercicio fiscal en España, una información que avanzó el diario Cinco Días y que hacía referencia a Netflix. La cita apunta a que el Gobierno mantendrá su apuesta por el impuesto que grava a las tecnológicas, la llamada Tasa Google.
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