Operación Chamartín: un proyecto inmobiliario gafado durante 26 años

La comisión de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid ha dado este miércoles luz verde a Madrid Nuevo Norte y todos los astros parecen alineados esta vez para que la conocida como Operación Chamartín salga adelante. Aunque la cosa va más de cuerpos terrenales que de celestes. Durante tres décadas ha sido imposible un consenso entre las tres administraciones competentes (Fomento, Ayuntamiento y Comunidad de Madrid) y la empresa concesionaria (la actual Distrito Castellana Norte, que es una sociedad de BBVA y Grupo San José). Y las dos ocasiones en que el acuerdo fue factible, se interpusieron dos hechos funestos en la historia de España.

Primero en 2004, cuando los tres Gobiernos implicados (todos en manos del PP, con Aznar, Aguirre y Gallardón al frente) fijaron una fecha para estampar su firma en el proyecto. Nunca se produjo porque el día previsto estallaron bombas en cuatro trenes de la capital, en los trágicos atentados del 11-M. La segunda ocasión llegó en diciembre de 2008. Entonces sí hubo firma pero tres meses antes se había desplomado en EE UU Lehman Brothers y la onda expansiva provocó la Gran Recesión, lo que comprometía seriamente la viabilidad económica del plan.

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Pero para relatar la larga lista de circunstancias que han lastrado la Operación Chamartín, hay que remontarse mucho más atrás. El proyecto arrancó en marzo de 1993, cuando Renfe sacó a concurso un proyecto para enterrar las vías de la estación de Chamartín, entonces la de mayor tráfico de España, y urbanizar sobre ellas una parcela de 610.000 metros cuadrados. Ese octubre ganaba una propuesta conjunta de San José y Argentaria, que entonces era un banco público y hoy la última sigla del BBVA. Curiosamente, el entonces BBV también se había presentado al concurso.

El plan ya arrancó con tensiones políticas. Unas convirtieron a Chamartín en “la mayor operación urbanística de la segunda mitad del siglo XX”, ya que la exigencia de que englobará una solución para prolongar el Paseo de la Castellana hizo que la superficie de actuación pasase de las 61 hectáreas iniciales a más de 300.

Pero el mayor enfrentamiento no fue el esperado: aunque en 1995 Gallardón llegó a la Comunidad, que coincidía así en color político con el Consistorio, su tira y afloja con Álvarez del Manzano por la edificabilidad duró años. El alcalde cedió (pasando de 5.000 a 20.000 pisos, con una ampliación de parcelas y de la densidad) cuando su cargo ya estaba destinado precisamente a Gallardón. Aguirre fue a la Comunidad y se llegó a un pacto que fue el que frustró el 11-M.

Un nuevo enfrentamiento

La llegada de Zapatero a La Moncloa en 2004 abrió otro frente. Gallardón y Aguirre pedían que Fomento pagase mayor parte de las infraestructuras. Pasó una legislatura hasta la firma de 2008, cuando a la crisis se superpusieron los contratiempos judiciales. El plan previsto fue paralizado en los juzgados porque la ley de suelo que había hecho Aguirre, en la que introdujo algunas cláusulas para asegurar el control autonómico del planeamiento, impedía levantar más de cuatro alturas.

Tocó rehacerlo y la reforma culminó en la víspera de las elecciones municipales de 2015, sin tiempo para aprobarla. En los comicios venció Ahora Madrid y Carmena dijo que repensaría el proyecto. Lo hizo dos veces, la primera unilateralmente y la segunda ya con consenso de Fomento y la parte empresarial. Faltaba solo el informe autonómico de impacto ambiental (el as que se había reservado Aguirre en su día). Llegó de nuevo a pocos días de unos comicios locales que dieron otro vuelco. Pero esta vez, PP y Ahora Madrid prometen aprobar el plan que más lejos ha llegado.