Aguirre condiciona la Operación Chamartín a que Fomento construya nuevas infraestructuras en la zona

Esperanza Aguirre lanzó ayer un nuevo desafío al Ministerio de Fomento, propietario del 60% del suelo donde está prevista la Operación Chamartín (prolongación hacia el norte del paseo de la Castellana). Si el ministerio quiere conseguir el visto bueno para este proyecto urbanístico, Fomento tendrá que garantizar antes que va a dejar la zona bien comunicada con las infraestructuras necesarias. El Gobierno regional reformará la Ley del Suelo para conseguir su objetivo. "Esperemos que esto no sea un desafío por parte de Esperanza Aguirre", respondieron fuentes de Fomento.

En la futura Operación Chamartín está prevista la construcción de más de 16.200 viviendas en una zona de 300 hectáreas al norte de la plaza de Castilla. El 70% del suelo de este desarrollo urbanístico es público (algo más de la mitad de Fomento, a través de Renfe; el resto, de Comunidad y Ayuntamiento), y el 30% de privados.

En total, este desarrollo urbanístico llevará a la zona norte a más de 150.000 personas, que podrían llegar hasta 300.000 si se añaden los residentes en Sanchinarro, Las Tablas y Montecarmelo y los futuros vecinos de los desarrollos que hay en marcha en San Sebastián de los Reyes, Alcobendas y Algete.

Todos estos habitantes, y sus respectivos vehículos, se unirán a una zona, la norte, ya de por sí colapsada y donde hay infraestructuras tan visitadas como los hospitales Ramón y Cajal o La Paz. Además, en el norte del paseo de la Castellana también se están construyendo cuatro rascacielos sobre los terrenos de la antigua Ciudad Deportiva del Real Madrid.

En 2002, siendo ministro de Fomento Francisco Álvarez-Cascos, se valoró el coste de las infraestructuras en 1.502 millones de euros. En aquel momento se anunció un acuerdo entre el ministerio, Comunidad y Ayuntamiento para abonar parte de esos costes. Por ello, se acordó aumentar la edificabilidad, pero el acuerdo está bloqueado porque Fomento reclama más pisos protegidos en este desarrollo.

Pero ahora el Gobierno regional cree haber encontrado la clave para obligar al Ministerio de Fomento a construir nuevas y mayores infraestructuras en la zona y ayudar a que el norte no se colapse con los nuevos desarrollos previstos. El Consejo de Gobierno aprobó ayer remitir a la Asamblea un proyecto para modificar la Ley del Suelo para que "antes de aprobar definitivamente un desarrollo urbanístico de carácter especial se acredite la existencia de infraestructuras de transportes y comunicaciones suficientes para garantizar la movilidad de la población en toda el área de influencia".

Este proyecto de ley está destinado a los desarrollos que afectan a sistemas generales, "como son las infraestructuras de servicio, las estaciones de tren, los aeropuertos, las redes generales de comunicación o las instalaciones del Ministerio de Defensa", puntualizó el vicepresidente primero, Ignacio González. Pero fue, incluso, más allá y puso un ejemplo: la Operación Chamartín, donde además de casi 16.000 nuevas viviendas hay reservado un millón de metros cuadrados. "Este nuevo desarrollo va a llevar a la zona norte más de 150.000 nuevos vecinos, a los que hay que sumar otros 100.000 de los desarrollos del norte que ya están en marcha. Hay que tener garantizado que la zona no se va a colapsar más", explicó. Así que el Gobierno regional no piensa dar la aprobación definitiva de la operación urbanística -que lleva una década bloqueada- hasta que Fomento garantice las infraestructuras necesarias para que haya "movilidad y fluidez".

Para que la Operación Chamartín se ponga en marcha necesita la aprobación definitiva de la Comunidad. Pero ésta no dará el visto bueno hasta que Fomento no se comprometa a realizar las infraestructuras de transporte requeridas. La aprobación de este nuevo desarrollo, o de otros, deberá contar con un informe regional "previo y favorable".

González consideró que Fomento va a ingresar por el proyecto urbanístico "600.000 millones de las antiguas pesetas en concepto de plusvalías generadas por la venta del suelo

[el Ministerio de Fomento es propietario del 60% de los terrenos]". "Y por eso el Gobierno central debería garantizar con ese dinero unas buenas infraestructuras de transporte en la zona", puntualizó.

El Gobierno regional ya tiene buscadas incluso las infraestructuras para el área norte que quiere que haga el Gobierno central. "Si no se garantizan nuevas infraestructuras, como la R-1

[autopista de peaje Madrid-Burgos] o los carriles-bus, el colapso en todo el entorno, en los nuevos barrios de Sanchinarro y Las Tablas y los desarrollos de la carretera de Burgos, será todavía mayor que el ya existente", aseguró González.

Nueva estación del norte

Fuentes del Ministerio de Fomento señalaron que las plusvalías ya tienen destino: la construcción de la nueva estación de tren de Chamartín y las viviendas protegidas. "Esperanza Aguirre estaba de acuerdo en que las plusvalías se destinasen a la vivienda protegida. Ahora resulta que se contradice", criticaron dichas fuentes. "Esperemos que esta nueva estrategia no sea un desafío contra Fomento y que la presidenta regional no esté utilizando los órganos de gobierno para fastidiar a otras administraciones", agregaron.

Esta polémica se une a las diferencias existentes entre la Comunidad y el Gobierno central en materia de infraestructuras, avivada en los últimos días por la ausencia de Esperanza Aguirre en una reunión que se celebró entre la ministra, Magdalena Álvarez, y el alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón.

Desde Fomento quisieron dejar claro que la Operación Chamartín se realiza mediante un acuerdo tripartito (Gobierno central, regional y Ayuntamiento). "La presidenta no quiere acudir a reuniones tripartitas

[en referencia a la ausencia de Aguirre en el reciente encuentro Álvarez y Ruiz-Gallardón], pero sí que le interesa participar en la Operación Chamartín, que también es a tres bandas", concluyeron. Aguirre siempre ha mantenido que no acudió a la citada reunión porque no fue invitada.