El Gobierno limpia la cúpula de la mutua investigada por Anticorrupción

No es una intervención, pero supone vigilar muy de cerca a los gestores de la mutua Activa, investigada por la Fiscalía Anticorrupción y recientemente multada con 875.000 euros por gastos irregulares. El Ministerio de Trabajo ha ordenado limpiar su cúpula: salida del presidente, despido disciplinario del director gerente y rechazo al sustituto propuesto ya por la entidad. La selección del próximo gerente se hará por concurso público y la Seguridad Social tendrá la última palabra.

La situación de Activa Mutua, que maneja un presupuesto de 350 millones de euros de dinero público —en su mayor parte cotizaciones de trabajadores y empresarios— se complica, al menos en lo que respecta a su independencia. La reciente multa por gastos irregulares, con seis sanciones muy graves y dos graves, ha llevado al Ministerio de Trabajo a tomar la decisión de tutelar a la entidad y a su equipo directivo. Hace unos días el secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, presentó un estricto plan de actuaciones a la mutua que incluye dar cuenta al ministerio de cualquier decisión de calado que se tome. Las medidas son “de urgente aplicación”, reconoce el actual presidente, Josep Nogués, en un escrito a los trabajadores al que tuvo acceso EL PAÍS.

Nogués reconoce también que no está de acuerdo con algunas de las medidas impuestas por Trabajo. En concreto, asegura que le parece “excesivo” el despido sin indemnización del director gerente. Precisamente una de las infracciones detectadas por los inspectores en la mutua son los llamados despidos de oro: el pago de cuantiosas indemnizaciones, por encima de lo que fija la ley, a los directivos de las mutuas. Es una práctica prohibida pero que se ha producido en varias entidades en la última década. En Activa Mutua se pagaron 663.000 euros de más por este concepto. Un portavoz de la mutua confirmó la reunión y la calificó de “fructífera”.

El plan de actuaciones que impone Trabajo a la mutua, al que tuvo acceso EL PAÍS, exige la “erradicación de las prácticas de captación por parte de la mutua”. Estas entidades tienen prohibido hacer actividad comercial para captar nuevas empresas, pero Activa Mutua camuflaba estas prácticas como cursos de formación o actividades divulgativas, según la Inspección. A partir de ahora, la Seguridad Social vigilará que solo participen en estas actividades las empresas ya asociadas a la mutua y sus trabajadores.

El plan obliga también a una “reducción de los gastos en bienes corrientes y servicios” hasta situarse en la media del sector de las mutuas. Especialmente, puntualiza, los gastos “en establecimientos de hostelería”. Los inspectores que investigaron los gastos de la mutua tras la denuncia de un extrabajador detectaron que los directivos invitaban en bares y restaurantes usando las tarjetas de crédito de la entidad. Los gastos indebidos en “desayunos, comidas y cenas” entre 2015 y 2017 fueron de al menos 394.756 euros. El plan pide también la “reducción de la flota de vehículos de empresa” hasta que el número corresponda con lo “estrictamente necesario” para la gestión. Trabajo exige que a partir de ahora se le informe trimestralmente sobre los gastos y la evolución del número de vehículos.

El plan del Gobierno obliga incluso a comunicar y pedir autorización previa para despedir a algún trabajador. Y avisa de que Activa solo podrá pagar indemnizaciones por despido improcedente si han sido fijadas antes en una sentencia judicial. En cuanto a la actividad asistencial, Trabajo quiere que Activa revise el uso de medios sanitarios sin concierto y que su uso se limite a la urgencia vital. Finalmente, lanza un aviso: la mutua debería adecuar los sueldos del personal al sector público, al que pertenecen estas entidades.