Despidos de oro y cenas con dinero público: así gastó 1,3 millones la mutua Activa

En apenas tres años, los gestores de Activa Mutua gastaron indebidamente casi 400.000 euros en desayunos, comidas y cenas. Otros más de 660.000 euros se destinaron, también de forma irregular, a pagar indemnizaciones a directivos por encima de los límites legales. La mutua llegó a tener contratado a un político que no pisaba su puesto de trabajo. Por todo ello, y otras irregularidades aún en investigación, la Fiscalía ha abierto diligencias para depurar posibles responsabilidades penales, según ha confirmado EL PAÍS.

La Policía Nacional lleva meses detrás de estos manejos y ha pedido diversa documentación al Ministerio de Trabajo, del que dependen las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social. Estas entidades gestionan las cotizaciones de los trabajadores —dinero público, por tanto— y se encargan de atenderles en caso de accidente y enfermedades laborales. Los informes que han llegado a la Fiscalía y a la Policía Judicial, a los que ha tenido acceso este diario, desgranan irregularidades que van más allá de las disputas contables que suelen mantener las mutuas con Trabajo. Fuentes conocedoras de las pesquisas apuntan que los posibles delitos son malversación, falsificación documental y contra la Administración Pública.

La investigación se inició después de que un extrabajador se presentara en la Fiscalía con decenas de carpetas de documentación. El fiscal solicitó a la Inspección de Trabajo informes sobre la mutua que han resultado en un acta de inspección que contempla sanciones por “seis infracciones muy graves y dos graves”, además de que devuelva el dinero gastado indebidamente. En paralelo, la Intervención de la Seguridad Social realizó una auditoría que confirma de forma preliminar muchos de los hechos denunciados. Tras incoar diligencias de investigación, la Fiscalía tiene un plazo de un año para investigar y decidir si interpone querella.

Según la documentación, entre 2015 y 2018 los directivos de la mutua hicieron variadas “invitaciones a terceros en establecimientos de hostelería” usando tarjetas de crédito de la entidad. El análisis de esos extractos, aún no finalizado, muestra que pagaban tanto en gasolineras como en restaurantes. En el primer caso, los inspectores no pudieron determinar si los gastos fueron para uso profesional o particular de los vehículos cedidos por la mutua. Solo el director gerente, Miquel Àngel Puig, gastó cerca de 43.000 euros en estos conceptos. El perjuicio para las arcas públicas aún no ha podido ser cuantificado con precisión, señala la documentación remitida al fiscal. La mutua, de origen catalán, está implantada en toda España, pero su mayor actividad se produce en Tarragona, Barcelona y Lleida.

El gasto ya delimitado es el que se hizo en “desayunos, comidas y cenas” entre 2015 y 2017: 394.756 euros. El acta de inspección los califica directamente de “gastos indebidos”. También es irregular la cantidad empleada en pagar indemnizaciones por despido: 663.088 euros en tres años. Los inspectores hablan de “pago sistemático” de cantidades superiores a las legales. Se trata de un problema relativamente extendido entre las mutuas, que generalmente los auditores de la Seguridad Social destapan y acaba en los tribunales. En los últimos años se han detectado al menos una docena de casos, que suelen consistir en despedir a directivos que están a punto de jubilarse con jugosas indemnizaciones.

La investigación ha desvelado otros gastos indebidos que la mutua pagaba con dinero público, como dietas a miembros de la junta directiva que aún no habían sido confirmados en sus cargos. Concepto a concepto, los inspectores han llegado al importe total, ya confirmado, de 1,3 millones de perjuicio para las arcas públicas. Además están investigando si los 1,6 millones de euros gastados en lo que se conoce como “prestaciones especiales” —ayudas económicas que dan las mutuas a los accidentados— también produjeron un perjuicio. Los inspectores sospechan que sí porque hicieron un muestreo entre las prestaciones y concluyeron que, en todos los casos analizados, la mutua no había “comprobado el estado de necesidad de las ayudas”. Los funcionarios que realizan estas labores no son agentes de la ley y sus inspecciones se limitan a la esfera de la auditoría de cuentas, pero a partir de sus informes la Policía Judicial está investigando por su cuenta en busca de ilícitos penales.

La mutua “tiene absoluta tranquilidad sobre la actuación de la entidad, cuya gestión está supervisada, vigilada y auditada por los órganos administrativos correspondientes”, señaló un portavoz.

Los auditores indagaron también en los vínculos de proveedores de la mutua con directivos o antiguos directivos. Como adelantó EL PAÍS, encontraron que Jesús Palau, exdirectivo de Reddis, una de las mutuas que se fusionaron para crear la actual Activa, está detrás de tres empresas (Bufet Palau, Palrec y Aldimapa) proveedoras de la entidad. Según la denuncia del extrabajador, habría una connivencia entre Palau y la mutua para que este facturara sus servicios no como profesional sino a través de ellas —que no se dedican a servicios jurídicos sino al sector inmobiliario— para eludir el pago de deudas con la Administración.

Los auditores también quisieron comprobar si la mutua había contratado con dinero público el asesoramiento jurídico de varios abogados relacionados con un antiguo directivo. Concluyeron que varios letrados de Artal Grau López Advocats facturaron a título individual a la mutua y que un fundador de esa firma, Javier Artal Morillo, fue vicepresidente segundo de Activa hasta 2011. “Los procedimientos de auditoría” impiden acreditar la connivencia, escribieron, por lo que no pudieron determinar si su contratación era necesaria o si su trabajo podía “asumirlo el personal propio de la entidad”, es decir, si esos mismos trabajos los podría haber hecho personal interno sin coste extra.