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Trabajo sanciona con 875.000 euros a Activa Mutua por gastar dinero público irregularmente

La Seguridad Social detectó que la mutua hinchó las indemnizaciones por despido y actuó con ánimo de lucro

Una oficina de Activa Mutua en Barcelona
Una oficina de Activa Mutua en Barcelona

La Inspección de Trabajo ha multado con algo más de 875.000 euros a Activa Mutua por las seis infracciones muy graves y dos graves que encontró al investigar la gestión de la entidad colaboradora de la Seguridad Social entre 2015 y 2017. Las irregularidades que cometió, adelantadas por EL PAÍS, consisten entre otras en actuar con ánimo de lucro cuando las mutuas lo tienen estrictamente prohibido y en distribuir irregularmente los beneficios.

Trabajo ha actuado tras la denuncia de un extrabajador y ha encontrado contrataciones simuladas, indemnizaciones indebidas a trabajadores y una serie de gastos injustificados. La sanción, inusualmente alta, ha sido confirmada por el Consejo de Ministros este viernes, según ha podido saber este diario de fuentes del Ejecutivo.

Los problemas de esta mutua que gestiona anualmente unos 350 millones de euros de las arcas públicas no acaban con esta sanción. La Fiscalía Anticorrupción tiene abiertas diligencias para depurar las posibles responsabilidades penales que se deriven de los hechos que han provocado la sanción. La mutua señaló que aún no le han comunicado la sanción pero que tiene intención de recurrirla.

Como admitió el presidente de la entidad, Josep Nogués Marsal, en una carta dirigida a los empleados hace unos dos meses, el expediente sancionador del Ministerio de Trabajo había sumergido a la mutua en "momentos difíciles". Esta situación ha llevado a Trabajo a frenar el relevo del director gerente de entidad. El anterior, Miguel Àngel Puig, dimitió el 25 de abril, un par de semanas después de que trascendieran las diferentes investigaciones, y Activa quiso sustituirlo por José Ángel Zabalza, subdirector hasta ese momento. El Gobierno, cuyo visto bueno es preceptivo, paralizó la operación hasta que se resolviera el expediente y se pudieran ver las responsabilidades de los gestores de la entidad.

Las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social, antes llamadas de accidentes de trabajo, son asociaciones de empresarios sin ánimo de lucro. Su función consiste, principalmente, en atender los accidentes y las enfermedades laborales prestando atención sanitaria y concediendo prestaciones correspondientes en los periodos de baja. Su financiación procede de las cotizaciones de trabajadores y empresarios y, por tanto, gestionan dinero público y están sujetas tanto a las normas propias del sector público como a las que impone Trabajo a estas entidades.

Activa Mutua, en concreto, recibe unos 350 millones anualmente de las arcas públicas para la cobertura de unos 450.000 trabajadores y 73.000 empresas, procedentes de toda España, aunque se concentran principalmente en Tarragona. Sin embargo, esta sanción no puede pagarse de este dinero, que solo debe destinarse a las funciones propias de la Seguridad Social, sino que tendrá salir del patrimonio de la propia entidad.

Todo el caso comenzó tras la denuncia de un extrabajador ante la Fiscalía y ante las autoridades del Ministerio de Trabajo. Esto dio pie a una investigación de la Inspección de Trabajo y a otra de los auditores de la Seguridad Social. Ambas fueron remitidas al fiscal. En la primera se detallaban las seis infracciones muy graves, que se han saldado con multas por 862.551 euros, y las dos muy graves, que han supuesto otros 12.500 euros.

Las infracciones muy graves que han detectado los inspectores en el primer expediente consisten en el pago de cuantiosas indemnizaciones por despido (663.088 euros en total) por encima de las cantidades fijadas en la ley. Esta es una práctica habitual en algunas mutuas, que suelen prescindir de directivos con jugosas compensaciones en los últimos años de su vida laboral, como ha contado este periódico.

Los investigadores también han encontrado alguna contratación en la que “no se ha podido encontrar evidencia del trabajo que supuestamente habría prestado”, según escribieron los auditores de la Seguridad Social en su informe. Con esta afirmación se referían al alcalde de Mora d’Ebre, por la antigua Convergència, y diputado provincial por Tarragona que percibió, entre salario y cotizaciones, 70.438 euros de 20014 a 2017 sin trabajar, según concluyó la Intervención.

Otra de las irregularidades, también calificada como muy grave, es otra infracción prohibida para el sector: la realización de actividades comerciales para captar empresas, algo vetado por la legislación ya que se realiza a costa de los recursos públicos. Trabajo también ha encontrado gastos excesivos en las reuniones de los directivos de la mutua y el pago o distribución de beneficios entre las empresas asociadas a través de la celebración de cursos de formación. Los inspectores también descubrieron que los gestores de Activa realizaron inversiones sin pedir autorización al Ministerio. Las infracciones muy graves se han penalizado en su grado máximo.

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