La mutua investigada por la Fiscalía pagó 70.400 euros a un alcalde que no iba al trabajo

La investigación de presuntas irregularidades en la gestión de Activa Mutua se ha fijado en el caso de Joan Piñol, alcalde de Mora d’Ebre, un pueblo de Tarragona de 5.500 habitantes. Pese a su apretada agenda política, Piñol, de la antigua Convergència y que también es diputado en la Diputación de Tarragona, aún pudo compatibilizar sus cargos electos con un tercer trabajo en la mutua, por el que de enero de 2014 a mayo de 2017 percibió 70.438 euros, a los que hay que añadir otros 24.000 en cotizaciones. Un empleo que, para los auditores de la Seguridad Social y los inspectores de Trabajo, en realidad no desempeñaba.

La Fiscalía ha abierto una investigación para depurar posibles responsabilidades penales en la gestión de Activa Mutua. Para ello, ya ha recabado del Ministerio de Trabajo informes de la Intervención y de la Inspección de Trabajo en los que se confirman muchas de las irregularidades denunciadas por un extrabajador en 2017, como adelantó EL PAÍS, entre ellas el pago de sobresueldos, gastos indebidos en restaurantes o indemnizaciones ilegales. Los inspectores han calculado que los gastos indebidos son de al menos 1,3 millones de euros.

En sendos informes aparece el caso de Joan Piñol, alcalde de Móra d’Ebre, al que Activa supuestamente mantenía en nómina sin acudir al trabajo para que siguiera haciendo tratos con ayuntamientos, la diputación y otros organismos públicos y empresas, según contó el denunciante a la Seguridad Social. Piñol lo niega.

En su informe, la Intervención afirma que “no ha podido obtener evidencia del trabajo que supuestamente habría prestado” Piñol, lo que “parece confirmar la simulación” en su contratación denunciada. Los auditores pidieron el control horario de la sede de Activa en la que el político tenía su despacho y comprobaron que no hizo fichajes automáticos en el sistema “en ningún momento del año 2015”. En 2016 fichó manualmente — “supone una corrección manual, no un fichaje real”, precisan los auditores— entre septiembre y diciembre y en los primeros meses de 2017. Piñol pidió la excedencia de Activa el 10 de mayo de 2017, semanas después de que el extrabajador que destapó el caso lo denunciara.

Actividad nula

Los funcionarios que investigaron la actividad laboral de Piñol consultaron también el aplicativo en el que los técnicos gestionan las actuaciones planificadas, sus agendas y la justificación de sus gastos de viaje. En el caso del alcalde, escriben, “su utilización es prácticamente nula desde enero de 2013 hasta su baja en la empresa”. Piñol asegura a este diario que en general trabajaba desde su casa y se encargaba de analizar los pliegos de los concursos públicos que podían interesar a la mutua. Cuando iba a la sede de Activa en Tarragona, añade, no fichaba, hasta que recibió un correo de Recursos Humanos indicando que debía hacerlo.

La mutua dio la misma explicación a los interventores, que no se la creyeron, a juzgar por su conclusión: “No se ha facilitado justificación documental alguna de su trabajo”. La auditoría llegó a pedir datos de los accesos de Piñol a los sistemas informáticos de la entidad, que contestó que no disponía de esa información.

Las conclusiones de la Inspección de Trabajo son similares y en su acta cifra el gasto indebido en 67.124,5 euros entre 2015 y 2017. Este informe abarca un ejercicio menos que la auditoría.

“Conscientemente no he hecho nada malo”, asegura el alcalde: “Yo he hecho el trabajo y lo he declarado todo”. Piñol añade que conserva mucha documentación del trabajo que hizo en los concursos públicos y que se la ha enviado a la Seguridad Social. 

Dedicación "exclusiva"

La Diputación de Tarragona, controlada por Convergència, retribuye a Joan Piñol por su dedicación “exclusiva” desde que tomó posesión en 2011 pese a ser al mismo tiempo alcalde y estar a sueldo de una mutua. Como primer edil de Móra d'Ebre no percibe un salario; únicamente dietas por asistencia a plenos y viajes. En la Diputación su sueldo bruto anual es de 61.735 euros.

Después de que EL PAÍS publicara en junio de 2017 la triple ocupación de Piñol, la Diputación encargó un informe jurídico para determinar si sus actividades eran compatibles con el sueldo público. Concluyó que su actividad no era exclusiva y solicitó al diputado que devolviera el 20% de lo percibido a lo largo de estos años. Piñol ha alegado y ha aportado otro informe jurídico según el cual, como las mutuas solo se consideran entidades públicas en su actividad sanitaria, y él no es personal sanitario, no hay incompatibilidad. Tampoco se requeriría exclusividad, según este informe, porque la segunda actividad no superaba el 50% de su jornada. La Diputación aún no ha tomado una decisión definitiva. Piñol incluyó durante años en su declaración de actividades que trabajaba para Activa Mutua, sin que nadie le dijera nunca que no podía hacerlo.