Prisiones estudia si da la semilibertad a cinco condenados por las ‘black’

Ocho meses después de que 15 condenados por el caso de las tarjetas black ingresaran en prisión, Instituciones Penitenciarias estudia las primeras propuestas de las cárceles donde están recluidos para que se conceda el régimen de semilibertad a cinco de ellos, según fuentes jurídicas y penitenciarias. Las direcciones de las prisiones de Navalcarnero y Soto del Real han propuesto también mantener en segundo grado a otros dos, entre ellos Rodrigo Rato, el que tiene mayor pena: cuatro años y seis meses.

Está previsto que en los próximos días ambas prisiones madrileñas emitan los informes sobre los otros ocho presos de las tarjetas black, como marca la ley al cumplir los seis meses de internamiento. Fuentes jurídicas apuntan a que para varios de ellos también incluirán la propuesta para que pasen a tercer grado o régimen abierto. Un portavoz oficial de Instituciones Penitenciarias se limitó este martes a confirmar a EL PAÍS la recepción de los primeros informes “con las propuestas para progresar o mantener” el grado de varios presos de las black e insistieron en que las estudiarán “de manera individual, como se hace siempre”, sin querer concretar ni el número ni la identidad de los primeros beneficiados.

La decisión final de Prisiones no tiene por qué ser rápida ya que tiene hasta dos meses —prorrogables otros dos— para aceptar las propuestas de las cárceles y, en caso de que sea así, decidir qué modalidad del tercer grado se aplica a cada interno, desde la obligación de ir solo a dormir si demuestran tener un empleo a la instalación de una pulsera de control telemático. Además, los presos pueden recurrir ante del juez de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional, José Luis de Castro, si la decisión final no les favorece. A los que finalmente se mantenga en segundo grado, permanecerán en dicha clasificación, al menos, otros seis meses antes de que se vuelva a someter sus casos a revisión, explican fuentes penitenciarias.

Las propuestas de progresión son realizadas por las Juntas de Tratamiento de cada uno de los centros penitenciarios, integradas por el director del centro, el subdirector de tratamiento, el jefe médico, un trabajador social, un educador y un jefe de servicios y que se reúnen todos los jueves. Son el mismo órgano interno que, al poco de ingresar en prisión, propuso que los 15 presos de las black fueran clasificados en segundo grado. Ello les impidió solicitar permisos de salida hasta que hubieran cumplido un cuarto de sus condenas.

No obstante, ya entonces fuentes penitenciarias admitían que en la revisión de la situación penitenciaria de los seis meses, se plantearía que algunos pasasen al tercer grado, siempre y cuando hubieran hecho frente a las responsabilidades económicas a las que fueron condenados.

Devolver el dinero

Prisiones pretende seguir con ello la línea que marcó el Tribunal Supremo en el fallo que hizo firmes las condenas. Sus magistrados aplicaron entonces sustanciales reducciones de pena a 35 de los 36 condenados que devolvieron el dinero antes del juicio en la Audiencia Nacional —únicamente no lo hizo con Rato al considerar que mantuvo y extendió el fraude al llegar a la presidencia de la entidad—, lo que permitió a estos librarse de ingresar en la cárcel.

El antiguo dirigente de CC OO Antonio del Rey, condenado a dos años y seis meses, ya intentó sin éxito obtener la semilibertad nada más ingresar en prisión el 15 de octubre. Lo hizo al acudir entonces, no a una prisión, sino al Centro de Inserción Social (CIS) Victoria Kent, un establecimiento penitenciario destinado solo a reclusos en tercer grado situado en la ciudad de Madrid. Sin embargo, la dirección del centro lo rechazó y lo envió a la cárcel de Navalcarnero. La entrada de Del Rey en esta cárcel atrajo a la misma a otros siete condenados.

El resto de condenados siguió los pasos de ex secretario de Estado de Hacienda con el PP Estanislao Rodríguez-Ponga, condenado a tres años y dos meses tras dilapidar más de 255.000 euros con las polémicas tarjetas, quien se personó el 18 de octubre en la cárcel de Soto del Real. Los 15 fueron recluidos desde el principio en módulos de respeto de ambas cárceles, espacios destinados a acoger a presos poco conflictivos en los que los internos se comprometen a cumplir unas normas de convivencia, repartirse tareas y autogestionar los conflictos que surjan.

El 21 de diciembre los 15 presos fueron incluidos en el llamado Fichero de Internos de Especial Seguimiento (FIES) para reforzar el control penitenciario sobre ellos al haber sido condenados por delitos “relativos a la corrupción que hayan generado gran alarma social”. Sin embargo, en febrero fueron excluidos del mismo tras las protestas de sus abogados que calificaron la medida de “injustificada”.