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Interior incluye a los 15 presos de las black en un fichero de reclusos de “especial seguimiento”

Todos han sido adscritos al llamado FIES-5, destinado, entre otros, a encarcelados por casos de corrupción “que hayan generado gran alarma social”

Grande-Marlaska, en una intervención en el Senado.
Grande-Marlaska, en una intervención en el Senado. EFE

El Ministerio del Interior ha incluido a los 15 condenados por las tarjetas black que tuvieron que ingresar en prisión en el llamado Fichero de Internos de Especial Seguimiento (FIES), creado hace más de 25 años para incrementar el control sobre determinados presos y, de este modo, “garantizar la seguridad” dentro de las cárceles. En concreto, han sido catalogados como FIES-5, uno de los cinco ficheros que existen y que está destinado a lo que se denominan presos de “características especiales”, según detallan fuentes penitenciarias.

A este fichero se adscriben a los condenados por delitos “relativos a la corrupción, que hayan generado gran alarma social”, pero también a agresores sexuales, a delincuentes arrepentidos que colaboran con la justicia y a aquellos reclusos que, sin haber sido implicados en actividades terroristas, se han radicalizado en prisión, según detallan fuentes penitenciarias. Altos cargos de Instituciones Penitenciarios han confirmado a EL PAÍS la inclusión de los 15 presos en este fichero, pero destacan que ello no supondrá "la aplicación de ninguna medida especial. Es un sistema de organización para el rápido acceso a la información sobre estos internos", recalcan. Esta misma medida se aplicó, entre otros, al expresidente de la CEOE, Gerardo Díaz-Ferrán, han confirmado fuentes jurídicas.

Un instrumento de control polémico creado en 1991

El Fichero de Interios de Especial Seguimiento fue creado en 1991 para incrementar el control sobre los reclusos de ETA, aunque se extendió a otros reos a los que se consideraba peligrosos, incluido aquellos que entraban en prisión por su negativa a cumplir el entonces obligatorio servicio militar. Siempre polémico, diversas asociaciones de derechos humanos han criticado su existencia y, sobre todo, su supuesta aplicación arbitraria. La última vez, cuando fueron incluidos en el mismo los dos titiriteros detenidos en 2016 acusados de un delito de enaltecimiento por una representación teatral, y que posteriormente fueron exculpados. Desde 2011, el funcionamiento de estos ficheros está regulado por una instrucción interna en la que se detalla qué reclusos deben ser incluidos en cada uno de ellos y las medidas que se adoptan con cada uno. Así, en el FIES-1 CD (Control directo) se incluyen a “internos especialmente conflictivos y peligrosos” que haya protagonizados incidentes graves dentro de la cárcel. En el FIES-2 DO (Delincuencia Organizada), a los que hayan cometido delitos “en el seno de organizaciones o grupos criminales”. En el FIES-3 BA (Bandas Armadas), a los acusados de actividades terroristas. En él fueron incluidos los dos titiriteros. En el FIES-4 FS (Fuerzas de Seguridad), a aquellos delincuentes que hubieran pertenecidos a estos colectivos. Finalmente, el FIES 5 CE (Características Especiales) es lo que fuentes penitenciarias denominan “cajón de sastre” donde se incluye a todos los reclusos que precisan un control especial pero no pertenecen a los otros cuatro colectivos.

Sin embargo, la abogada de varios de los encarcelados denuncia la medida por “injustificada” y anuncia que la van a recurrir: "La resolución que les han entregado para comunicárselo ni siquiera especifica los motivos de la medida". La letrada recalca que "la ley exige que el delito sea grave, algo que no se produce", y que que haya una alarma social "que tampoco se produce cuando decenas de condenados en esta causa no han entrado en prisión". Y añade que "el criterio de la corrupción tampoco es válido, porque en ninguna parte de los 600 folios de las dos sentencias [la de la Audiencia Nacional y la del Tribunal Supremo] se menciona dicha palabra".

El Fichero de Internos de Especial Seguimiento —descrito en documentos oficiales como “una base de datos de carácter administrativo”— busca asegurar “el orden en el centro [penitenciario] y la integridad de los reclusos”, según se recoge en la instrucción interna de 2011 que regula actualmente su funcionamiento. En este fichero se almacena toda la información “penal, procesal y penitenciaria” del interno “con el fin de asegurar su rápida localización”. Entre ella, la fotografía que se le tomó al ingresar en la cárcel, su filiación, las incidencias que haya protagonizado y sus “comunicaciones con el exterior”, incluidas las que realizan con abogados, cuyo nombre se anota. A la ficha se le va incorporando todas las novedades “el mismo día que se produzcan”: desde los permisos que disfrute a visitas al hospital o la participación en actividades dentro de la cárcel.

La instrucción que regular el funcionamiento del FIES recalca que aquella información recabada que se considere de “interés judicial o policial ya sea para la prevención de actividades delictivas o para la marcha de los procesos” será notificada a los tribunales y a las Fuerzas de Seguridad de manera inmediata. De hecho, se contempla en determinados casos la intervención de sus comunicaciones, aunque en el caso de los 15 condenados por las tarjetas black esta posibilidad no se contempla, recalcan fuentes de Interior. La decisión de la inclusión de un preso en el fichero es decisión de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, que la puede adoptar a iniciativa propia o a propuesta de la cárcel donde este el recluso. Debe ser comunicada al preso y constar en su ficha personal.

En la actualidad, los 15 condenados se reparten entre las cárceles madrileñas de Navalcarnero y de Soto del Real. En la primera se encuentran los sindicalistas Antonio del Rey, Rodolfo Benito (ambos de CC OO) y Miguel Ángel Abejón (UGT); los exconsejeros de Caja Madrid por el PSOE José María de la Riva, Jorge Gómez Moreno, Francisco Pérez Fernández y Antonio Romero, y el del PP Javier de Miguel Sánchez. El resto de condenados acudió a cumplir sus condenas a Soto del Real, siguiendo los pasos de Estanislao Rodríguez-Ponga, que fuera secretario de Estado con José María Aznar. Junto a él están el exvicepresidente Rodrigo Rato, Gonzalo Martín Pascual (UGT), Ángel Eugenio Gómez del Pulgar (PSOE), Francisco Baquero (CC OO), José Antonio Moral Santín y Rubén Cruz (estos dos últimos de IU).

Las direcciones de ambas prisiones optaron desde el primer momento por recluir a los 15 en los módulos de respeto de cada una de las cárceles. Estos son espacios destinados a acoger a aquellos condenados que ingresan por primera vez en una prisión y tienen penas bajas —como ocurre con los de las black—, así como a reclusos poco conflictivos, de edad avanzada o que por su buen comportamiento han conseguido un destino laboral dentro de la prisión. Estos módulos, donde los internos se comprometen a cumplir unas normas de convivencia, repartirse tareas y auto gestionar los conflictos que surjan, se caracterizan por la ausencia de altercados.

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