Prisiones descarta dar la semilibertad a los encarcelados por las ‘tarjetas black’

Las cárceles madrileñas de Navalcarnero y Soto del Real, entre las que se reparten los 15 condenados por las tarjetas black de Caja Madrid y Bankia que tuvieron que ingresar en prisión, han remitido en los últimos días a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias la propuesta para clasificar a 13 de ellos en el llamado segundo grado penitenciario o régimen ordinario. Entre ellos se encuentran el exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato y Estanislao Rodríguez-Ponga, que fuera secretario de Estado de Hacienda en los Gobiernos de José María Aznar. De este modo, los responsables de ambas cárceles rechazan aplicarles, como habían pedido algunos de ellos, el tercer grado o régimen de semilibertad. La clasificación en segundo grado les impedirá, entre otros beneficios, disfrutar de permisos al menos hasta que hayan cumplido una cuarta parte de sus condenas.

La situación de los dos sobre los que aún no hay propuesta —Antonio Romero Lázaro y Rubén Cruz Orive— se decidirá en los próximos días ya que entraron en prisión más tarde que el resto tras solicitar un aplazamiento por diferentes motivos a la Audiencia Nacional, que había puesto como fecha tope el 29 de octubre para que los 15 se personaran voluntariamente en la cárcel que eligieran. Romero lo hizo el 6 de noviembre en la prisión de Navalcarnero. Cruz Orive, el 26 del mismo mes en la de Soto del Real. Fuentes penitenciarias apuntan a que la propuesta para ambos será, previsiblemente, idéntica a la del resto de encarcelados por las tarjetas black.

La decisión de clasificar a los 13 en segundo grado ha sido tomada por las Juntas de Tratamiento de ambos centros penitenciarios —formadas por el director, el subdirector de tratamiento, el jefe médico, un trabajador social, un educador y un jefe de servicios de cada una de ellas— y aún no es firme. Debe ser ratificada por los servicios centrales de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, algo que las fuentes consultadas dan por seguro. No obstante, los reclusos pueden recurrirla ante del juez de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional, José Luis de Castro, ya que fue este órgano judicial el que los sentenció en primera instancia. De confirmarse finalmente el segundo grado penitenciario, permanecerán en dicha clasificación, al menos, seis meses. Solo entonces será revisada de nuevo por las Juntas de Tratamiento.

Fuentes penitenciarias aseguran que entonces sí se planteará que algunos pasen al tercer grado siempre y cuando hayan hecho frente a las responsabilidades económicas a las que fueron condenados por malgastar el dinero con las tarjetas black. El Tribunal Supremo ya aplicó sustanciales reducciones de condena a 35 de los 36 condenados que devolvieron el dinero antes del juicio en la Audiencia Nacional —únicamente no lo hizo con Rato al considerar que mantuvo y extendió el fraude al llegar a la presidencia de la entidad—, lo que permitió a todos ellos librarse de ingresar en la cárcel.

De los que entraron en prisión, el antiguo dirigente de CC OO Antonio del Rey de Viñas, condenado a dos años y seis meses, ya intentó obtener la semilibertad de manera inmediata, algo contemplado por el régimen penitenciario. Lo hizo al presentarse el 15 de octubre en el Centro de Inserción Social (CIS) Victoria Kent, un establecimiento penitenciario destinado precisamente a reclusos en tercer grado situado en la ciudad de Madrid. Sin embargo, la dirección del centro lo rechazó y lo envió a la prisión de Navalcarnero. La entrada de Del Rey en esta cárcel atrajo a la misma a otros siete condenados: los sindicalistas Rodolfo Benito (CC OO) y Miguel Ángel Abejón (UGT); los exconsejeros de Caja Madrid por el PSOE José María de la Riva, Jorge Gómez Moreno, Francisco Pérez Fernández y Antonio Romero, y el del PP Javier de Miguel Sánchez.

El resto de condenados se concentró en la cárcel de Soto del Real, donde el 18 de octubre ingresó en primer lugar Rodríguez-Ponga. Le siguieron en los siguientes días Rato, Gonzalo Martín Pascual (UGT), Ángel Eugenio Gómez del Pulgar (PSOE), Francisco Baquero (CC OO), José Antonio Moral Santín y Rubén Cruz (ambos de IU). Tanto la dirección de esta prisión como la de Navalcarnero optaron por recluir a los 15 en los módulos de respeto. Estos son espacios destinados a acoger a aquellos condenados que ingresan por primera vez en una prisión y tienen penas bajas —como ocurre con los de las black—, y a reclusos poco conflictivos, de edad avanzada o que por su buen comportamiento han conseguido un destino laboral dentro de la prisión. Son espacios dentro de la prisión caracterizados por la ausencia de altercados y donde los internos se comprometen a cumplir unas normas de convivencia, repartirse tareas y autogestionar los conflictos que surjan.