Interior deja de someter a “especial seguimiento” a los 15 presos de las tarjetas ‘black’

El Ministerio del Interior ha sacado a los 15 presos de las tarjetas black —entre los que se encuentra Rodrigo Rato— del llamado Fichero de Internos de Especial Seguimiento (FIES), en el que los incluyó el 21 de diciembre para reforzar el control penitenciario sobre ellos. La decisión, confirmada a EL PAÍS por fuentes del Departamento del ministro Fernando Grande-Marlaska, se tomó el pasado 1 de febrero después de que los abogados de los reclusos recurrieran la resolución ante el titular del Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria, José Luis de Castro, y este requiera a Instituciones Penitenciarias un informe, según detallan fuentes jurídicas. Fuentes del ministerio justifican el cambio de criterio en que “se ha considerado que ya no hace falta que sigan en el fichero”.

El Fichero de Internos de Especial Seguimiento, actualmente dividido en cinco grupos, fue creado en 1991 para incrementar el control sobre los reclusos de ETA, aunque se extendió a otros reos a los que se consideraba peligrosos e, incluso, a aquellos que entraban en prisión por su negativa a cumplir el entonces obligatorio servicio militar. Los condenados por las black fueron incluidos en el “FIES-5 Características especiales”, al que se adscriben aquellos penados por delitos “relativos a la corrupción que hayan generado gran alarma social”, aunque también a agresores sexuales, delincuentes arrepentidos que colaboran con la justicia y aquellos reclusos que, sin haber sido implicados en actividades terroristas, se han radicalizado en prisión.

En este fichero se almacena toda la información “penal, procesal y penitenciaria” del interno, entre ellas las incidencias que haya protagonizado y sus “comunicaciones con el exterior”, incluidas las que realiza con abogados. Cualquier novedad que suceda durante su reclusión —permisos de salida, visitas al hospital o su participación en actividades penitenciarias— debe ser anotada “el mismo día que se produzca”, según la instrucción interna de Prisiones de 2011 que regula el funcionamiento del FIES.

Interior asegura que desde que se incluyó a los 15 presos de las ‘black’ entre los reclusos de “especial seguimiento” no se les había aplicado ninguna de las medidas reforzadas de control que el reglamento penitenciario permite aplicar a los internos incluidos en el fichero. E insisten en que su inclusión en el FIES tuvo como único objetivo “tener un rápido acceso a la información y novedades que se produjeran sobre estos internos”.

Las defensas calificaron entonces la decisión de “injustificada”, ya que “la ley exige que el delito cometido sea grave”, y consideraban que esa circunstancia no se daba. También descartaban que existiera alarma social, otro de los requisitos. Además, denunciaron que el escrito con el que se comunicó a los presos su inclusión en el FIES no especificaba los motivos de tal decisión.

En la actualidad, los 15 condenados se reparten entre las cárceles madrileñas de Navalcarnero y de Soto del Real. En la primera se encuentran los sindicalistas Antonio del Rey, Rodolfo Benito (ambos de CC OO) y Miguel Ángel Abejón (UGT); los exconsejeros de Caja Madrid por el PSOE José María de la Riva, Jorge Gómez Moreno, Francisco Pérez Fernández y Antonio Romero, y el del PP Javier de Miguel Sánchez. En la segunda están el exvicepresidente Rodrigo Rato; el que fuera secretario de Estado Estanislao Rodríguez-Ponga, Gonzalo Martín Pascual (UGT), Ángel Eugenio Gómez del Pulgar (PSOE), Francisco Baquero (CC OO), José Antonio Moral Santín y Rubén Cruz (estos dos últimos de IU).

Las direcciones de ambas prisiones optaron desde el primer momento por recluir a todos en módulos de respeto de cada una de las dos cárceles. Estos son espacios destinados a acoger a aquellos condenados que tienen penas bajas, así como a reclusos poco conflictivos o que por su buen comportamiento han conseguido un destino laboral dentro de la prisión. Los internos deben cumplir unas normas de convivencia, repartirse tareas y autogestionar los conflictos que surjan. Los siete que están en Soto comparten módulo con los siete dirigentes del independentismo catalán que están siendo juzgados en el Tribunal Supremo, además de con tres condenados por el caso Gürtel, entre ellos Luis Bárcenas.