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Crema de avellanas turcas con sabor a explotación infantil

Los trabajadores que recogen avellanas en Turquía, en su mayoría kurdos y sirios, trabajan en unas condiciones laborales pésimas. Los principales clientes de este producto son multinacionales como Nutella, Nestlé o Godiva

La estampa es típica del verano en las carreteras de la Anatolia interior: mujeres, hombres, niños, con sus mantas y edredones, lonas, palanganas, cacerolas, amontonados en la caja de viejas camionetas o en furgonetas atestadas, cargadas de bultos sobre su techo. Son jornaleros kurdos -últimamente, también refugiados sirios- y se dirigen al norte, a recoger la avellana.

Un grupo de mujeres recoge avellanas en Turquía.
Un grupo de mujeres recoge avellanas en Turquía. Getty

Turquía es una potencia del sector: concentra el 70 % de la producción mundial de avellanas, entre 500.000 y 750.000 toneladas, según el año. Así que las grandes empresas de repostería, como Ferrero, Nestlé y Godiva, dependen de la producción turca. “Es una cuestión de tradición. Aquí producimos avellanas desde el año 1300 y nuestra calidad es excelente”, asegura Levent Agca, presidente de la empresa procesadora Fiskobirlik EFIT: “Las grandes empresas chocolateras no están dispuestas a renunciar al aroma y al sabor de nuestras avellanas”.

La mayoría de avellanos se halla en la región del Mar Negro. En terrenos escarpados que se elevan nada más salir del mar, lluviosos y verdes como Galicia. La costumbre es repartir las tierras equitativamente entre los herederos de la familia, así que la mayoría de avellanares no superan la media hectárea y el sector se divide en 400.000 pequeños productores, a excepción de las nuevas plantaciones, que pueden tener más de una hectárea.

Hasta hace dos décadas, el Estado fijaba los precios de compra y los agricultores entregaban toda su cosecha a Fiskobirlik, la empresa pública que se encargaba de ponerla en el mercado para su exportación. Pero las reformas exigidas por la Unión Europea y el FMI en la década de 2000 liberalizaron el sector. “Las políticas del gobierno han debilitado a las cooperativas y han dejado al productor a merced de la iniciativa privada”, se queja Agca. Las únicas ayudas del Estado que reciben los agricultores se pagan una vez al año: aproximadamente 250 euros por hectárea plantada.

Oligopolio privado

Uno de los ingredientes principales de la Nutella es la avellana. En 1946, el racionamiento en la Italia de la posguerra, hacía muy difícil de conseguir y muy caro el cacao, por lo que un pastelero del Piamonte, Pietro Ferrero, modificó una receta local para crear la que se convertiría en la más famosa crema de chocolate y avellanas del mundo. Hoy vende 35.000 tarros al día y Ferrero -que ha incluido las marcas Kinder y diversas líneas de bombones como Ferrero Rocher- ingresa cada año 10.000 millones de euros en ventas.

Obviamente, las avellanas del Piamonte ya no le bastan: Ferrero necesita un tercio de todas las avellanas turcas para exportación. Así que cuando la producción turca se resiente, la Nutella peligra. Ocurrió en 2014 cuando una helada redujo considerable la cosecha y dobló los precios. Ferrero decidió entrar directamente el mercado de la compra de avellanas y adquirió Oltan, la distribuidora turca que le suministraba hasta entonces el producto.

Se ha pasado así de un monopolio estatal a un oligopolio privado: las empresas que suministran a Ferrero y Nestlé acaparan más de la mitad de la producción y los agricultores les acusan de fijar los precios a la baja. De las 11,5 liras de media que se pagaban por kilo de avellanas en 2015 (3,81 euros de entonces), se ha pasado a las 10 liras del año pasado (1,77 euros). “Antes, la avellana daba de comer a millones de personas. Ahora cada vez menos pueden vivir de ella. Lo dejan y se marchan a las grandes ciudades a buscar trabajo”, sostiene Seyit Torun, exalcalde de Ordu, la provincia que más avellana produce. Orhan Saribal, responsable de política agraria del partido opositor CHP, coincide: “Debido a la crisis de la lira, la gasolina, el abono y los pesticidas, todos los cuales son importados, se han puesto por las nubes. Así que muchos agricultores no cuidan lo suficiente sus huertos, porque no les renta. Cada año tenemos más enfermedades, hongos y plagas, y la productividad ha bajado”. En 2018, por ejemplo, la cosecha de avellanas fue de 515.000 toneladas, 160.000 menos que el año anterior.

El mayor gasto para los agricultores lo supone la recolecta, que se inicia a mediados del verano. Dado que los avellanos se sitúan mayormente en terrenos difíciles, resulta imposible mecanizarla: se varean los árboles o se recogen una a una. En las fincas más pequeñas, son las propias familias y los vecinos quienes lo hacen, pero para las más grandes entran en juego los temporeros. Decenas de miles acuden cada año.

Los más preciados, explica la socióloga Kezban Çelik, que ha trabajado largamente sobre el tema, son los georgianos, usualmente varones jóvenes y fuertes. Cruzan la frontera con un visado de turista y trabajan durante el mes o mes y medio que se prolonga la campaña. Es ilegal emplearlos, pero todo el mundo lo hace. “Aproximadamente el 40 % de los jornaleros son georgianos, otro 40 % son kurdos del sudeste de Turquía y un 20 % son refugiados sirios”, apunta la experta.

“Los trabajadores más caros son los locales, luego los georgianos y, por último, los kurdos y sirios”, confiesa un productor. El jornal varía así según la procedencia, si un local cobra entre 70 y 80 liras por doce horas de trabajo con apenas hora y media de descanso, un temporero kurdo cobra 50 ó 60 (menos de 10 euros). Y a todo ello hay que deducir el 10 % que les cobran los capataces por conseguirles empleo. Ahora, los kurdos se quejan de que hay refugiados sirios que aceptan trabajar incluso por 35 liras, lo que empuja los jornales hacia abajo. La lucha del último contra el penúltimo.

Tradicionalmente, la mano de obra de la avellana han sido los jornaleros de las provincias kurdas: los más pobres de la parte más pobre del país, sin estudios y desconocedores de sus derechos laborales (muy pocos trabajan con contrato). Acude toda la familia y se instalan en tiendas de campaña en medio del campo. “Van de provincia en provincia durante ocho meses al año, trabajando en la remolacha, el algodón, el albaricoque, la avellana...”, relata Çelik: “En los campamentos no tienen agua corriente ni electricidad ni calefacción. Han de buscar leña para hacer la comida. Es algo alejado de la era moderna”.

Niños en el campo

La ley turca prohíbe a niños de menos de 16 años trabajar en la agricultura, si bien para el empleo de temporero, por su mayor dificultad, el límite legal está fijado en 18 años. Sin embargo, el Instituto de Estadística cifraba en 893.000 los menores de edad empleados en Turquía en 2012, de ellos casi 300.000 de entre 6 y 14 años, y la mitad en tareas agrícolas. Desde entonces, el instituto no ha vuelto a publicar estadísticas del tema, pero en ese tiempo Turquía ha vivido un importante influjo de refugiados sirios: 3,6 millones, de los que casi la mitad son menores de edad. Y según el sindicato DISK, la cifra actual de niños y adolescentes trabajadores se acerca a los 2 millones.

El año pasado, el Departamento de Trabajo de EEUU incluyó la avellana turca en su lista de productos “obtenidos mediante trabajo infantil o forzado”. En la campaña avellanera, se calcula que uno de cada diez trabajadores son niños, si bien algunos estudios han hallado hasta un 40 % de menores de edad en algunas plantaciones. Kutsi Yasar, presidente del sindicato de productores de avellana (Findik-Sen), estima que, de los 350.000 jornaleros que participan en la recolecta, unos 100.000 tienen entre 15 y 18 años y otros diez o quince mil, menos de 14 años. “Aunque en los últimos años se ha reducido algo el número de niños empleados, también nos hemos encontrado con edades cada vez más bajas. De 13-14 años en el caso de los kurdos, y hasta de 9 años en el caso de los sirios”, explica Berivan Çite, de la ONG Hayata Destek. A menudo, a los niños se les paga la mitad del jornal, pues su capacidad de trabajo es inferior a la de un adulto.

“Las familias lo justifican en que, si los niños no trabajan, no les sale a cuenta el viaje”, añade Çite: “Nosotros tratamos de ayudarles y les damos clases de concienciación sobre los efectos nocivos que provoca el trabajo infantil”. Un estudio de Kalkinma Atölyesi descubrió que el 71 % de los niños empleados en la recogida de la avellana sufren constantes dolores de cabeza, el 54 % de espalda, el 64 % experimentan mareos. Uno de cada dos no ha recibido todas las vacunas preceptivas para su edad. Y la mayoría no acude a la escuela excepto en los meses de invierno.

Para las adolescentes es aún peor. “Después de trabajar en los campos, deben cocinar, cuidar de sus hermanos y limpiar”, dice la socióloga Çelik: “Se les separa de la escuela y no tienen forma de escapar a esta forma de vida. A los 16 ó 17 años se las casa con otros parientes, continúan trabajando durante el embarazo y algunas dan a luz durante la cosecha”.

En 2011, la campaña Stop Child Labor sacó los colores a las multinacionales por emplear productos en los que explota a niños para su obtención. Empresas como Nestlé iniciaron entonces un programa piloto de la mano de Fair Labor Association y actualmente, sostiene en su web, el 80 % de las avellanas que compra han sido obtenidas siguiendo criterios de “agricultura responsable”. Ferrero -que no ha respondido a las peticiones de entrevista hechas por este diario- asegura conocer el origen del 25 % de sus avellanas, y espera que en 2020 la “trazabilidad” pueda ser completa.

Para Saribal, la solución pasa porque el Estado intervenga con decisión y fije precios de compra a los productores más altos, de manera que los agricultores puedan incrementar también el pago a los jornaleros: “Ahora trabajan en condiciones de casi esclavitud, inhumanas. Pero es que incluso esos jornales son demasiado elevados para el bolsillo del productor”.

De momento, el Estado está ausente, lamenta Çite: “Cuando denunciamos la situación, los ministerios no nos responden. A veces viene la Gendarmería, y por unos días, las familias no envían a los niños a trabajar. Pero luego regresan. ¿Cómo van a funcionar las inspecciones si incluso hemos visto a alcaldes de aldea, que son la autoridad encargada de aplicar la ley, empleando a menores?”. Tampoco son suficientes, según esta experta en protección a la infancia, las iniciativas de “responsabilidad social” que parten de las propias empresas: “Necesitamos mayor presión internacional”.

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