El déficit público se desvía

La economía está dando buenas sensaciones, y sin embargo el déficit público se resiste a descender. Según los datos de ejecución presupuestaria para el Estado, el desequilibrio alcanzaría 6.800 millones hasta marzo, un 57,5% más que un año antes y cerca de la tercera parte del objetivo anual previsto para el conjunto de administraciones públicas. Las cuentas de la Seguridad Social apuntan en la misma dirección y todo hace prever un agujero creciente.

El desvío es sorprendente, teniendo en cuenta la confluencia de factores que empujaban en la buena dirección. Las cargas financieras se han aligerado —nos hemos ahorrado cerca de 500 millones de pagos por intereses— fruto de la exitosa colocación de títulos de deuda en los mercados. El coste de las emisiones de deuda se desploma (la colocación de deuda a tres años que tuvo lugar esta semana se realizó con un tipo de interés prácticamente nulo, mínimo absoluto). Por otra parte, el incremento del SMI, el ajuste de las bases de cotización y sobre todo el intenso ritmo de creación de empleo, han acelerado la entrada de ingresos en las arcas de la Seguridad Social. Y la buena marcha de la actividad económica eleva los ingresos en concepto de IVA y otros impuestos a la producción.

No obstante, las fuerzas del desequilibrio han sido más potentes. Ya se había anticipado un importante incremento del gasto, algo que se confirma con datos hasta marzo. El total de empleos no financieros del Estado aumenta a un ritmo anual del 6%, mientras que las prestaciones sociales lo hacen un 7,9%. Esta evolución, que se sitúa ligeramente por encima de las previsiones oficiales para el conjunto del año, refleja el alza de las pensiones y de los salarios en la función pública, así como las otras medidas introducidas desde el inicio del año, dentro de los llamados “viernes sociales”.

Pero lo que no se había anticipado es la débil recaudación de impuestos sobre la renta de las familias y las empresas. Los ingresos por IRPF se incrementan apenas un 2,2%, mientras que el impuesto de sociedades se desploma más de un 30%, y la caída sería aun mayor, —si se incluyeran las devoluciones de actas a una sola empresa, por un importe de 702 millones—. También destaca el descenso en más de un 20% de ingresos sobre la renta de no residentes.

De confirmarse en los próximos meses, estas tendencias pondrían de manifiesto el impacto del complejo entramado de desgravaciones y exenciones fiscales sobre la base recaudatoria. Así pues, se podría estar produciendo un importante desvío con respecto al ya abultado presupuesto de beneficios fiscales, cerca de 35.000 millones para todo el ejercicio, con dudosas repercusiones sobre la productividad, el desempleo o las desigualdades.

Con todo, el déficit apenas se reduciría un par de décimas para el conjunto del año, hasta el 2,3% del PIB. Esta previsión, avalada tanto por los analistas de la economía española como por la Comisión Europea en sus proyecciones de primavera, se ha realizado bajo el supuesto inercial de una política fiscal sin cambios. Es decir, el gasto evolucionaría de manera más contenida durante la segunda parte del año, después del periodo electoral, mientras que se produciría una cierta recuperación de los ingresos como consecuencia del elevado crecimiento de la economía española.

Así pues, se estrecha la capacidad de reacción ante los riesgos que amenazan nuestra expansión: tensiones comerciales internacionales, parón de la economía alemana y otras posibles turbulencias originadas desde el otro lado del Atlántico. El envío a Bruselas por el Gobierno en funciones del programa de estabilidad para los próximos cuatro años contiene importantes indicaciones sobre la corrección de los desequilibrios. Un mayor esfuerzo de evaluación, tanto del lado de los gastos como de los ingresos, carcomidos por el sistema de beneficios fiscales, es sine qua non. Pero en economía lo que valen son los hechos, la credibilidad de los objetivos y su respaldo social.

Raymond Torres es director de Coyuntura en Funcas. En Twitter: @RaymondTorres