El Constitucional niega que se violaran los derechos de Rato en su condena por las tarjetas ‘black’

El exvicepresidente fue condenado a cuatro años y seis meses de prisión

El expresidente de Caja Madrid y Bankia Rodrigo Rato, a su llegada a la prisión madrileña de Soto del Real, el pasado octubre.
El expresidente de Caja Madrid y Bankia Rodrigo Rato, a su llegada a la prisión madrileña de Soto del Real, el pasado octubre. Uly Martín
Más información
El Supremo aboca a Rodrigo Rato a ir a prisión por las ‘tarjetas black’
Rato pide que se paralice su entrada en prisión por las ‘black’ mientras recurre al Constitucional
Rodrigo Rato pide “perdón a la sociedad” al ingresar en la cárcel de Soto del Real

Con la negativa del Tribunal Constitucional se acaba la posibilidad de recurso para Rodrigo Rato, al menos en la jurisdicción española. Los magistrados del tribunal de garantías han decidido inadmitir a trámite el recurso que presentó el expresidente de Caja Madrid y exministro del Gobierno Rodrigo Rato contra la condena a cuatro años y medio de cárcel por el uso fraudulento de las tarjetas black. En una providencia conocida este martes, el TC dicta el archivo de las actuaciones.

El tribunal entiende que en el procedimiento no se vulneró ninguno de sus derechos fundamentales. Rato había recurrido en amparo porque consideraba que se habían lesionado sus derechos a la intimidad, a la protección de datos, a un proceso con todas las garantías, a la presunción de inocencia y a la libertad personal. La condena de Rato por un delito continuado de apropiación indebida por gastar con las conocidas como tarjetas black fue confirmada por el Tribunal Supremo en octubre de 2018.

Tras examinar el recurso, la Sección Primera de la Sala Primera del Tribunal Constitucional ha dictado una providencia por la que acuerda la inadmisión del recurso "dada la manifiesta inexistencia de violación de un derecho fundamental tutelable en amparo".

El Tribunal Supremo refrendó las conclusiones a las que llegó la Audiencia Nacional en febrero de 2017: acreditó que el que fuera director gerente del FMI y vicepresidente y ministro de Economía del Gobierno de Aznar participó en el gasto de más de 12,5 millones de euros entre los años 2003 y 2012 con las tarjetas que Caja Madrid entregaba a sus directivos y que lo hizo a sabiendas de que se trataba de una práctica ilegal que estaba perjudicando a la entidad.

Por este caso 64 exconsejeros y directivos de la entidad fueron condenados a penas de entre tres meses de cárcel y cuatro años y medio —esta, la más elevada, es la de Rato— la de Rato. El Supremo rebajó algunas penas a condenados que devolvieron el dinero. Además de Rato, las penas más altas fueron las de José Antonio Moral Santín (consejero por Izquierda Unida), con cuatro años, y los tres años y dos meses de cárcel de Francisco Baquero (CC OO), Estanislao Rodríguez-Ponga (ex secretario de Estado de Hacienda en los gobiernos de José María Aznar), Antonio Romero Lázaro (PSOE) y Jorge Gómez Moreno (PSOE).

El expresidente de Caja Madrid se encuentra cumpliendo esta condena en la cárcel madrileña de Soto del Real, mientras se le juzga en la Audiencia Nacional por otro caso, la salida a Bolsa de Bankia. Rato aún se enfrenta a otra investigación, esta abierta desde 2015 en el juzgado de Instrucción número 31 de Madrid, que indaga en el origen de la fortuna del expolítico. En febrero pasado el juez acordó procesarle por el presunto cobro de comisiones de la publicidad de Bankia y el supuesto trato de favor en la concesión de contratos publicitarios de la entidad a dos agencias llamadas Zenith y Publicis.

Sobre la firma

E. G. S.

Es corresponsal de EL PAÍS en Alemania. Antes se ocupó de la información judicial y económica y formó parte del equipo de Investigación. Como especialista en sanidad, siguió la crisis del coronavirus y coescribió el libro Estado de Alarma (Península, 2020). Es licenciada en Traducción y en Periodismo por la UPF y máster de Periodismo UAM/El País.

Normas

Más información

Archivado En

Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS