Rato pide que se paralice su entrada en prisión por las ‘black’ mientras recurre al Constitucional

Rodrigo Rato, expresidente de Bankia y exvicepresidente del Gobierno, ha presentado este lunes un escrito en la Audiencia Nacional en el que pide que se paralice su entrada en prisión mientras el Tribunal Constitucional decide sobre el recurso que presentó tras ser condenado por el Supremo a cuatro años y medio de cárcel por apropiación indebida en el caso de las tarjetas black de Caja Madrid. El exdirigente del PP recibió el pasado 10 de octubre la orden de ingreso en la cárcel. A partir de la notificación, el expolítico tenía un plazo de diez días hábiles —hasta el jueves 25 de octubre— para presentarse en el centro penitenciario de su elección y empezar a cumplir la sentencia. Tras la presentación del escrito este lunes, la Audiencia Nacional tiene que pedir un informe a la fiscalía, aunque será la Sección Cuarta de este tribunal, la que emitió la condena a Rato, la que decidirá si el expresidente de Bankia entra ya en la cárcel o espera en libertad a que se pronuncie el Constitucional.

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Rato fue condenado, junto a otros 63 directivos y consejeros de la extinta caja madrileña, por disponer a su antojo, sin control de ninguna clase y sin declarar a Hacienda, de fondos de la entidad con la tarjeta de crédito que se les facilitó para gastos de representación. El 3 de octubre, el Tribunal Supremo emitió su sentencia sobre las tarjetas black y confirmó en lo esencial todo el fallo de la Audiencia Nacional de febrero de 2017. De los 64 condenados, 15 tienen penas de más de dos años que les abocan a entrar en prisión.

El sistema de tarjetas opacas al fisco funcionó entre los años 2003 y 2012 y fue, según el Supremo, fruto de un "plan para disponer de dinero de la caja" en beneficio propio de los máximos responsables de la entidad (primero el fallecido Miguel Blesa y luego, el exvicepresidente y exministro de Economía del PP con Aznar) y de los otros 63 exdirectivos y exconsejeros condenados. Entre todos gastaron 12,5 millones de euros. Había cargos en las tarjetas de restaurantes, supermercados, ropa interior femenina y salas de fiesta. También retiradas en metálico en cajeros.