La UE entierra la ‘tasa Google’ tras el bloqueo de Irlanda y los países nórdicos

Ni descafeinada hasta una propuesta casi simbólica, la Unión Europea ha conseguido sacar adelante la tasa Google. Los países miembros enterraron este martes el impuesto que debía gravar la actividad de las compañías tecnológicas ante la persistencia del bloqueo de cuatro países (Irlanda, Dinamarca, Suecia y Finlandia). Ni la última oferta, de gravar solo la publicidad online, ha levantado su veto. Los impulsores de la tasa fían ahora la implantación de ese impuesto a un acuerdo en el marco de la OCDE a finales de 2020. La Comisión Europea y varios de los países impulsores de la tasa, como Francia y España, lamentaron "oportunidad perdida".

La llamada tasa GAFA (por las siglas de Google, Apple, Facebook y Amazon) era una de las propuestas estrella no solo de la Comisión Europea, sino también de países como Francia y España. El impuesto estaba ideado para tapar los agujeros que hallan los negocios digitales para reducir su factura fiscal. Según datos del Ejecutivo comunitario, las empresas tradicionales abonan una tasa impositiva media del 23,2%, casi el triple (9,5%) de las tecnológicas. Por ello, Bruselas propuso gravar con un tipo del 3% el volumen de negocio de las plataformas de publicidad online, intermediarias o de venta de datos que facturen más de 750 millones de euros a nivel mundial y 50 millones en Europa.

Los cinco países grandes (Reino Unido, Alemania, Francia, Italia y España) se pusieron de acuerdo de inmediato para impulsarla. Sin embargo, el Gobierno de Angela Merkel titubeó. Para devolverlo al debate, Francia propuso primero que fuera temporal hasta alcanzar un acuerdo en el marco de la OCDE; posteriormente aceptó dar dos años de margen para alcanzar un pacto global, y finalmente, acató que se dejaran fuera las actividades de intermediación y datos. Sin embargo, Irlanda, Suecia, Dinamarca y Finlandia siguieron enrocados en su rechazo a la tasa.

La ministra sueca de Finanzas, Magdalena Andersson, volvió a oponerse a ese impuesto al considerar que dicha tasa vulnera el “principio de fiscalidad internacional”, que se basa en gravar el servicio allí donde se produce y el beneficio en lugar de la facturación. La ministra española, Nadia Calviño, le respondió que algunos de sus colegas aún manejan conceptos ya obsoletos en un entorno nuevo. Calviño, que reiteró que España no renuncia a aplicar su impuesto unilateralmente, recordó que los consumidores aportan valor añadido a estas corporaciones porque los datos son parte de la materia prima que emplean las empresas. “Me parece una oportunidad perdida”, lamentó Calviño en la reunión de ministros.

Tras el debate, la presidencia rumana decidió dar tiempo hasta finales de 2020 para que la OCDE llegue a algún acuerdo. El comisario de Asuntos Económicos y Monetarios, Pierre Moscovici, afirmó que el Ejecutivo comunitario no retirará su propuesta legislativa al entender que, si en 2020 la OCDE no ha sido capaz de sacar adelante la tasa, los Estados miembros retomarán el impuesto. Fuentes diplomáticas aseguraron que a partir de ahora los esfuerzos se centrarán en el marco del G-7, donde Francia introducirá el debate, y la OCDE. "Hemos perdido una gran oportunidad", remachó el comisario.