Irlanda y los países nórdicos bloquean la tasa Google europea

Acuerdo sí o sí en diciembre. El presidente francés, Emmanuel Macron, se fijó a comienzos de este año el reto de sacar adelante la llamada tasa Google o GAFA (por el acrónimo de Google, Apple, Facebook o Amazon) y acabar con el coladero fiscal europeo que aprovechan los gigantes tecnológicos para tributar menos que las empresas tradicionales. Y a un mes de la reunión de ministros de Economía y Finanzas (Ecofin) que debe aprobar la tasa por unanimidad, ha conseguido que Alemania le siga, aunque arrastrando los pies, en esa batalla.

Las discusiones impulsadas por Austria, que ostenta la presidencia rotatoria de la Unión Europea, se basa en la propuesta que la Comisión formuló el pasado mes de marzo. Esta consiste en gravar con un tipo del 3% el volumen de negocio de las plataformas de publicidad online, intermediarias o de venta de datos que facturen más de 750 millones de euros a nivel mundial y 50 millones en Europa. Los cinco grandes (Alemania, Reino Unido, Francia, Italia y España) la apoyaron casi de inmediato. Pero a la hora de la verdad, Berlín empezó a echarse atrás.

Dudas de Alemania

La canciller Angela Merkel se comprometió con Macron en Meseberg el pasado mes de junio a cerrar un acuerdo sobre ese impuesto en diciembre. Pero las amenazas comerciales de Estados Unidos le hicieron dudar al considerar que un impuesto que afectaría sobre todo a gigantes norteamericanos podía acarrear represalias a su industria del automóvil. La decisión de los británicos en implantar ese tributo, sin embargo, privó al ministro alemán Olaf Scholz de ese argumento. En lugar de ese, se agarró a su preferencia por una tasa global acordada en el marco de la OCDE.

Macron necesita acudir a las elecciones de mayo con medidas comunitarias que puedan convencer a su electorado, sobre todo ante la amenaza del Frente Nacional. Por ello, Le Maire hizo dos rebajas a la propuesta inicial. En septiembre puso encima de la mesa una cláusula que fijaba que el impuesto tendría un carácter temporal, hasta que la OCDE aprobara el suyo. Alemania siguió titubeando.

Esta semana hizo otra oferta: llegar a un acuerdo en diciembre pero dar un margen de dos años a su entrada en vigor, para que la OCDE pueda trabajar en un impuesto mundial. Según fuentes comunitarias, Le Maire acudió al Ecofin de esta semana sin conocer todavía la respuesta de Scholz. En la sesión, el ministro alemán aceptó, pero con otra rebaja: que grave a los negocios “altamente digitales” y deje fuera la venta de datos de usuarios.

Lejos de la unanimidad

Pero los Veintiocho aún están lejos de la unanimidad que requiere esta medida. Suecia, que se ha convertido en uno de los polos tecnológicos del continente con gigantes como Spotify, encabezó ayer un grupo de países que se opone de llano al impuesto. Su ministra de Finanzas, Magdalena Andersson, ayer rechazó gravar facturación y no beneficios al considerar que se podría estar castigando a empresas en pérdidas y startups, lo cual minaría competitividad a las compañías europeas. A Suecia la acompañan Irlanda —donde tributan muchas de las grandes multinacionales— y Dinamarca. Finlandia también manifestó sus reservas sobre la tasa, mientras que Chipre y Malta se añadieron al grupo del no. Los Países Bajos y Por lo tanto, a un mes del próximo Ecofin Francia sigue lejos de la unanimidad que necesita.

Le Maire apeló ayer a la “justicia fiscal” para que los gigantes tecnológicos contribuyan a las arcas de la Administración del mismo modo que el resto. Y pese al rechazo de los nórdicos, el paso que dio Alemania valió a Le Maire para que apuntara que los Veintiocho van “en la buena dirección”. A su lado se situaron una quincena de países. Los más rotundos a favor del nuevo impuesto siguen siendo España, Reino Unido, Italia, Austria, Grecia o Portugal.

Según la Comisión Europea, las tecnológicas pagan una tasa impositiva media del 9,5%, cuando las empresas tradicionales abonan más del doble, una media del 23,2%. Apple o Amazon, además, han afrontado sanciones de la Comisión por recibir ayudas de estado ilegales.