Francia ofrece aplicar de forma temporal la tasa digital para recuperar el apoyo de Berlín

Europa afronta el reto de impedir que los negocios tecnológicos dejen de burlar la tributación de sus países. Por ello, un grupo de países encabezado por Francia, España e Italia –y hasta hace poco Alemania— han decidido plantarles cara con una tasa comunitaria que grave su volumen de negocio. Las negociaciones de ese tributo arrancaron este sábado en el consejo informal de ministros de Economías y Finanzas (Ecofin) de Viena. Y evidenciaron que los Veintiocho todavía están lejos de la unanimidad.

El rechazo a esa tasa proviene sobre todo de Irlanda, que ha atraído a varias de esas compañías con su laxa fiscalidad sobre sociedades, y los países nórdicos. Pero las dudas también llegan desde Berlín. Ante esos titubeos, este sábado Francia lanzó la propuesta de acordar que el impuesto sea "temporal" y solo se aplique hasta que se alcance un pacto global en el marco de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) para una solución mundial.

Los Veintiocho empezaron este sábado las discusiones sobre la tasa a los gigantes tecnológicos como Amazon, Google o Facebook a partir de la propuesta que el pasado mes de marzo elaboró la Comisión Europea. Esta consistía en gravar con un tipo del 3% el volumen de negocio de las plataformas de publicidad online, intermediarias o de venta de datos que facturen más de 750 millones de euros a nivel mundial y 50 millones de euros en Europa.

Sin embargo, un nutrido grupo de países argumentó su rechazo en que esa tasa solo tiene eficacia si se impone de forma global. Los recelos llegaron también a Alemania, que fue uno de los países que iniciaron la cruzada para que las tecnológicas paguen por su actividad, y no por los beneficios, para equilibrar la brecha fiscal entre esas corporaciones, que pagan una tasa impositiva media del 9,5% en la Unión Europea, y las tradicionales, que se dejan más del doble, una media del 23,2%.

Oferta francesa

Empeñado en que el impuesto salga adelante en diciembre, el ministro de Finanzas francés, Bruno Le Maire, llegó por la mañana con una oferta para disipar las dudas de Berlín. Y la anunció junto a su colega alemán, Olaf Scholz. “Proponemos introducir una cláusula de extinción”, aseguró. Esa medida haría que la tasa acordada estuviera vigente hasta que se produjera una decisión dentro de la OCDE que sería asumida de inmediato por los Veintiocho. “Las dudas de Alemania son comprensibles, pero debemos hallar unas solución de aquí a fin de año”, añadió. La propuesta francesa hizo que, pese a pedir “tiempo para debatir”, Scholz se mostrara “absolutamente dispuesto a encontrar” una fórmula “muy pronto”.

España se alineó con la propuesta de la Comisión Europea y advirtió de que, como harán otra decena de países, en caso de no llegar a un acuerdo el Gobierno aplicará su propia tasa. “Lo ideal sería tener una solución global, pero en su defecto hay que avanzar en el ámbito europeo y, si no, en el nacional, como ya han hecho otras jurisdicciones”, afirmó la ministra de Economía, Nadia Calviño, quien admitió la complejidad de dejar de gravar sobre los beneficios para hacerlo sobre el lugar donde se produce la actividad. Calviño explicó que sobre la mesa hay ahora seguir avanzando sobre la propuesta de la Comisión y, en paralelo, explorar un acuerdo en el seno de la OCDE.

A pesar de que Alemania puso sobre la mesa la propuesta de fijar un gravamen mínimo para todas las multinacionales, finalmente aceptó seguir debatiendo sobre el gravamen. También lo hicieron Bélgica o Luxemburgo, que tradicionalmente han sido reticentes a esa discusión. En cambio, Irlanda, Dinamarca, Suecia y Finlandia expresaron su rechazo a la tasa. Los argumentos que afloran en contra de la tasa son la posibilidad de que pueda ser un freno a la innovación y que pueda suscitar represalias de los Estados Unidos, donde tienen sus cuarteles generales la mayoría de esos gigantes. “Si Europa trata de resolver este problema sola, corre el riesgo de socavar la cooperación fiscal global”, sostuvo el ministro de Finanzas irlandés, Pascal Donohoe.