La prórroga presupuestaria: impacto en las cuentas públicas
Tras el intento de aprobar los presupuestos para 2019, su rechazo en el debate de enmiendas a la totalidad nos deja un escenario presupuestario similar al de los ejercicios anteriores.
Tras el intento de aprobar los presupuestos para 2019, su rechazo en el debate de enmiendas a la totalidad nos deja un escenario presupuestario para 2019 similar, en el mejor de los casos, al de los ejercicios anteriores*
Con gran parte del año funcionado a nivel del Gobierno Central bajo un esquema de prórroga presupuestaria. Esto, que tradicionalmente ha sido visto como algo positivo de cara a cumplir con los objetivos de déficit por las dificultades que entraña para financiar nuevo gasto en un escenario de prórroga, ha suscitado dudas en 2019 debido a la existencia de medidas de gasto comprometidas desde 2018 con efectos en 2019 por acuerdos políticos previos. De ellas hay que destacar principalmente dos:
- el incremento de las pensiones, que supone casi 3.000 millones de euros de gasto adicional
- la subida salarial a los funcionarios del 2,25%, que también supondría un aumento de gasto en el entorno de los 3.000 millones de euros
Aunque son medidas de importes muy significativos consideramos que el efecto sobre los ingresos tributarios del ciclo económico junto con la propia dinámica de la prórroga, que lleve a tasas de inejecución del gasto como las observadas en 2017 y 2018, permitirán continuar con el proceso de reducción de déficit, aunque no se cumpla con el objetivo. Con los últimos datos de ejecución disponible para 2018 (mes de noviembre), las partidas especialmente de inversión solo se habían ejecutado en un 55% y los gastos en bienes y servicios en un 65%**.
Nuestra previsión apunta a que el déficit se situará en 2019 en el entorno del 2,2% del PIB, lejos del 1,3% vigente como objetivo, aunque viniendo gran parte de este incumplimiento del previsible resultado que esperamos para 2018 y que conoceremos en marzo: un cierre en el 2,7% del PIB en lugar del 2,2% del PIB.
Impacto para las CC.AA. y CC.LL.
Sin embargo, aunque a nivel de la Administración Central la no aprobación de los presupuestos pueda resultar neutral, en el caso de las Administraciones Territoriales, especialmente Comunidades Autónomas (en adelante, CC.AA.), el impacto puede ser mayor. La aprobación de los Presupuestos Generales del Estado conlleva la actualización de las entregas a cuenta a los entes territoriales, recogiendo los cálculos derivados de sus sistemas de financiación. En caso de prórroga, los entes territoriales reciben una cuantía similar a la del ejercicio anterior hasta que se aprueba el presupuesto, momento en el que se les compensa la diferencia.
Para las Corporaciones Locales, dada su buena situación financiera (en 2019 es previsible que vuelvan a cerrar el ejercicio con un importante superávit), la no actualización de las entregas a cuenta en 2019 no supondrá un problema. Sin embargo, para las CC.AA., donde las presiones del gasto son mayores y las dificultades para cumplir con el objetivo de estabilidad en algunas de ellas son manifiestas, la no aprobación de los presupuestos puede tener un impacto significativo. La razón es que el anuncio del cambio de la contabilización del IVA a través del Sistema Inmediato de Información (SII) en 2019, que llevaría a las CC.AA. a cobrar 13 mensualidades de IVA en lugar de 12, ha quedado en suspenso. Esto implicaría la no recepción de unos recursos adicionales de más de 2.300 millones de euros. Hasta la disolución de las Cortes, el Estado podría tratar de aprobar este cambio normativo de manera separada a los presupuestos, pero dado lo estrecho de los plazos, parece difícil que las CC.AA. cuenten con esos recursos adicionales para cumplir con su objetivo de déficit, marcado en el 0,1% del PIB.
* El presupuesto de 2018 no fue aprobado hasta julio, Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 y el de 2017 hasta junio mediante la Ley 3/2017, de 27 de junio.
** Capítulos 2 y 6 del presupuesto de gastos del Estado. Fuente: Ministerio de Hacienda
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