Las infraestructuras españolas se deterioran por falta de inversión pública

La inversión pública en carreteras, líneas ferroviarias y otras infraestructuras de transporte es cíclica en España. Es decir, cuando las cosas van bien y las Administraciones Públicas cuentan con recursos extra aumentan las partidas para estas obras públicas, pero cuando llega una crisis es el primer sitio de donde recortar. Y la última década no ha sido fácil. Así lo demuestran los datos históricos de inversión pública desgranados por el Consejo General de Economistas, que presentó este miércoles un informe sobre La inversión, financiación y gestión de infraestructuras de transporte.

Pedro Saura, secretario de Estado de Infraestructuras, participó en la jornada donde reconoció que "existe un deterioro del stock de capital público". "La inversión en los últimos 40 años ha sido muy importante, lo que nos permite estar en la media de los países europeos más desarrollados", dijo. Al tiempo que advirtió: "Pero se está deteriorando".

Invertir más del 2,5% del PIB

A su juicio España debería invertir, al menos, una cantidad equivalente al 2,5% del PIB para sostener el pulso inversor y mantener las infraestructuras ya construídas. Pero desde 2012 el nivel de inversión cayó hasta situarse en los últimos años en un nivel próximo al 2% del PIB. "Hay medio punto de inversión que hay que corregir para que, al menos, no se deterioren", dijo Saura. "En los últimos años España acumula un déficit de inversiones de cerca de 25.000 millones de euros", apuntó. Para cumplir con ese compromiso, la inversión pública deberá crecer más que el PIB nominal (alrededor del 4%) en los próximos años.

Esa carencia se manifiesta en los problemas de líneas ferroviarias convencionales o en algunos tramos de carreteras u otras vías e incluso en el envejecimiento de algunas infraestructuras portuarias que se están quedando desfasadas.

Para abordar esta situación Saura propuso definir planes de inversión pública más estables en el tiempo. "Necesitamos la colaboración público/ privada", subrayó. Pero el responsable de Fomento advirtió que en estos proyectos se deben repartir los riesgos de forma "equilibrada". Y apostilló: "Si no se hace así ni la sociedad ni los parlamentos lo entenderían, porque ha habido malas experiencias", dijo sin citar cuáles. En ese punto, Saura recordó que el ministerio ha lanzado un programa de inversiones en carreteras de 1.000 millones.

El secretario de Estado recordó, además, que Fomento ya está aumentando la licitación de inversiones. Y aportó unos datos para demostrarlo: En el segundo semestre del año pasado la licitaciones crecieron un 79% respecto al mismo periodo del año anterior hasta alcanzar los 5.023 millones de euros. Además, el Presupuesto de Fomento para inversiones en 2019, sobre todo para Cercanías y red ferroviaria convencional, ha aumentado un 26,6%.

Pago por uso de las autopistas

El presidente del Consejo General de Economistas, Valentín Pich, ha sentenciado: "Resulta evidente la existencia de un déficit en los recursos que afectan a la seguridad de nuestras carreteras; esta situación podría verse agravada con el vencimiento de las concesiones de las autopistas de pago que tendrían que gestionarse con fondos públicos, mientras que ahora se mantienen mediante el pago de los usuarios". Por eso, según Pich "habría que definir un modelo de financiación equilibrado que permitiera tanto asegurar los recursos necesarios para realizar nuevas inversiones como mejorar la red actual y pagar los compromisos financieros asumidos de concesiones vigentes".

Por su parte, Pascual Fernández, director del seminario sobre la inversión y financiación de infraestructuras que ha dado origen al documento presentado por el Consejo de Economistas, ha entrado en el debate sobre el pago por uso de las infraestructuras viarias. Para ello ha detallado una propuesta de pago por uso que giraría en torno a tres ideas: Aprobar impuestos específicos para financiar los costes derivados de las emisiones de gases del tráfico; incluir en el pago por uso todas la red de alta capacidad (autopistas y autovías) y excluir de este sistema a la red convencional de carreteras, que seguiría financiándose con el Presupuesto.