El Gobierno congela la inversión pública en los presupuestos

El Gobierno ha enviado a Bruselas su previsión de gasto en inversión, según se recoge en el plan presupuestario. En él se aprecia que la inversión pública sigue congelada en los niveles en los que se hundió con la crisis: se sitúa en el 2% del PIB una vez se restan unos 1.000 millones de desembolsos extraordinarios de las comunidades por sentencias perdidas. La llamada formación bruta de capital fijo se queda muy cerca del 1,9% que se registró en 2016, el mínimo desde que arranca la serie en los años setenta, según el Banco de España. El aumento de las partidas sociales hace que las inversiones no puedan elevarse más a pesar de la recuperación.

Desde el año 2009, un ejercicio excepcional por el plan E, la inversión se ha desplomado en unos 30.000 millones. Ha sido la rúbrica que más ha sufrido con la Gran Recesión. Esta partida contempla desde las infraestructuras hasta el I+D, pasando por la inversión en educación, sanidad, defensa, servicios de la policía o desarrollo de vivienda. El Banco de España ya destacó que los niveles son tan bajos que no se estaban reponiendo las inversiones y, por tanto, había riesgo de perder algunas.

El 2015 fue una excepción y se dieron más inversiones por compromisos en Defensa que había que afrontar y a los que se vinculaba empleo nacional. Al inicio de 2016 se vislumbraba una cierta recuperación en los Presupuestos del Gobierno de Rajoy. Sin embargo, estos incluían una rebaja de impuestos que impedían la corrección de las cuentas públicas. Y a mitad de año el Ejecutivo del PP, presionado por Bruselas, tuvo que poner en marcha hasta dos ajustes: uno fue un acuerdo de no disponibilidad. Y otro un cierre adelantado de todos los desembolsos no esenciales. Estos recortes afectaron a la inversión sobremanera y, además, se replicaron en los siguientes presupuestos. Todo ello hizo que en 2016 se tocase el mínimo en 50 años en porcentaje del PIB y, por tanto, en capacidad de gasto de la economía, según el Banco de España. Desde entonces ha permanecido prácticamente congelada: en 2017 se desembolsaron 23.019 millones, el 2% del PIB. Y en 2018 el Gobierno prevé que la partida cierre en los 27.000 millones, el 2,2% del PIB.

Sin embargo, estos 27.000 millones incluyen 1.800 millones de indemnizaciones por las radiales de Madrid y puede que unos 1.000 millones ya contabilizados en caja para programas de Defensa. Si se sustraen esos conceptos, la rúbrica sigue en el 2% del PIB. Y en 2019 el Ejecutivo espera librar unos 26.300 millones, de los que ya explica que al menos hay 1.000 que se corresponden con sentencias perdidas por las comunidades. De modo que la cifra sigue estancada en el 2% del PIB, cerca del mínimo histórico.

Al quedarse ahí anclada, los Gobiernos solo la aumentan lo mismo que crece el PIB. No sube más en el plan presupuestario porque hay que hacer hueco a unos 5.000 millones anunciados en gastos, sobre todo con carácter social. Aun así, el plan solo reconoce incrementos de los desembolsos por valor de unos 2.000 millones y no de 5.000. Y contempla medidas que mejoran los ingresos en 7.400 millones, incluyendo los 1.500 de mayor recaudación por cotizaciones que brinda la subida del salario mínimo. Pero ni siquiera con esos ingresos da para arrojar en el neto un ajuste de cerca de 4.850 millones con el que poder cumplir con Bruselas y bajar el déficit hasta el 1,8% del PIB desde el 2,7% al que se espera cerrar el año. Si se restan los 5.000 millones en gastos a los 7.400 millones en ingresos, apenas da un ajuste de unos 2.400 millones. Así que el Gobierno de Sánchez ha tenido que, en consecuencia, sacrificar la inversión.

En realidad, el gasto de las Administraciones solo crece en el plan presupuestario un 3,1%, por debajo del 4,1% que está previsto que crezca el PIB nominal. Eso permite ir poco a poco reduciendo los desembolsos en términos de PIB. Ese es el ajuste que hacía el ministro Cristóbal Montoro y que tanto criticaba el PSOE. Por eso, el gasto sobre PIB volverá a caer desde el 41,2% en 2018 hasta el 40,9% en 2019, el mínimo desde 2007 gracias a la recuperación del PIB. Aunque esa cifra solo será verdad si el gasto no sube como suele hacerlo en año electoral. Y si los desembolsos no están infraestimados como apuntan algunos economistas.