Un ‘presupuesto del pueblo’

Había alternativa. El acuerdo sobre los Presupuestos, alcanzado entre el Gobierno y Podemos, significa una audaz intervención de los poderes públicos para frenar los excesos del sistema con vistas a proteger a los más vulnerables. Es una decisión que pulveriza la cantinela de que no se podía hacer nada por falta de dinero o porque Europa no nos dejaba.

Este acuerdo presupuestario puede abrir una época basada en un nuevo pacto social. No es la primera vez que los Presupuestos suponen un cambio radical de la historia social de un país. Uno de los ejemplos más emblemáticos de estos cambios fue el llamado presupuesto del pueblo para 1909-1910 del ministro de Hacienda británico David Lloyd George. Reino Unido se encontraba entonces con un 30% de la población subalimentada y una devaluación salarial del 12%. El presupuesto incluyó una ambiciosa reforma fiscal, con un impuesto progresivo sobre la renta y un alto gravamen a los beneficios inmobiliarios. Los ingresos permitieron establecer las bases de su Estado de bienestar. La mitad de los recursos se dedicaron a financiar las pensiones para la vejez recién creadas. Lloyd George era un liberal que con estas medidas trató de frenar la creciente influencia de los laboristas que impulsaban profundas reformas sociales.

Ahora en España no se trata de crear el Estado de bienestar sino de evitar su liquidación. El pacto del Gobierno y Podemos aborda asuntos de la misma naturaleza. Salvaguarda a los pensionistas más vulnerables, recupera los salarios más deprimidos, refuerza los derechos de los inquilinos y desahuciados, protege a un tercio de la población infantil en situación de pobreza, y sobre todo trata de derogar los aspectos más dañinos de la reforma laboral. El coste de estas nuevas políticas asciende a 5.137 millones y se prevén aumentos recaudatorios fiscales de entre 5.678 millones, según el Gobierno, y 7.240 millones, según Podemos.

Hacía falta un revulsivo. Las condiciones laborales y de vivienda de los jóvenes, por ejemplo, clamaban por un cambio radical. Los trabajadores menores de 25 años figuran entre los más castigados. En 2016 recibieron un salario anual bruto de 11.096 euros, un 14,7% menos que antes de la crisis. Con el salario mínimo previsto de 12.600 euros anuales todavía estarán por debajo de los 12.953 euros que percibían en 2008.

Como en España no hay liberales como los británicos de principios del siglo XX, hoy los únicos apoyos posibles y necesarios al nuevo Presupuesto son la UE y los partidos nacionalistas e independentistas. Hay buenas razones para creer que se superará el examen comunitario. El acuerdo se ampara en criterios europeos (Carta Social Europea y Pilar Europeo de Derechos Sociales) y en el consenso de las ministras del Gobierno con la Comisión Europea. Un planteamiento que ya ha dado un fruto extraordinario al permitir aumentar el gasto en 6.000 millones. Nacionalistas e independentistas deberán decidir si su postura defiende las necesidades reales de su pueblo.