Los agujeros legales amenazan con crear paraísos fiscales dentro de la UE

Los escándalos sobre casos de evasión fiscal en plena recesión llevaron a la OCDE y a la UE a tratar de acabar con las jurisdicciones opacas mediante los intercambios automáticos de información entre países y dos directivas en el marco comunitario. Un minucioso informe de 50 páginas del grupo de Los Verdes en el Parlamento Europeo desmenuza, sin embargo, todas las “rendijas” que “explotan” personas físicas y empresas para seguir eludiendo el fisco de su país. El documento, al que ha tenido acceso EL PAÍS, plantea incluso que cuatro países podrían suponer un “riesgo” por la falta de acceso a la información bancaria. Ese peligro se ve, además, “exacerbado” por los sistemas de obtención de residencia o ciudadanía que ofrecen a cambio de inversiones inmobiliarias. En concreto, el documento señala a Austria, Bulgaria, Chipre y Rumanía.

Los tres primeros países ofrecen el “visado de oro” a ciudadanos a cambio de la compra de inmuebles de un determinado precio. Pero además, aplican de forma parcial los acuerdos de intercambio de información con otros países. Por ejemplo, Chipre sobre el papel comparte información con 65 jurisdicciones. Pero a la práctica solo proporciona y recibe esos datos con los Estados de la UE, pero los obtiene de países de fuera. Eso abre la puerta a la evasión fiscal. Es decir, si ciudadano que vive en París obtiene la residencia chipriota tras comprar un inmueble, este puede operar con países opacos sin que Francia se entere porque Chipre no pedirá esa información y no tendrá datos fiscales para remitirle.

Chipre es, precisamente, uno de los países que más visas de oro ha otorgado, según un informe de Global Witness y Transparencia Internacional. La Comisión Europea está finalizando un informe que saldrá a finales de año sobre los planes nacionales que otorgan la ciudadanía europea a inversores que examinará las prácticas vigentes y dará orientaciones a los países miembros. Según fuentes comunitarias, entre esos principios se recordará que los Estados deben verificar los antecedentes de los solicitantes.

El Parlamento Europeo, de hecho, celebrará hoy una audiencia pública sobre los visados de oro para examinar los posibles riesgos de blanqueo de capitales de esos sistemas. “Debemos modificar la legislación europea y, además, garantizar la aplicación efectiva de normas actuales, ya que algunos países como Chipre o Malta actúan en los límites de la ley”, advierte Ernest Urtasun, eurodiputado de Los Verdes.

El informe de Los Verdes señala más vías de escape que permiten crear la ingeniería financiera necesaria para esconder capitales. Y no son pocas. En total, 43 países todavía no se comprometen al intercambio de información automática, entre ellos Macedonia, Serbia, Ucrania, Moldavia o Montenegro. Tampoco Estados Unidos da información completa: solo proporciona el nombre de la sociedad beneficiaria de una cuenta, pero no de su beneficiario último. Y seis jurisdicciones británicas no reciben información de Irlanda.

Ingeniería financiera

Estos son solo algunos casos, pero demuestran cómo a través de una maraña de sociedades interpuestas o testaferros es posible hallar un agujero para escapar de la legislación internacional contra la evasión fiscal. Pero además, la directiva actual (DAC2) no contempla carteras de activos como criptomonedas, oro, yates o inmuebles. Por ello, Urtasun considera que todos los países que no intercambien información “de acuerdo con estándares europeos”, también Estados Unidos, deberían “estar incluidos en la lista negra europea de paraísos fiscales”. Es más, Los Verdes proponen sanciones para quienes no respeten los estándares actuales.

El informe también examina la directiva DAC3, que obliga a compartir información, por ejemplo, sobre acuerdos fiscales ventajosos que los Estados puedan adquirir con privados. Estos son especialmente polémicos porque en muchos casos han sido considerados “ayudas de Estado” por parte de Bruselas. El caso más sonado ha sido el del pacto de Apple con Irlanda, que ha acabado reclamando 14.300 millones de euros a la multinacional estadounidense tras la intervención de la Comisión Europea. Pero Los Verdes critican que esa directiva solo contemple el caso de empresas y no personas y que el acceso a esa información no sea público. “Necesitamos más transparencia reformando la directiva DAC3 para hacer públicos todos los tax rulings existentes”, concluye Urtasun.