Bruselas obliga a Correos a devolver 167 millones de ayudas excesivas

La Comisión Europea ha concluido que Correos recibió entre los años 2004 y 2010 una compensación excesiva por parte del Estado para cumplir su papel como servicio postal universal. Bruselas cifra esta ayuda en 166 millones de euros, que la compañía deberá reembolsar al Tesoro. A ellos se suma un millón más derivado de exenciones fiscales indebidas, según revelan fuentes comunitarias. El informe de la Comisión, que se hará público en los próximos días, tiene su origen en una denuncia presentada por la firma Unipost y la Asociación de Paquetería a finales de 2013.

Según las reglas comunitarias, los socios de la Unión Europea están en su derecho de conceder ayudas estatales a aquellas empresas que soporten un coste adicional al estar consideradas como un servicio público. Con el fin de no dañar la competencia, estas reglas ponen como límite evitar que se produzcan compensaciones excesivas. A partir de estos principios, Bruselas ha llegado a la conclusión de que en el caso concreto de Correos se produjo un exceso de ayudas por importe cercano a los 166 millones de euros que la compañía deberá reembolsar al Tesoro.

La investigación abierta por la Comisión Europea no se detuvo solo en las ayudas públicas recibidas por la compañía postal, dependiente del grupo público SEPI (a su vez, dependiente del Ministerio de Hacienda); sino también en las exenciones fiscales que le fueron concedidas desde 2004. El informe revela que se produjo una ventaja indebida para Correos cercana al millón de euros, incompatible con el mercado único, que también tendrá que ser devuelta al Tesoro. En este apartado fiscal, fuentes comunitarias añaden que la Comisión ha encontrado incompatibilidades en las bonificaciones que obtuvo la compañía relacionadas con el Impuesto de Actividades Económicas (IAE) y el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI).

Denuncia

Bruselas colocó la lupa sobre Correos partiendo de la denuncia que a finales de 2013 presentaron Unipost (empresa que se vio abocada a la liquidación tras presentar concurso de acreedores en julio del año pasado) y la Asociación de Paquetería. Tres años más tarde, la Comisión dictó la apertura de un procedimiento que permitió alegaciones y contempló de forma preliminar el conjunto de ayudas públicas recibidas por la compañía. De todas ellas, en la investigación abierta en profundidad a comienzos del año pasado, solo ha acabado señalando como incompatibles con las reglas comunitarias las derivadas de la prestación del servicio postal universal y las ayudas fiscales mencionadas.

Las fuentes consultadas apuntan a que la devolución de estas ayudas no supone una sanción a Correos, pues no existe como tal en la normativa comunitaria sobre aportaciones públicas, sino un simple emplazamiento a garantizar la igualdad de trato con el resto de las empresas del mercado.

Correos tiene dos focos de actividad. Uno es el denominado Servicio Público Universal (SPU), que consiste en la prestación del servicio postal público con la misión de garantizar la relación postal entre los ciudadanos. Esta unidad de negocio es la única que puede ser financiada con dinero público y se hace a través de los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

La otra unidad es la paquetería, que es la que más aporta en la facturación y en la que ha tenido que hacer frente a la inevitable caída del negocio tradicional a través de las nuevas tecnologías. Pero esta parte no puede financiarse mediante dinero público, ya que opera en régimen de libre competencia. Es decir, si recibiera algún tipo de subvención estaría incurriendo en competencia desleal. Aquí parece radicar el quid de la cuestión, ya que las ayudas excesivas podrían haberse destinado a este negocio.

Los Presupuestos Generales del Estado (PGE) 2018 contemplan unas aportaciones de 120 millones, los mismos que en 2017 y 60 menos que en 2016. Sin embargo, a pesar de las inyecciones de dinero público, no ha logrado paliar los números rojos. En 2017, la sociedad arrojó unas pérdidas de cerca de 150 millones de euros después de impuestos, solo superada en el grupo SEPI por Navantia (390 millones). Un año antes las pérdidas habían sido de 51 millones.

Mientras la Comisión Europea investigaba a Correos, el Gobierno español de Mariano Rajoy ha estado valorando la posibilidad de privatizar la entidad. Un estudio de AT Kearney encargado por el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro recomendaba que fuera privatizada, al menos parcialmente. La consultora reseñaba que la mayoría de los operadores postales europeos han dado entrada al capital privado como palanca para enfrentarse a la caída del negocio postal y la creciente competencia.

Sin embargo, no se llegó a dar ningún paso. Pese a ello, los sindicatos han denunciado que la privatización se está produciendo por la vía de los hechos, sobre todo, por la externalización de algunos servicios de Correos Express, filial que se centra en la paquetería y el servicio urgente.