Así fueron los últimos días del Popular: reuniones urgentes ante los avisos de intervención
Las actas de los consejos celebrados el 18 y el 29 de mayo reflejan la presión y el control de las autoridades europeas sobre la entidad
El 29 de mayo de 2017, el presidente del Banco Popular, Emilio Saracho, reunió de urgencia al consejo para informarles de que Elke König, presidenta de la Junta Única de Resolución (JUR), quería “empezar a tomar medidas preparatorias por si tuviera que intervenir”. Saracho dijo que el problema de la liquidez “excede de las capacidades de la entidad” y se quejó de la “ineficiencia” de los procedimientos para recibir liquidez. El 18 de mayo, en otro consejo, había leído otra carta preocupante de Daniel Nouy, presidenta de la Supervisión.
Las actas de los consejos celebrados el 18 y el 29 de mayo reflejan la presión y el control de las autoridades europeas sobre el Banco Popular. A las 18 horas del 29 de mayo, en sesión extraordinaria, Saracho informó de la carta de König, del 24 de mayo, en la que avisaba de que estaba encima de la entidad. Pidió a la entidad tener acceso a los datos de la negociación de la venta del Popular al BBVA y Santander, “los interesados en una operación corporativa”, según reza el acta. Saracho dijo que tanto él como Ignacio Sánchez-Asiaín, consejero delegado, “habían mantenido conversaciones con el FROB, como brazo ejecutor” de la JUR en España.
Los consejeros coincidieron en que “no existían mecanismos de liquidez a disposición del banco que permitiera garantizar una operativa normal y estable, siendo los problemas de liquidez los más acuciantes y cuya resolución, pese a todos los esfuerzos, excede de las competencias o capacidades de la entidad”. Se concluyó que “la responsabilidad de los reguladores es evidente” y Saracho manifestó que “su frustración por la ineficiencia de los procedimientos” para que el banco recibiera liquidez de emergencia.
El presidente dijo que tendría una reunión, que se desconoce si se llegó a producir, con Daniele Nouy, presidenta del Mecanismo de Supervisión Europea (MUS), para trasladarle estas cuestiones. Saracho pidió “confianza en los gestores porque están haciendo todo lo que se puede”. Nouy ya había sido protagonista en otro consejo, el del 18 de mayo. Aquel día, por cierto, se cambió de secretario del consejo (Joaquín Hervada sustituyó a Francisco Aparicio) y se nombró a José Barreiro consejero independiente. La vida del consejo del Popular seguía su rutina, ajena a su trágico y próximo final.
Aquel día, el presidente informó de la carta de Nouy donde hacía referencia “a su preocupación por el banco en su conjunto y, en concreto, sobre la liquidez”. Saracho también explicó que el 17 de mayo había hablado con José Ramón Quintana, director general del MUS, sobre el banco y con Nouy el 15 de mayo, así como con Luis Linde, gobernador del Banco de España. El presidente dijo que se respondería a Nouy lo que estaban haciendo “y harán sus mejores esfuerzos para que el banco siga adelante”.
Al poco tiempo, José Francisco Mateu, representante de la Sindicatura de Accionistas, principal accionista de la entidad, tomó la palabra para opinar sobre la carta de Nouy. Sus palabras fueron premonitorias. Mateu dijo que la carta le parecía “insólita” y, en cuanto a su contenido, dijo que “va directamente a la resolución sin conceder tiempo al banco para solucionar sus problemas”. También apuntó que contenía “una amenaza muy clara y una previsión de que no podamos llegar a una combinación de negocios en vista de la mala situación de la liquidez”, según el acta.
Saracho aclaró, a continuación, que no era posible una inyección de capital público, “que ha sido descartada por Nouy” porque el Popular no había suspendido el test de estrés. Se cerró otra vía más para el Popular.
Seis años en busca de capital y una venta que nunca llegó
El pasado abril, durante la Comisión de investigación del Congreso sobre la crisis, el entonces gobernador del Banco de España, Luis Linde, admitió que "post factum, quizá fue mala la decisión" de no meter dinero publico en el Popular en 2012. Aquel año saltaron las alarmas sobre el banco que presidía Ángel Ron desde 2006. La enorme deuda que arrastraba por la indigestión del ladrillo le llevó a suspender las pruebas de estrés. La entidad nunca llegó a recibir dinero público, pero sí varias inyecciones de sus accionistas. Ron lanzó en noviembre de 2012 una ampliación de capital de 2.500 millones. En 2013, un grupo de accionistas nuevos llegados de México inyectaron otros 450 millones. Y en junio de 2016, volvió a necesitar oxígeno: otra ampliación de 2.500 millones.
El final de Ron se aceleró aquel año: el enfrentamiento en el consejo acabó con el anuncio de su salida, en diciembre de 2016, aunque el relevo se hizo efectivo en febrero de 2017. Emilio Saracho tomó las riendas. El 3 de abril, los problemas se multiplicaron. Saracho anunció al regulador bursátil una "corrección" de las cuentas de 2016, porque el auditor detectó "insuficiencias" en determinadas provisiones. El consejero delegado, Pedro Larena, presentó su dimisión. La entidad sufrió un batacazo en Bolsa del 10%.
Una semana después, Saracho anunció en una junta de accionistas que buscaba comprador u otra ampliación de capital. Dijo que llevaría a cabo ambos procesos a la vez. Las dudas sobre la capacidad del banco para seguir adelante crecían. Y el 31 de mayo, Reuters publicó que Elke König —la responsable del Mecanismo Único de Resolución (MUR), encargado de las liquidaciones bancarias— reconoció seguir "de cerca" la situación del Popular ante "una posible intervención". La retirada de depósitos de los clientes desangró al banco esos meses. En abril salieron 5.350 millones de euros. En mayo, 5.232. Y solo entre el 1 y 6 de junio se fueron 9.700. La noche del 6 al 7 de junio, el banco fue liquidado por las autoridades europeas y entregado al Santander. Los accionistas lo perdieron todo.
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