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Sin soluciones, un año después

El Banco Popular arrastraba problemas estructurales de bastante mayor gravedad a los conocidos

Emilio Saracho, expresidente del Banco Popular, en la junta de accionistas de abril de 2017
Emilio Saracho, expresidente del Banco Popular, en la junta de accionistas de abril de 2017

Hace unos días se cumplió un año desde que se decidió y ejecutó la Resolución del Banco Popular, la entidad que tuve la responsabilidad de presidir durante los últimos 108 días.

Mi paso por el Popular fue duro y me produjo sinsabores y frustración, pero también me dio ocasiones para sentirme orgulloso de trabajar con un gran número de personas que hicieron todo lo que les fue posible para evitar un desenlace aún mucho más negativo del que se produjo. Esto no quiere decir que haya sitio alguno para la complacencia, ya que no se pudieron evitar daños importantes a distintos colectivos que han sufrido perdidas económicas cuantiosas y en otros casos pérdidas de empleos.

Al gestionar la crisis, que afronté por responsabilidad y como una misión de salvamento, se hizo todo lo que se pudo, pero no fue suficiente. El Banco Popular arrastraba problemas estructurales de bastante mayor gravedad a los conocidos, como lo demuestra el seguimiento continuo del que fue objeto desde el 2012 por parte de las autoridades supervisoras, según ellas mismas han explicado con todo detalle, y por la afloración de pérdidas por más de 13.000 millones de euros, al cierre del ejercicio en el que fue resuelto y vendido a su nuevo propietario.

Ahora toca asumir la segunda parte de esta misión: ayudar en lo posible al esclarecimiento publico y judicial de lo ocurrido y a intentar también en lo posible que estos hechos no se repitan en el futuro.

Vayan por delante dos precisiones. En primer lugar, que la responsabilidad última de cualquier crisis bancaria no puede nunca ser más que de la propia institución. Y, en segundo lugar: nadie más convencido que yo de las dificultades intrínsecas de la regulación y supervisión de las entidades financieras.

Ha pasado un año desde que me ofrecí a colaborar con los responsables de los distintos supervisores con los que trabajé a diario durante mi mandato para compartir la visión “desde dentro” de lo que se debe y se puede mejorar. Lo cierto es que en el año transcurrido no se han hecho progresos.

Me voy a centrar en dos aspectos esenciales que se pueden mejorar: las implicaciones para los usuarios e inversores de la desaparición de la figura del lender of last resort (prestamista de último recurso) y la necesidad de dotar al MUR (Mecanismo Único de Resolución) de fondos para dar liquidez a entidades resueltas.

La resolución del Banco Popular es el resultado de la aplicación por primera vez en la historia de las estrictas reglas de resolución derivadas del Tratado de la Unión Bancaria Europea del 2014, que fue la respuesta política al clamor de los ciudadanos para no tener que costear las crisis financieras. El monumental edificio regulatorio, conocido como Unión Bancaria, es un proyecto en construcción. Está incompleto, pero está operativo y surtiendo efectos diariamente en la regulación de todos los bancos de la UE.

La gobernanza de una situación de crisis bajo la Unión Bancaria, un sistema tecnocrático, muy detallado y lleno de complejas reglas y separación de responsabilidades no siempre claras, es similar al trabajo de una gran orquesta, pero sin director y con músicos que operan con partituras distintas. La cacofonía y falta de rodaje es notable.

En el caso del Popular, los hechos que perjudicaron gravemente el balance y los resultados venían de casi una década atrás. Y en su última etapa, se le aplicó de forma estricta la nueva normativa de supervisión y resolución, al tiempo que no se le daba apoyo institucional. En el caso de Italia, por el contrario, el trato fue bien diferente en varias entidades, aunque el resultado final fue un mayor coste para el erario público.

Durante mi mandato, supervisores y gestores trabajamos de forma conjunta en la búsqueda de soluciones. Es por ello por lo que la falta de transparencia ex post, manifestada en la censura de documentos clave o en no compartir información relevante con los afectados y el público, es para mi inexplicable y poco edificante. Este apagón informativo dificulta enormemente componer un relato fiel y sencillo de entender y tiene también algo de corporativista. A mi juicio, es necesario afrontar los hechos y reconocer los fallos para mejorar las cosas en el futuro.

Se ha debatido sin profundidad, a raíz de la resolución de Banco Popular, si esta fue causada por la masiva salida de liquidez o por un problema de solvencia. Este debate es algo artificioso e irrelevante en el fondo. En la práctica de la gestión de un banco en crisis, no existe tal divisoria. Se trabaja con urgencia para evitar una posible crisis de solvencia, en este caso regulatoria (no patrimonial ni contable), y en el camino surge una crisis de liquidez.

Por ello, de entre todas las sorpresas del nuevo régimen regulatorio, la más llamativa es la provocada por la desaparición de la figura del prestamista de última instancia (lender of last resort), piedra angular de cualquier sistema financiero moderno y que ha dejado de existir en el nuevo marco regulatorio. Su desaparición se debió a la desconfianza de unos países con otros.

En su lugar, se impuso un mecanismo muy poco transparente de provisión de liquidez extraordinaria (ELA), limitado tanto en su cuantía como en su estructuración y que por la experiencia parece más diseñada para bancos que no lo necesiten que para aquellos que estén inmersos en la situación de debilidad que les fuerza a su utilización. Hay expertos que defienden que la actividad bancaria no puede conducirse sin un lender of last resort.

También es notable que la nueva normativa, de por si muy compleja y novedosa, y cuyo plato fuerte era la introducción de un mecanismo de bail in que pusiera fin para siempre a la mal llamada “socialización de perdidas” a través de ayudas (bail out), no pudiera dar respuesta a algunos efectos no deseados del propio bail in, de nuevo por las desconfianzas estructurales de unos para con otros.

Este es el segundo aspecto clave que quiero destacar: la inexistente dotación de liquidez para el Mecanismo Único de Resolución (MUR). Porque, aunque está previsto la creación de un fondo de liquidez en la legislación del MUR, no existe.

Si como ha sido el caso en el Popular, el detonante de la crisis —que no la causa primigenia— fue en última instancia la inexistencia de liquidez, es más que evidente que quien resuelve y sustituye los órganos de decisión de un banco por un problema grave de liquidez debería contar con un instrumento especifico también de liquidez mientras procede a realizar sus funciones de resolución.

El resultado es que se activa un mecanismo con enorme poder y por tanto enorme responsabilidad, sin contar con el instrumento básico que le permite estabilizar la entidad antes de proceder a su venta o liquidación. En términos prácticos, esta enorme deficiencia es la causa de que el MUR tenga la imposible tarea de resolver y vender una entidad sin liquidez, en un espacio de tiempo que transcurre entre el cierre de un día y la apertura del siguiente, o con suerte un fin de semana. De no hacerlo así, el MUR se vería obligado a cerrar el banco creando exactamente el mismo impacto en el sistema que se trataba de evitar en primer lugar.

Esta situación obliga a que, de existir un comprador viable y dispuesto —en nuestro caso existía, gracias al proceso de venta privado puesto en marcha un mes antes— no solo tendrá que hacerse cargo de la institución resuelta, sino que además tendrá que proveerla de la liquidez necesaria.

No es por tanto sorprendente que la posición estructural del MUR sea extremadamente débil en cualquier proceso, lo que deviene necesariamente en beneficio del comprador, sobre todo si como es el caso solo uno acude a la subasta.

La historia de la resolución del Popular será escrita en algún momento y las responsabilidades si las hubiera serán dirimidas. La Unión Bancaria está incompleta, es inestable e insolidaria. Y de momento aporta tantas soluciones como crea nuevos problemas. Tampoco aquí hay razones para ser complacientes y hay que seguir trabajando para mejorarlo.

Emilio Saracho es expresidente del Banco Popular.

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