El conflicto judicial del Popular se extiende por España, Nueva York y Luxemburgo

El 6 de junio de 2017, el BCE decidió que el Popular estaba failing or likely to fail, es decir, era inviable o podía acabar siéndolo. Era la consecuencia del comunicado del consejo de administración, que afirmó que no tenía liquidez para abrir las oficinas el 7 de junio. Por orden del BCE, la alemana Elke König, presidenta de la Junta Única de Resolución (JUR), puso en marcha un mecanismo nunca utilizado antes: vender un banco en horas o afrontar el caos que se provocaría ante el cierre de las oficinas del Popular, con la posibilidad de contagio a las demás entidades. La JUR recurrió a su brazo ejecutor en España, el FROB, que convocó a los posibles bancos interesados.

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König era consciente de la maraña judicial en la que se metía porque, a diferencia de Bankia, donde el número de inversores institucionales afectados no fue alto, la resolución del Popular se llevó por delante a poderos accionistas. Entre ellos a la familia más rica de Chile, los Luksic; una de la más acaudaladas de México, representada por Antonio del Valle; el mayor fondo del mundo de renta fija, el norteamericano Pimco, y su dueño, Allianz, una de las mayores aseguradoras europeas.

Los poderosos afectados han extendido sus demandas por diferentes jurisdicciones, la española, la norteamericana y la europea, lo que complicará (y puede retrasar) su resolución.

El Santander, que adquirió el Popular por un euro, asumió que las demandas de los accionistas eran uno de los riesgos de la operación. Por eso, lanzó un plan de bonos de fidelización para resarcir a los que acudieron a la ampliación de 2016. Aceptaron el 78% de los afectados por un importe de 764 millones. Para cobrar todo lo que perdieron en acciones del Popular deberán esperar siete años. Quedan unos 35.000 accionistas fuera del acuerdo, y una parte de ellos han demandado al banco con resultados muy variados.

Al margen de estas demandas, en España la Audiencia ha admitido cuatro querellas por engaño en la ampliación de capital de 2016 (la de 2012 ha quedado, por ahora, fuera de la causa), y por manipulación del mercado contra Ángel Ron y Emilio Saracho, expresidentes del Popular. El juez instructor, Fernando Andreu, ve indicios de responsabilidad penal por su actuación en el banco. Los demandantes son asociaciones de consumidores (OCU) y de pequeños inversores como Aemec, Adicae y Asufin. También están implicados consejeros del banco y la auditora PwC, lo que hace un total de 27 querellados. Todo está pendiente del informe de los peritos del Banco de España. La instrucción se alargará hasta abril de 2019. En los tribunales contencioso administrativo se tramitan 259 recursos de 6.000 particulares contra el FROB por la resolución.

Además, los inversores mexicanos, consejeros del Popular, han llevado a España ante la corte de arbitraje internacional donde le reclaman los 470 millones perdidos. Estos inversores también han denunciado al Santander en Nueva York, y le piden documentos confidenciales sobre la compra. Por último, los grandes accionistas internacionales han denunciado a la JUR ante el Tribunal de Luxemburgo pidiendo la nulidad de la intervención por considerarla una expropiación.