El BCE culpa a la cúpula del Popular de la liquidación del banco

El BCE ha realizado un ejercicio de transparencia y, en pleno agosto, ha publicado este martes una parte del informe que sirvió para liquidar la entidad que presidía Emilio Saracho y que fue luego vendida al Santander por un euro. Según indica en una nota el eurobanco, la publicación de este documento, que borra las partes más confidenciales, es “una excepción a la política general de comunicaciones del BCE, que de acuerdo con la ley, no prevé la publicación de decisiones individuales de supervisión que están protegidas por las reglas de secreto profesional”.

¿Y por qué rompe con su tradición de no desvelar este tipo de papeles? Por una parte, el BCE ha recibido diversas peticiones de información sobre la decisión de cerrar el Popular, incluyendo varias preguntas de parlamentarios europeos. De hecho, a la vez también ha divulgado los mismos exámenes que el BCE practicó a los dos bancos italianos del Véneto que acabaron liquidados y, a continuación, colocados por un euro a Intesa Sanpaolo.

No obstante, la publicación de este informe parece ir más allá. Una entidad puede ser liquidada por muchas razones, desde unos niveles de capital insuficientes hasta una cobertura de liquidez baja, pasando por la incapacidad para hacer frente a unos pagos o la falta de viabilidad de su plan de negocio. Esta versión del informe ofrece, sin embargo, una relación de hitos en la que, uno tras otro, se propició una escalada de despropósitos hasta el punto de acabar con una fuga de depósitos que volvió inviable al banco. Y todos esos hechos señalan a la gestión que hizo la cúpula del Popular y el ruido mediático que se creó en torno a la entidad.

Cómo se mató al banco

El BCE detalla fecha por fecha la crónica de cómo se mató al banco. En febrero, la entidad realizó unas provisiones extraordinarias de 5.700 millones, declaró en consecuencia unas pérdidas de 3.485 millones y sustituyó al presidente Ángel Ron por Saracho, procedente de JP Morgan. Estos anuncios provocaron que la agencia DRBS rebajase el rating el 10 de febrero y causaron “una preocupación significativa” entre los clientes, que se plasmó en “una inesperada retirada de depósitos” y “una alta frecuencia de visitas a las sucursales”, dice el documento que sirvió para evaluar la liquidación.

El 3 de abril, la entidad informó de dos cosas: unas auditorías internas que modificaron los resultados, y el reemplazo del consejero delegado, Pedro Larena, después de haber estado menos de un año en el cargo. Eso disparó una nueva oleada de salidas de depósitos aun más fuerte. Y a partir ahí todo recrudeció las fugas de dinero: el 7 de abril, S&P recortó la calificación crediticia. El 10 de abril, Saracho anunció que el banco necesitaba una ampliación de capital o una operación corporativa. Y el 21 de abril Moody’s también bajó el rating. Para colmo de males, el BCE identifica en su relato “la continua cobertura negativa de la prensa”. Y pone como ejemplos concretos dos artículos del diario digital El Confidencial publicados el 11 y el 15 de mayo. En ellos se contaba que Saracho había encargado la venta de la entidad y que una inspección del BCE había exigido más provisiones.

Curiosamente, el informe no menciona explícitamente a la presidenta del Mecanismo Europeo de Reestructuración Bancaria, Elke König, cuyo entorno supuestamente declaró a la agencia Reuters que se había puesto bajo “alerta temprana” al Popular. Debido a esas afirmaciones del 31 de mayo, las acciones de la entidad se desplomaron un 6% en un solo día. Una semana más tarde, el banco tuvo que ser liquidado. No obstante, el BCE reconoce que “los depósitos perdidos desde el 31 de mayo son particularmente relevantes, una vez se reveló en los medios que el banco podría enfrentarse a un cierre si el proceso en marcha de venta no fructificaba en el corto plazo”. Es decir, admite el fiasco que supusieron esas declaraciones.

El supervisor se cubre las espaldas

A pesar de que la entidad había tomado medidas para reforzar la liquidez, “los flujos esperados eran insuficientes”, explica el documento. Incluso con la línea de liquidez extraordinaria del Banco de España (ELA), no bastaba para “asegurar la habilidad de la entidad supervisada para hacer frente a sus pasivos el 7 de junio”, señalan los inspectores que analizaron el Popular para el Consejo del BCE. Y estos añaden: “Tiene unas opciones muy limitadas de obtener financiación vía mercado o mediante operaciones del banco central”.

El análisis explica, además, que el Popular estaba intentado culminar una venta del banco. Sin embargo, se considera que “la transacción no ocurrirá en un plazo previsible que permita a la entidad pagar sus deudas”. Dadas “las excesivas salidas de depósitos, la rapidez con la que se está perdiendo liquidez y la incapacidad de la entidad de generar más liquidez, existen elementos objetivos que indican que la entidad supervisada será probablemente en el futuro próximo incapaz de pagar sus deudas u otras cargas. Por ello, se estima que la entidad caerá o es probable que lo haga en el futuro próximo de acuerdo con la legislación”, remacha.

Es más, se dice abiertamente que la entidad ha comunicado al BCE que el propio consejo del Popular ha concluido que el banco es “probable que quebrase”. E incluso cita que se tiene el comunicado que la entidad remitió con esa información al supervisor. O sea, que el BCE con ello se cubre perfectamente las espaldas de cualquier responsabilidad aneja.

Por último, el informe pone una foto con datos de cómo estaba el Popular el 6 de julio. Y no aparece mucho peor que otras instituciones financieras que no han sido liquidadas. De la lectura del texto se desprende que una mala gestión alimentó el pánico que hizo insostenible la entidad. En definitiva, el Popular fue víctima de un pánico bancario, algo que según los expertos puede tumbar hasta al banco más solvente. Ahora falta por conocer el informe que hizo Deloitte al Mecanismo Europeo de Reestructuración y que se usó también para justificar la liquidación. De momento, la institución europea se niega a publicarlo.