El Popular pagó 5,5 millones a cinco directivos antes de quebrar

El Santander, a través de la memoria del Banco Popular de 2017, ha publicado lo que cobraron sus principales directivos hasta su quiebra. Entre los cinco principales, donde destaca el expresidente Emilio Saracho, con 4,47 millones, cobraron 5,5 millones. Además, Saracho, y los exconsejeros delegados Pedro Larena e Ignacio Sánchez-Asiaín, tenían derechos de pensiones por 1,5 millones, aunque cobrarán 286.000 euros. El Santander inyectó 13.000 millones en liquidez en el Popular, para frenar la fuga, y aún no ha recuperado 1.500 millones.

A lo largo de 241 páginas, el Santander explica con detalle sus actuaciones en el Popular desde el 7 de junio de 2017, fecha en la que tomó el control el banco, cuyas pérdidas definitivas ha cifrado en 13.594 millones.

 Los miembros de la alta dirección cobraron 5,5 millones hasta junio de 2017. Además de los 4,47 millones del expresidente Saracho —cuatro millones de prima de fichaje—, Pedro Larena, ex consejero delegado, obtuvo 365.000 euros, —además 1,36 millones percibidos en 2016—, Francisco Aparicio, secretario del consejo, 303.000 euros; Ángel Ron, expresidente, 218.000 euros y 144.000 euros para Ignacio Sánchez-Asiaín.

Sobre los derechos de pensiones, que suman 1,5 millones entre los de Saracho, Larena y Sánchez-Asiaín, cobrarán finalmente 286.000 entre los tres. Esta es la cantidad que ha calculado el Santander, ajustando sus contratos al tiempo que estuvieron trabajando y teniendo en cuenta la situación del Popular.

Esta rebaja es pequeña si se tiene en cuenta lo que el Santander reclama a los que precedieron a Saracho, que suma casi 25 millones. La entidad presidida por Ana Botín ha demandado ante los tribunales a Mapfre, aseguradora con la que tiene contratado Ángel Ron el pago de su prejubilación, para que impida el cobro de 12,8 millones por este concepto. Una parte, que ya está cobrada, deberá devolverla. El Santander entiende que, según la legislación bancaria europea, esta cantidad es una paga variable y una entidad con pérdidas no puede ofrecer retribución variable. Una vez jubilado, Ron dispondrá de 12,4 millones que no le reclama el Santander.

A Francisco Gómez, que fue consejero delegado hasta julio de 2016 —año en el que percibió 1,9 millones como retribución e indemnización por salida— el Santander le reclama los nueve millones de prejubilación, también cobrados en parte.

Al secretario del consejo, Francisco Aparicio, se le ha congelado el pago de 1,05 millones que tenía pactado por prejubilación. Por su parte, Saracho renunció a 1,5 millones que había pactado cobrar a su salida. Larena y Sánchez-Asiaín también tenían indemnizaciones por despido que el Santander ha decidido no pagar por la situación del Popular. Larena ha demandado al Santander.

Inyección de liquidez pendiente

Por otro lado, el Santander inyectó 13.000 millones para frenar la fuga de depósitos. De este dinero ha recuperado todo menos 1.500 millones. En la memoria dice: "Tras la resolución y posterior compra por Banco Santander, la situación de liquidez quedó restablecida: en un primer momento con la aportación el mismo día 7 de junio por Banco Santander, de un depósito de 13.000 millones de euros, que posteriormente, tras la ampliación de capital de 6.880 millones de julio de 2017, la recepción de un depósito subordinado de 750 millones y considerando la evolución del negocio en el segundo semestre, ha quedado al cierre de diciembre en 1.500 millones de euros".

La memoria también refleja que el Popular pidió, en forma de crédito al BCE —denominada TLTRO— 23.200 millones hasta diciembre de 2017, frente a los 16.000 millones solicitados a finales de 2016. Esta fue otra búsqueda de liquidez indirecta que, al finalmente, no fue suficiente para salvar al Popular.