El Fondo cree que el ‘caso Popular’ obliga a mejorar la liquidez de emergencia

Toque de atención por el caso Popular y las recetas económicas de siempre para España. El informe del Fondo cita a la economía española nada menos que en una veintena de ocasiones, para dejar un puñado de mensajes rotundos. Uno: España es, junto con Alemania, el motor de la recuperación europea. Dos: el alto endeudamiento la convierte en una economía muy vulnerable si la crisis vuelve por sus fueros. Tres: el Gobierno tiene un espacio fiscal muy limitado para cometer rebajas de impuestos. Cuatro: España debería acometer una nueva reforma laboral para mejorar las inexistentes políticas activas de empleo y, sobre todo, reducir la brecha entre los contratos temporales y los fijos. Con una coda final: la resolución del Popular, que contrasta con la de los bancos italianos del Véneto, debería tener consecuencias para el marco de resolución de entidades bancarias.

Popular no tan popular. El FMI destaca que la liquidación y venta al Santander por un euro se hizo sin ayudas de Estado, mientras que en Italia Monte dei Paschi, Véneto Banca y Popolare de Vicenza supondrán una factura de hasta 22.500 millones para el contribuyente. Subraya que en el caso del Popular se rascaron el bolsillo los accionistas y los poseedores de deuda de pero calidad, que absorbieron pérdidas por valor de 4.000 millones. Pero el Fondo destaca, a pesar del supuesto éxito de todas esas operaciones a juzgar por el análisis de las instituciones europeas, que Europa debería aprovechar la revisión de la Directiva de resolución bancaria para "eliminar barreras de cara a una resolución y liquidación de bancos más eficiente". Para el Fondo, solo debe haber ayudas estatales "en las entidades sistémicas, sin ambigüedades", y reclama la creación de una red de seguridad con el fondo de garantía de depósitos común y un respaldo fiscal al fondo de resolución que siguen bloqueados por Berlín. El caso Popular deja varias lecciones. Para el FMI, "hay que mejorar la interacción entre la liquidez de emergencia o los fondos garantizados por el Gobierno cuando se dan situaciones de una entidad "en quiebra o cerca de la quiebra", como decretó el BCE en el caso de la entidad española. El propio Fondo apunta que el Popular "no tenía suficiente colateral [avales para conseguir la liquidez de emergencia] elegible", pese a tener un activo de unos 150.000 millones. El Fondo concluye que hay que afinar "la información sobre la calidad de los activos". Y añade que la solución italiana deja claro que hay que mejorar los "procesos de recapitalización por motivo precaución" y los procesos de liquidación, que en Italia permitieron excepciones en la utilización de las ayudas de Estado.

Recuperación, pero ojo. El FMI deja claro que la recuperación de la eurozona se debe al empuje de Alemania y España, frente a la debilidad del crecimiento en Italia. Pero inmediatamente añade que los países más endeudados, y España es uno de ellos tanto en la deuda pública como en la deuda privada y la exterior, pueden tener serias dificultades en el próximo arreón de la crisis, cuando suban los tipos de interés o el BCE empiece la retirada de estímulos. El Fondo apunta que países como España, Francia, Portugal o Italia "tienen un espacio fiscal muy limitado", por lo que sugiere que no es buena idea subir impuestos: "Los países con poco margen fiscal deberían aprovechar el entorno de bajos tipos de interés para reconstruir sus amortiguadores fiscales", apunta la entidad que dirige la francesa Christine Lagarde.

Enésima reforma laboral. Las recetas específicas del Fondo para España se mantienen invariables al menos desde los años noventa. En particular, la necesidad de una nueva reforma laboral: el Fondo apunta que España debe asegurarse de que los sueldos crecen en línea con la productividad, y para ello recela de la negociación colectiva a nivel de sectores. Y pide políticas activas de empleo y sobre todo "reducir la brecha de protección entre los trabajadores fijos y los temporales", el objetivo declarado de las tres reformas laborales aprobadas desde que empezó la crisis. El FMI reclama también una mayor liberalización de las profesiones reguladas, y la aplicación de la ley de unidad de mercado. Y deja alguna que otra sorpresa adicional: pide una auditoría sobre la eficiencia del sistema judicial. Y reclama que España siga reduciendo los costes energéticos "y no invierta en infraestructuras energéticas hasta que haya pagado la deuda con el sector energético".