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El Popular cesa al consejero delegado por la crisis del banco

La entidad obtiene 93 millones hasta junio, un 50% menos, por la morosidad

El Banco Popular no ha dejado atrás la crisis inmobiliaria, pese a que ya han pasado ocho años. La enorme inversión en el ladrillo durante la burbuja ha lastrado las cuentas y ha hundido la cotización. Tras ampliar capital, por segunda vez, en 2.500 millones, la entidad ha radicalizado su estrategia de venta de activos inmobiliarios y ha decidido cambiar al consejero delegado, Francisco Gómez, al que agradecieron su labor en la entidad, tras tres años en el cargo.

El banco le sustituirá por Pedro Larena, que trabajó en Caja Madrid, Banesto, donde fue director general de banca minorista; en 2009 fue fichado por Deutsche Bank para dirigir sus negocios de banca de particulares en Europa.

Este viernes no ha presentado los resultados Gómez, como es habitual, sino el director financiero, Francisco Sancha, que ha afirmado que el cambio de consejero delegado no ha estado auspiciado por el Banco de España ni por el Banco Central Europeo (BCE). Sin embargo, otras fuentes han apuntado que los supervisores han pedido medidas drásticas a la entidad, incluidas en el gobierno corporativo. También se le ha preguntado si el consejo había pedido el cese del presidente, Ángel Ron, que lleva en el cargo desde 2004, algo que ha negado: “Cuenta con un respaldo total” tras el “éxito” de la ampliación de capital; “ha presentado un plan hasta 2018 y se ha aceptado”, lo que supone un aval, ha comentado.

No obstante, otras fuentes financieras han comentado que el consejo cuestionó el papel de Ron en la crisis, aunque al final no se pidió su marcha.

Popular ha presentado este viernes “una nueva etapa” en la que ha separado el negocio principal (que gana 577 millones) y el inmobiliario (que pierde 483 millones) para ganar en rentabilidad, eficiencia y generación de valor para el accionista. “Se abre una nueva etapa que tiene como principal aspecto la gestión especializada de estos dos negocios. Así se piensa en una nueva estructura con un perfil directivo diferente que complemente a otros que ya están en el banco”, ha apuntado el director financiero.

En esta nueva etapa, el banco acelerará la venta de créditos y activos inmobiliarios. El Popular ha dicho tener 11.150 millones en bienes adjudicados por impagos, así como 7.296 millones en créditos dudosos. Cuenta con 10.056 millones en provisiones para hacer frente a los quebrantos durante su venta.

Algunos expertos han criticado que no diera información histórica de estas dos divisiones ni la tasa de morosidad del negocio inmobiliario.

El banco ha justificado estos cambios para reducir gastos y elevar la productividad en un entorno “fuertemente presionado por el entorno de tipos”. La entidad destinará 375 millones para el cierre de oficinas y reducción de plantilla, pero no ha especificado las cifras exactas.

A cierre de junio, la entidad contaba con 1.900 oficinas distribuidas por toda España y cerca de 13.400 empleados.

Al cierre de primer semestre, el ratio de capital fully loaded, es decir, con las exigencias que llegarán en 2019, fue del 13,55%, muy por encima del mínimo requerido. El Popular inicia una nueva etapa en la que, en opinión de los analistas, se juega su futuro como entidad independiente.

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