Popular, dudas sin resolver

El Banco Popular fue vendido por un euro al Banco Santander en junio de 2017 debido al riesgo de quiebra asociado a una falta muy grave de liquidez provocada por una fuga continuada y masiva de depósitos. La Junta Única de Resolución (JUR) europea y el Gobierno se felicitaron por la rapidez con que se resolvió la crisis y porque no hubiese costado dinero público. Pero la desclasificación de algunos documentos de la operación ha revelado que el informe sobre valoración del banco encargado a Deloitte se elaboró en apenas doce días, cuando un análisis de situación fiable requiere como mínimo seis semanas; que Deloitte advirtió que en su valoración no había podido contar con información crítica sobre el banco, y que su informe, entregado en marzo, era “provisional” y “altamente incierto”.

Las cautelas de Deloitte fortalecen la interpretación de los inversores y bonistas del Popular, afectados por la ampliación de capital de 2016, de que la venta pecó de precipitación. Y, desde luego, merecen una explicación por parte de la JUR. A falta de conocer el informe de valoración definitiva o la cuantía de las fugas de depósitos, sobre la venta del Popular pesan todavía algunas incógnitas que los liquidadores deberían ser los primeros interesados en aclarar del todo para defender la idoneidad de nuevos mecanismos de resolución bancaria.

La más importante es por qué un banco que la JUR consideró solvente (así lo declara el 5 de junio, días antes de la operación) no recibió liquidez por parte de los mecanismos europeos. La decisión es tanto más chocante cuanto que con posterioridad otras entidades italianas en peor situación que el Popular fueron rescatadas sin mayores remilgos y por métodos heterodoxos. Quizá la publicación de toda la información del caso aclare las dudas; hoy, la impresión dominante parece ser la de una operación justificada (los gestores colocaron a la entidad en una posición financiera crítica) pero quizá precipitada.