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Accionistas mexicanos del Popular demandan a España y reclaman documentación al Santander

Inversores capitaneados por Antonio del Valle exigen que se les devuelvan los 470 millones perdidos o recurrirán al arbitraje internacional

Un repartidor pasa por delante de una oficina del Banco Popular, en Barcelona.
Un repartidor pasa por delante de una oficina del Banco Popular, en Barcelona. EFE

Los accionistas mexicanos del Popular, que perdieron 470 millones con la quiebra, han pedido a España que les devuelva esta cantidad. De lo contrario, presentarán una demanda para que se decida en un arbitraje internacional. Antonio del Valle y otros accionistas creen que España es responsable del fin del banco porque empresas públicas retiraron el 40% de los depósitos, se actuó sin transparencia y se propició que se lo quedara el Santander sin valorar que había inversores dispuestos a acudir a una ampliación de capital que hubiera evitado su venta.

También han presentado demandas contra la Junta Única de Resolución (JUR), que dirigió la venta, ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Un tercer recurso ha sido presentado este martes por la tarde ante el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York, solicitando al Santander una serie de documento, que consideran claves y secretos para conocer qué es lo que realmente ocurrió los días antes del final del Popular.

Se trata de conocer, dice la demanda “cómo y por qué el Popular fue resuelto y vendido”. Se exige la información financiera del Popular para realizar una valoración, así como los documentos sobre “las peticiones de provisión de liquidez de emergencia, incluyendo las comunicaciones del Popular con el Banco de España y el rechazo de éste último a garantizar las cantidades de liquidez”. También se piden los papeles relativos a la decisión del la JUR y el FROB, “incluyendo el análisis de las medidas que habrían evitado cualquier resolución”. Por último se reclaman “las comunicaciones entre el Santander y el Gobierno de España relativas a la adquisición del Popular”.

Estos inversores piden se tome declaración oral “de uno o más testigos del Santander” relacionados con los temas antes mencionados, aunque no detalla sus nombres.

Cuanto más ricos son los accionistas perjudicados en una quiebra, mayor es su capacidad para presentar demandas nacionales e internacionales. En el final del Popular, que  perdió más de 13.000 millones en 2017, hubo algunos perjudicados con grandes patrimonios, que han contratado a caros abogados para reclamar en todos los foros. Además de Pimco, el mayor fondo de renta fija del mundo, otro grupo relevante de accionistas son los mexicanos, representados por Antonio del Valle, que fue consejero de la entidad. En enero pasado, este grupo notificó a España que le reclamaba los 470 millones y que si para junio no hay “un acuerdo amistoso, se someterá la reclamación a arbitraje internacional”.

Estos inversores trataron de fusionar el Popular con otras entidades sin éxito y promovieron el relevo del expresidente Ángel Ron, provocando inestabilidad en el consejo. Tras la salida de Ron llegó el 20 de febrero, Emilio Saracho, que pilotó el banco hasta el 6 de junio cuando perdió tanta liquidez que no pudo mantener abierta la entidad.

Trato de favor al Santander

Según el escrito de demanda, el Gobierno español es responsable porque "participó de manera activa en el proceso de toma de decisiones que finalmente condujo" a la venta del Popular al Santander por un euro, tras absorber 2.000 millones de sus recursos propios, que perdieron los accionistas y bonistas. Del Valle apunta que la rápida venta "se dirigió con el fin de asegurar el resultado predeterminado de dejar a Santander como el único licitador". "No otorgaron a licitadores que no fuesen el Santander ni tiempo ni información suficiente que les permitiese presentar una oferta dentro del plazo establecido", señalan en la demanda. Incluso reproducen supuestos párrafos de una carta en la que el BBVA dice desistir de la subasta por el Popular por falta de "información suficiente que permita analizar debidamente la operación". 

También señalan que "los funcionarios del Gobierno español, presuntamente, tuvieron negociaciones secretas paralelas con el Santander a la hora de tramitar y facilitar la venta del Popular, incluso antes de que la Comisión Europea o la JUR tomasen ninguna decisión en relación con la resolución del banco". No explican las pruebas que tienen para sostener esta afirmación. En otros casos apuntan a artículos periodísticos o documentos del FROB y la JUR.

Los inversores mexicanos creen que el Santander reestructuró su organigrama para asumir el Popular días antes de su compra y que preparó con una jornada de antelación la ampliación de capital de 7.000 millones con la que adquirió la entidad el 7 de junio.

Dicen que el Gobierno español retiró el 40% de los depósitos del Popular entre diciembre de 2015 y diciembre de 2016, además de que la Dirección General del Tesoro redujo su saldo en 4.000 millones. "Solo en la primera semana de junio, agencias del Gobierno retiraron más de 2.900 millones en depósitos", "lo que provocó que los depositantes entraran en pánico". Por último, responsabilizan al Ejecutivo de que el Banco de España no prestara 6.000 millones de liquidez a principios de junio, "con los que el Popular hubiera sobrevivido".

Del Valle y sus socios consideran que España violó múltiples garantías y protecciones del tratado bilateral de inversión entre México y España. (Tratado México – España) y bajo otras leyes internacionales aplicables.