Sánchez intenta sortear el bloqueo político y económico para rebajar los alquileres

Los alquileres en el centro de las grandes ciudades se han convertido en un problema. La irrupción de los alquileres turísticos y la reactivación del mercado inmobiliario han disparado las rentas.

La reforma que esgrime el Gobierno se enfrenta a dos escollos difíciles de soslayar: la falta de apoyos políticos y la incapacidad presupuestaria. En el plano político, el Gobierno se ve atrapado entre dos frentes. De un lado, Unidos Podemos quiere ir mucho más allá en la reforma para reducir los arrendamientos. Y de otro, socios como el PNV se oponen a un endurecimiento de la LAU.

Unidos Podemos está de acuerdo en volver al plazo de cinco años, pero con prórroga obligatoria de otros cinco años si el inquilino lo plantea. Tampoco le gustan la idea socialista de establecer un índice de precios del mercado para que los propietarios que alquilen a precios inferiores tengan derecho a las ayudas fiscales. El partido morado cree que esta vía sería ineficaz porque no influiría en las viviendas en manos de fondos de inversión (que consideran buitres), y si los que arriendan son personas físicas les puede compensar más subir los precios que unas exiguas ayudas fiscales.

Por eso, Unidos Podemos descarta las deducciones fiscales y propone introducir directamente un control regulado de los precios por los Ayuntamientos, siempre que estos decidan que es necesario aplicarlo para reducir en sus municipios el precio del alquiler. De esta forma, los propietarios no tendrán más remedio que sujetarse a ese índice si quieren alquilar sus viviendas.

Y si Unidos Podemos exige por la izquierda una reforma que vaya más allá, por la derecha el PNV está justo en el lado contrario. La formación vasca votó en contra de la proposición de Unidos Podemos y no se manifestó en apoyo de la iniciativa socialista para abaratar el alquiler cuando el Gobierno la vetó en el Parlamento el pasado marzo. Esa propuesta fue defendida por Beatriz Corredor, secretaria de Ordenación Territorial y Políticas Públicas de Vivienda del PSOE, encargada de llevar ahora las negociaciones, antes de que se plasme en un borrador de proyecto de ley en el Ministerio de Fomento.

Limitar las fianzas

En el tema presupuestario, el Gobierno de Pedro Sánchez está atado de pies y manos para aplicar cualquier deducción al menos hasta el año que viene, porque se ha comprometido a mantener los Presupuestos de 2018 elaborados por el Gobierno del PP de Rajoy.

El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, se ha mostrado partidario de introducir modificaciones en la LAU, pero no ha concretado cuáles. Por el momento, su departamento se ha limitado a aprobar el anterior plan de vivienda heredado del Ejecutivo anterior, sin que exista ningún borrador de uno nuevo que contemple esas reformas del alquiler aunque se esté trabajando en el mismo, según fuentes oficiales del ministerio.

La propuesta inicial del PSOE pasa porque la subida de la renta esté sujeta a la evolución del IPC, limitar las fianzas o avales adicionales en función de la renta de alquiler (por debajo de 750 euros, a un máximo de dos meses; entre 750 y 1.200 euros, tres meses y por encima de 1.200 euros, se tendrá que pactar entre las partes).

El planteamiento inicial del PSOE, preveía que los ayuntamientos fijarán un sistema de precios de alquiler de referencia por distritos, de forma que los propietarios que quieran beneficiarse de hasta un 60% de reducción en el IRPF del alquiler no podrían arrendar por encima de esos precios. La desgravación subiría un 10% más si se realizan obras para mejorar la eficiencia energética. Y llegará al 100% si además alquila la vivienda a jóvenes de entre 18 y 30 años con ingresos bajos.