La subida del precio de la vivienda en alquiler dispara los desahucios

Teresa Sarmiento tiene 68 años. Chilena llegada a España en 1988 y nacionalizada dos años después, vive en un piso en el barrio de Lavapiés desde hace 19 años. El próximo 1 de junio, si nadie lo remedia, deberá abandonar su hogar o se arriesga a ser desahuciada. En enero, la empresa que ahora es dueña de su edificio le expresó por burofax su “voluntad de no proceder a la renovación” del contrato de alquiler, que vence ese día. Según cuenta, hasta enero pagaba 310 euros al mes por su casa, una cifra que se iba actualizando año a año con el IPC. En el documento le informaban, además, que la renta pasaba a ser de 335,18. Entonces dejó de pagar la renta. En marzo le llegó otro burofax en el que le apremiaban a pagar los dos meses de alquiler y le reiteraban la fecha de salida. No ha habido llamadas ni ningún otro tipo de comunicación con la propiedad, ni le han dado opción de firmar un contrato por otra cantidad. Tampoco ha recibido ninguna notificación judicial, de momento.

“He buscado por todas partes, pero los precios son exageradamente altos y piden avales y fianzas…”, cuenta, al otro lado del teléfono. Con 68 años y una pensión no contributiva de 369,9 euros que complementa con pequeños trabajos esporádicos de atención a ancianos, a lo que se dedicó en su vida laboral, Teresa no puede pagar los 19,3 euros del metro cuadrado que cuesta el alquiler en el distrito centro de Madrid, el máximo desde 2007, según los datos del portal inmobiliario Idealista, que cifra en un 7,9% la subida del alquiler en la capital el año pasado. Dice que ha acudido a todos los servicios de ayuda sobre vivienda que conoce, sin éxito. Explica con poca convicción que quizá pueda recurrir a una amiga para alquilar juntas. “No tengo ni idea de lo que va a pasar el 1 de junio”, dice, resignada.

Estadística creciente

Teresa podría ser desahuciada. En ese caso, pasaría a engrosar la estadística de lanzamientos relacionados con la Ley de Arrendamientos Urbanos de 2018. Según el Consejo General del Poder Judicial, en 2017, se produjeron un total de 60.750 lanzamientos (cambios en la posesión de un inmueble; no todos los lanzamientos son desahucios, pero todos los desahucios son lanzamientos, recuerdan desde el CGPJ). De ellos, 35.666 derivaron de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), por 22.330 derivados de ejecuciones hipotecarias. Mientras que los primeros aumentaron un 4,3% respecto al año anterior, los segundos disminuyeron un 15,4%. En el último trimestre del pasado año, los datos eran aún más acusados: un aumento del 8,2% interanual en los relacionados con alquileres y un descenso del 20,1% de los hipotecarios. En Madrid y Barcelona, los lanzamientos relacionados con el arrendamiento rondan el 80%.

“Es evidente que esas cifras están relacionadas con el aumento de los precios del alquiler”, afirma tajante José Inwit, portavoz del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid. “Es fruto de la última modificación de la LAU [EN 2013], que permite que el propietario inicie el proceso de lanzamiento al primer impago”, denuncia. Beatriz Toribio, directora de estudios de Fotocasa, coincide en el análisis. “El sentido común me dice que hay una correlación entre el aumento de los lanzamientos y la subida del precio de los alquileres”, añade.

Otra estadística del CGPJ refrenda ese análisis: casi nueve de cada diez sentencias relacionadas con la Ley de Arrendamientos Urbanos por alquileres de vivienda habitual (no necesariamente finalizadas en lanzamiento) tienen que ver con “falta de pago de las rentas o de cantidades que se asimilan”.

Pese a la fuerte subida de los precios en el mercado de la vivienda en régimen de alquiler, que ha colocado a varios distritos de Madrid y Barcelona en niveles superiores a los que de 2007, justo antes de la crisis, Fernando Encinar, director del servicio de Estudios de Idealista, se niega a hablar de burbuja en función de los datos recopilados por su compañía. “No estamos ante un problema”, afirma, sino que ha aumentado el mercado del alquiler y por eso aumenta el número de impagos. “Los que hoy se sienten expulsados, probablemente fueran los expulsadores hace unos años”, argumenta.

En el análisis que hace el directivo de Idealista, el mercado ha crecido por varios factores: un cambio de mentalidad que hace que cada vez más gente contemple otras alternativas a la vivienda en propiedad, la dificultad actual para conseguir una hipoteca, a diferencia de los años previos a la crisis (“pocos hoy pueden juntar el 30% del precio de la vivienda que se exige para empezar”, asegura). A esta alta “demanda brutal” se añade la escasa oferta en algunas zonas, como los centros de Madrid o Barcelona y la “profe[EN 2013]sionalización del alquiler”, con la entrada de empresas o fondos de inversión o de capital riesgo que buscan la rentabilidad que ofrece un mercado floreciente.

Una de esas empresas se hizo con el edificio de la calle San Benito (Madrid) donde vivía desde hace 10 años Emmy Fierro, de 40 años. Pagaba 750 euros por su piso de algo más de 50 metros cuadrados, pero hace unas semanas le avisaron de que expiraba el contrato. No le dieron la opción de negociar, pero unos días después vio anunciado su piso en un portal inmobiliario por un precio de 1.050 euros al mes. Ya ha encontrado otro; eso sí, por 950 euros al mes. “Lo que hay por menos de 800 euros al mes en Madrid son zulos de 20 o 30 metros cuadrados o pisos sin reformar”, explica.

Cambios legales

En este sentido, Inwit vuelve sobre la reforma que se introdujo en la ley de alquileres en el año 2013, que rebajó de cinco a tres años el periodo prórroga obligatoria del contrato, y denuncia que esta modificación “solo atendía a las necesidades e intereses de los grandes tenedores de casas, los bancos, para que rentabilizaran las viviendas con una mayor rotación de los inquilinos”. “¿Qué proyecto de vida se puede hacer si te pueden echar de una casa a los tres años?”, se pregunta.

Por eso, el sindicato de inquilinos de Madrid, junto con el de Barcelona, acudió esta semana al Congreso para trasladar a los partidos —excepto al PP y el PNV, que no les recibieron— una serie de medidas, entre ellas que la duración mínima de los contratos de alquiler sea de seis años, 12 en caso de “grandes propietarios” (con más de seis viviendas), que la renovación de los contratos sea automática salvo que el dueño o un familiar necesite la casa o que las rentas se actualicen según un índice vinculante. Una propuesta de Podemos con medidas similares fue rechazada el jueves.

Por el momento, pues, nada que contenga los precios de los alquileres, salvo el propio mercado. Según Encinar, este ya está “tocando techo” en los grandes mercados (Madrid, Barcelona y alguna que otra gran ciudad española) y añade que la “buena noticia” de que el fenómeno de los pisos turísticos, con las últimas reformas, especialmente la de Hacienda, que eliminará desgravaciones a los dueños de estos alojamientos, va a dejar de presionar los precios al alza. “Estamos a punto de dejar de hablar de ello”, sostiene. Toribio, de Fotocasa, opina que aún seguirán subiendo los precios del alquiler en general, pero menos, y que en algunas zonas “ha tocado techo”. “Los precios se están calmando porque la gente no puede pagar más”.