España y cinco países de la UE firman una declaración contra el recorte de las ayudas agrarias

Representantes comunitarios pertenecientes a seis países del sur y del norte de la Unión Europea han suscrito una declaración en la sede de Atocha por la que lamentan la propuesta de la Comisión de reducir el presupuesto para la Política Agrícola Común (PAC). Además, solicitan un aumento del mismo a los niveles actuales para responder así a los retos económicos, medioambientales, del cambio climático y sanitarios tanto en las asignaciones de las ayudas directas como para el desarrollo rural. El documento, que ha sido impulsado por los ministros de Agricultura de Francia, Stéphane Travert; de Portugal, Luis Capoulas; de Irlanda, Michael Creed; el Secretario de Estado de Finlandia, Jari Partanen; el secretario de Agricultura griego, Charalampos Kasimis; y la ministra española de Agricultura, Isabel García Tejerina, se halla abierto a la incorporación de otros Estados miembros.

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Así, García Tejerina confía en que en las negociaciones que se celebren en los próximos meses se logre mejorar la propuesta, como ya sucedió en la reforma de 2014 cuando se partía de una posición aún más negativa al actual. Los ministros de los seis países coinciden en destacar la importancia de una PAC fuerte y con recursos para asegurar la viabilidad de las explotaciones comunitarias por el peso importante de las ayudas en el sostenimiento de los niveles de rentas de agricultores y ganaderos —hoy todavía muy inferiores a la media de otros sectores—, por su importancia para los consumidores al disponer de una alimentación de calidad y segura a precios razonables, así como por su papel para el sostenimiento del medio rural.

Además, reconocen la necesidad de la UE de apoyar otras actuaciones, pero se oponen a que se ponga en peligro una PAC que ha sido un pilar fundamental en la construcción europea y más en este momento cuando el sector agrario debe hacer frente a nuevos desafíos. La propuesta inicial de la Comisión para el nuevo marco financiero de la UE entre 2021 y 2027, contempla una aportación de los Estados miembros del 1,11% de su Producto Interior Bruto (PIB) frente al 1,03% que se aplicó en el periodo anterior y al 1,3% que se demandaba desde las organizaciones agrarias.

En base a las disponibilidades previstas en ese nuevo marco financiero, consecuencia también del agujero de unos 12.000 millones de euros que ha supuesto la salida del Reino Unido y la decisión comunitaria de destinar más fondos a otras actuaciones como la seguridad, la defensa, la innovación, los jóvenes o el empleo, los fondos para la PAC se reducirían globalmente en un 5% en moneda corriente pasando a suponer solamente el 30% de los gastos comunitarios frente al 37% actual y más del 50% que significaban hace dos décadas. En este caso, si se contempla el efecto inflacionista, a razón del 2% anual que se baraja oficialmente en la UE, el volumen de apoyos reales a la política agraria caería casi un 17%. En el periodo de 2014 a 2020 el presupuesto fue de 286.451 millones para mercados y ayudas directas y otros 94.382 para desarrollo rural.

Ante un previsible ajuste de los fondos, en principio se habría descartado una política de cofinanciación con los Estados miembros en las ayudas directas. Sin embargo, desde la propia Comisión, en los proyectos de reglamento sobre la reforma de la PAC ya se han marcado algunas líneas para una mejor distribución de los mismos. En estos destaca la posibilidad de establecer un techo de 60.000 euros por petición y además, reforzar las condiciones que deben reunir los considerados activos, es decir, personas que además de tener una actividad real, sean lo que se denomina agricultores genuinos porque viven de la agricultura o la ganadería.