El Gobierno ultima un decreto para prorrogar el crédito de las pensiones

El pasado viernes, la Seguridad Social utilizó 7.792 millones de euros para abonar la paga extraordinaria de Navidad que cobran los pensionistas. De esta cantidad, unos 3.586 millones procedían de la conocida como hucha de las pensiones. Y el resto, otros 4.206 millones, los cogió de un préstamo de 10.192 millones suscrito por el Gobierno este año para ayudar a sufragar estos pagos en 2017.

Tras retirar ese dinero, el préstamo queda agotado y en el Fondo de Reserva de las pensiones solo restan recursos para abonar una sola paga extra más. Pero el Gobierno ya tiene listo el plan para garantizar las prestaciones.

El Ejecutivo de Mariano Rajoy se dispone a renovar el préstamo mediante el decreto de prórroga, según explican fuentes gubernamentales. De esta forma, dispondrá de un colchón de liquidez extra para pagar las pensiones en caso de necesidad. Es previsible que la Seguridad Social no requiera tirar de este crédito hasta la paga extra del próximo julio. Para entonces, el Gobierno ya espera contar con el nuevo Presupuesto de 2018 que contará con alguna que otra ayuda para sufragar las pensiones.

Pero para aprobar las cuentas necesita el apoyo del PNV. Y en caso de que la situación política no se despeje tras las elecciones autonómicas en Cataluña el próximo 21 de diciembre, podría encontrar dificultades para sacar adelante los Presupuestos. Para ese caso tendrá listo el préstamo de 10.192 millones gracias al decreto de prórroga.

La situación financiera de la Seguridad Social es preocupante. Encadena déficits consecutivos desde 2011. Y la hucha de las pensiones que llegó a contar con 66.815 millones de euros de margen casi se ha evaporado en los últimos siete años. Ya solo quedan 8.095 millones, el equivalente a una paga extra. Aunque los pagos mensuales de las pensiones se financian con lo que recauda la Seguridad Social cada mes con las cotizaciones de los trabajadores, cada vez que hay que hacer frente a la paga extra se produce un agujero. Los partidos políticos llevan meses negociando en el ámbito del Pacto de Toledo una solución que permita taponar la brecha.

Los gastos del sistema de las pensiones son crecientes: los nuevos jubilados cobran de media más que los que causan baja por fallecimiento. No obstante, el brío con el que se recupera el mercado laboral servirá solo como una solución cortoplacista. Ya que permite aumentar la recaudación casi un 5% al año, pero muchos de los nuevos trabajadores son precarios con bajas cotizaciones.

Las perspectivas económicas apuntan a una mejora del mercado laboral, lo que debería contribuir a inyectar cada vez más recursos a la Seguridad Social. De esta forma, se podrá ir reduciendo el desequilibrio entre gastos e ingresos del sistema.

El Gobierno espera que este año la Seguridad Social termine con un desfase próximo a los 18.000 millones, el equivalente al 1,6% del PIB. El próximo agujero será menor por la mejora del mercado laboral. Las perspectivas oficiales del Gobierno para 2018 reducen los números rojos al 1,1% del PIB, equivalente a 13.400 millones de euros.

Subida del 0,25%

En el decreto de prórroga también se incluirá la subida del 0,25% de la prestación a los jubilados, siguiendo la estela de lo aprobado este mismo año. Este aumento es el resultado de aplicar el índice de revalorización de las pensiones —que calcula el aumento en función del estado de las cuentas de la Seguridad Social de los últimos cinco años y las proyecciones para los cinco siguientes—. En cualquier caso, el Gobierno no descarta algunas subidas adicionales de prestaciones para algunos colectivos específicos.

Este aumento de las pensiones, además, conllevará una pérdida de poder adquisitivo porque el Ejecutivo calcula que los precios, que marcan la evolución del coste de la vida, se incrementarán alrededor de un 1,6% el próximo año.

En el Gobierno son conscientes del problema de la Seguridad Social, pero lo afrontan con cierta cautela. “El sistema de pensiones está garantizado con el total de ingresos públicos”, insisten en Hacienda. En el ámbito del Pacto de Toledo que se discute en el Congreso se ha hablado de varias alternativas como establecer algún tributo que ayude a llenar las arcas de la Seguridad Social o a sacar del sistema algunas prestaciones como las de viudedad u orfandad, que serían financiadas con otros recursos públicos.

Pero el Gobierno del PP fía la recuperación del sistema a la creación de empleo y al aumento del número de cotizantes. El problema llegará en los próximos años cuando empiece a jubilarse la generación del baby boom. Para entonces se debería haber alcanzado un acuerdo que aporte más ingresos. En caso contrario, los gastos del sistema desbordarán los ingresos y el déficit público de la Seguridad Social estará descontrolado.