Selecciona Edición
Conéctate
Selecciona Edición
Tamaño letra

Bruselas analiza el encaje legal del decreto contra el cierre del carbón

El ministro de Energía quiere aprobar una norma que impida el cierre de centrales eléctricas si esto influye en la factura de la luz

Madrid / Bruselas

La Comisión Europea ha decidido analizar de oficio el real decreto que el ministro de Energía, Álvaro Nadal, pretende aprobar para impedir el cierre de centrales eléctricas —entre ellas las que se alimentan de carbón— si esto influye en la factura de la luz. La Dirección General de Energía europea ya “está estudiando” su encaje legal con la normativa comunitaria, señalan fuentes de la Comisión. Nadal ha intentado sumar el apoyo del PSOE a esta norma, que se ha negado a apoyar el polémico decreto que contempla subastar las centrales.

El comisario de Acción por el Clima, Miguel Arias Cañete
El comisario de Acción por el Clima, Miguel Arias Cañete EFE

El intento de Nadal por impedir el cierre de centrales térmicas de carbón —las que más CO2 emiten en España al generar electricidad— ya metió en un aprieto al Gobierno en la última Cumbre del Clima, celebrada en Bonn este mes. España se quedó fuera de la alianza —en la que estaban Francia, Reino Unido e Italia, entre otros— que abogaba por la clausura de estas instalaciones por el impacto en el cambio climático.

Mientras se celebraba esa cumbre, Iberdrola anunció su intención de cerrar las dos últimas térmicas de carbón que le quedan a España: Lada (Asturias) y Velilla (Palencia). Se lo comunicó al Gobierno. Y el Ministerio de Energía respondió con el real decreto para impedir el cierre de estas instalaciones si el fin de una térmica tiene incidencia en el precio de la electricidad. La norma contempla incluso subastar una central si su propietario no quiere seguir operándola. En España ya existe un mecanismo para la clausura de las centrales, en el que se tiene en cuenta para denegar o permitir los cierres la seguridad del sistema. Pero Nadal quiere ir un paso más allá incluyendo esa incidencia en el precio de la luz. Argumenta el ministerio además que la planificación energética es algo que compete al Gobierno y no a las empresas.

Tras conocerse las intenciones del Ejecutivo español, la Dirección General de Energía de la Comisión Europea —dependiente de la Comisaría de Acción por el Clima y Energía que dirige el español Miguel Arias Cañete— ha decidido estudiar de oficio el encaje legal de esta norma, que aún no se ha aprobado.

Iberdrola, en sus alegaciones al real decreto de Nadal, apuntaba a que impedir el cierre de las centrales de carbón iría en contra de la normativa europea. En el llamado paquete de invierno —la planificación de la Comisión para la implantación de las energía limpias para la próxima década que se está negociando— se apunta a que no deben existir "barreras injustificadas para la entrada y salida del mercado" de generación de electricidad.

El Ministerio ya ha enviado el decreto a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que tiene que estudiar la norma. Si sale adelante, también que tendrá que pasar el examen del departamento del comisario europeo Miguel Arias Cañete, que ya conoce el borrador del decreto. Además de los hipotéticos choques con la normativa europea, fuentes del sector apunta a los problemas y contradicciones en los que podría incurrir el real decreto respecto a la ley del sector eléctrico, una norma que es de rango superior.

El PSOE cree que la norma se hace para las nucleares

El ministro Álvaro Nadal lleva intentando meses sacar adelante esta norma para evitar el cierre de las centrales, para lo que ha intentado sumar al PSOE. Su intención era no tener que recurrir a un real decreto —que se aprueba en el Consejo de Ministros— sino a un real decreto ley, que es de mayor rango y debe contar con el aval del Congreso.

Tras meses de negociaciones entre el ministro y el PSOE, en las que los socialistas propusieron que se dejara este asunto para el próximo año —cuando ya se cuente con los borradores de la futura ley de cambio climático y transición energética—, el partido de Pedro Sánchez rechazó dar su apoyo al entender que el cierre de las centrales de carbón ya está regulado, señalan fuentes de esta formación.

El PSOE no cree que el real decreto que impulsa el ministro tenga como objetivo el carbón. Fuentes socialistas sostienen que ya existe un mecanismo para el cierre de estas térmicas. En su opinión, lo que persigue el ministerio es poner en marcha un sistema de pagos por capacidad para que las compañías eléctricas sigan operando las centrales nucleares, que no reciben actualmente ese tipo de ayudas. El PP es partidario de que las nucleares no cierren al cumplir los 40 años, para las que fueron diseñadas en un principio. Los populares quieren que se vayan hasta los 50 o 60 años; pero los propietarios han alertado que ese negocio no resulta rentable.

El Foro Nuclear, que representa los intereses de este sector en España, ya pidió en mayo que se compensara a las centrales nucleares por garantizar el suministro estable de energía. Y habló abiertamente de que se las incluyera en algún sistema de primas o pago por capacidad. La falta de rentabilidad fue lo que llevó a Endesa e Iberdrola a renunciar a reabrir la central de Garoña a pesar de tener el apoyo del Gobierno.