Bruselas analiza el encaje legal del decreto contra el cierre del carbón

El intento de Nadal por impedir el cierre de centrales térmicas de carbón —las que más CO₂ emiten en España al generar electricidad— ya metió en un aprieto al Gobierno en la última Cumbre del Clima, celebrada en Bonn este mes. España se quedó fuera de la alianza —en la que estaban Francia, Reino Unido e Italia, entre otros— que abogaba por la clausura de estas instalaciones por el impacto en el cambio climático.

Mientras se celebraba esa cumbre, Iberdrola anunció su intención de cerrar las dos últimas térmicas de carbón que le quedan a España: Lada (Asturias) y Velilla (Palencia). Se lo comunicó al Gobierno. Y el Ministerio de Energía respondió con el real decreto para impedir el cierre de estas instalaciones si el fin de una térmica tiene incidencia en el precio de la electricidad. La norma contempla incluso subastar una central si su propietario no quiere seguir operándola. En España ya existe un mecanismo para la clausura de las centrales, en el que se tiene en cuenta para denegar o permitir los cierres la seguridad del sistema. Pero Nadal quiere ir un paso más allá incluyendo esa incidencia en el precio de la luz. Argumenta el ministerio además que la planificación energética es algo que compete al Gobierno y no a las empresas.

Tras conocerse las intenciones del Ejecutivo español, la Dirección General de Energía de la Comisión Europea —dependiente de la Comisaría de Acción por el Clima y Energía que dirige el español Miguel Arias Cañete— ha decidido estudiar de oficio el encaje legal de esta norma, que aún no se ha aprobado.

Iberdrola, en sus alegaciones al real decreto de Nadal, apuntaba a que impedir el cierre de las centrales de carbón iría en contra de la normativa europea. En el llamado paquete de invierno —la planificación de la Comisión para la implantación de las energía limpias para la próxima década que se está negociando— se apunta a que no deben existir "barreras injustificadas para la entrada y salida del mercado" de generación de electricidad.

El Ministerio ya ha enviado el decreto a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que tiene que estudiar la norma. Si sale adelante, también que tendrá que pasar el examen del departamento del comisario europeo Miguel Arias Cañete, que ya conoce el borrador del decreto. Además de los hipotéticos choques con la normativa europea, fuentes del sector apunta a los problemas y contradicciones en los que podría incurrir el real decreto respecto a la ley del sector eléctrico, una norma que es de rango superior.