Garoña asume el adiós de su central

La vida en el Valle de Tobalina, en la provincia de Burgos, sigue su curso tranquilo ajeno a la polémica. En una semana en la que el Gobierno anunció el cierre definitivo de la planta nuclear de Santa María de Garoña, en los pueblos de alrededor casi no se nota el adiós a su central. No es siquiera tema de conversación. “Es algo que estaba asumido. Este es un debate que ya se superó. No existe polémica desde 2012”, explica José María Martínez, alcalde pedáneo de Santa María de Garoña, a dos kilómetros de la central.

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Esta central ha vivido un fenómeno extraño. En los municipios con una central nuclear, la dependencia de sus vecinos con ella es extraordinaria. Sin embargo, en el Valle de Tobalina no existe este arraigo entre los vecinos, aunque sí haya una dependencia importante de las instituciones. “No hay repercusión porque la mayoría de los trabajadores viven fuera”, asegura Edesio Fernández, de 80 años, vecino de Quintana Martín Galíndez, capital del Valle.

El grueso de los trabajadores —379 en este momento según el comité de empresa— vive fuera de la comarca. La mayoría, en Miranda de Ebro y Medina de Pomar. A pesar de ello, los vecinos de la comarca solicitan una alternativa: “Es una pena que quiten la central. Tendrían que poner otra cosa porque solo con el turismo no da”, asegura una trabajadora de una gasolinera cercana a Garoña.

Desde las instituciones se hace hincapié en este aspecto. “Con el desmantelamiento se mantendrá la actividad durante unos años. Pero después no habrá nada. Necesitamos un plan de desarrollo desde ya”, reclama Raquel González, alcaldesa del Valle de Tobalina. La Junta de Castilla y León insiste en esto. “Urge la creación de un plan de reindustrialización para la zona, que ofrezca alternativas para la generación de riqueza y empleo”, aseguró en un comunicado.

Lo que ya se está produciendo es una pérdida de población. Un 10% según las instituciones municipales desde 2012. Una pérdida que comenzó antes del anuncio del cierre definitivo por la falta de alternativa para los trabajadores. Pedro San Millán, miembro del comité de empresa de Nuclenor —propietaria de la central participada al 50% por Iberdrola y Endesa—, niega que exista un acuerdo para los empleados. “Lo que dijo el ministro no es cierto. No tenemos ninguna garantía de futuro”, asegura.

Pese a todo, la central ha marcado a la zona. La instalación, abrazada por el río Ebro que casi la rodea por completo, paró su actividad en diciembre de 2012. Ese año generó solo el 6% de la electricidad de todo el sector nuclear. Esto indica el poco peso que tenía para el sector, como reconoció el ministro. Sin embargo, ha sido un motor económico indiscutible para la zona, que era ajena asimismo al debate nucleares sí o nucleares no.

Tras el anuncio, ahora queda por ver qué nivel de desmantelamiento se elige. Según Enresa, empresa pública que gestiona los residuos radiactivos, en las centrales de agua ligera como la de Garoña —la de Zorita también— se opta por el nivel 3. Es decir, la retirada total de las instalaciones y el reactor. Algo que llevará aproximadamente unos 12 años.

Las cifras sobre el coste del desmantelamiento no han trascendido todavía a la espera de detallar el proyecto. Fuentes de Nuclenor aseguran que la empresa provisionó unos 150 millones para hacer las labores previas al desmantelamiento (retirar el combustible gastado y acondicionar el emplazamiento). A esto habría que sumar unos 450 millones para el resto de las tareas, que lo asumirá Enresa. Una cifra elevada que se financiará con una parte de los impuestos que pagan las propias centrales.