El ‘milagro’ chileno, a revisión

Después de tres años de realizar los estudios de impacto ambiental correspondientes, la minera Andes Iron esperaba dar, a finales de agosto, el último paso para conseguir la aprobación de Dominga, un ambicioso proyecto de extracción de concentrados de hierro y cobre en la región de Coquimbo, al norte de Chile, que incluía la construcción de un puerto; y que está valorado en 2.500 millones de dólares. Pero en la última instancia de aprobación, un comité de ministros del Gobierno de Michelle Bachelet decidió rechazar el proyecto, en línea con las reclamaciones de distintos grupos ecologistas. Las diferencias dentro del Gabinete por esa decisión, para muchos tomada con criterios políticos y no técnicos, precipitaron la renuncia de los responsables de las carteras de Hacienda y Economía, algo inédito en un país que, desde el inicio de la democracia en 1990, se destacó por la estabilidad de los ministros de esa área.

El proyecto Dominga es el ejemplo al que recurren distintos analistas y empresarios para defender la visión de que Bachelet, que dejará La Moneda en marzo, no ha priorizado el crecimiento económico, estimado en 1,4% para 2017, y que ha tomado medidas e implementado grandes reformas que generaron desconfianza en los inversores. Llevada al extremo, la percepción es que en los últimos años Chile se ha desviado del modelo de mercado previsible y estable que le permitió alcanzar el mayor producto interior bruto (PIB) per capita de América Latina y ser el segundo, después de México, en entrar a la OCDE (el club de los países desarrollados) en 2010, tras dos décadas de crecer al 5% de media anual.

El país se encamina a ser, por cuarto año consecutivo, el de menor dinamismo de la Alianza del Pacífico (el bloque que integra junto a Perú, Colombia y México), con una tasa promedio de aumento del PIB del 1,8%. Y a pesar de que los fundamentos de la macroeconomía se mantienen sólidos y que la desaceleración se debió en gran medida a los bajos precios del cobre (que representa casi la mitad de las exportaciones), la sensación en Chile es que el alumno ejemplar ha perdido su ímpetu.

La idea de corregir el rumbo y volver a la senda del crecimiento es el eje de la campaña de Sebastián Piñera (presidente de 2010 a 2014), el candidato del centroderecha que lidera las encuestas de opinión con vistas a las elecciones presidenciales y parlamentarias del 19 de noviembre. El más reciente sondeo del Centro de Estudios Políticos, uno de los más valorados en Chile, le atribuye una intención de voto del 44,4%, más del doble que la del socialista Alejandro Guillier (19,7%), que se considera el continuador de Bachelet. La coalición Nueva Mayoría, que llevó al Gobierno a la presidenta y agrupa desde la Democracia Cristiana hasta los comunistas, acude dividida a los comicios. No se descarta que Piñera gane en primera vuelta, pero la esperanza de la izquierda es aglutinar el voto en una segunda jornada electoral, lo que la haría más reñida.

Para este sector político, un eventual triunfo del empresario constituye una amenaza al proceso de reformas impulsado por Bachelet para hacer frente a la gran deuda del modelo chileno: la mala distribución de los ingresos. El coeficiente de Gini ubica a Chile como el país más desigual de la OCDE y el séptimo en América Latina (detrás de Brasil, Colombia, Panamá, Honduras, Costa Rica y Paraguay). El Gobierno de Nueva Mayoría implementó cambios en materia laboral para reforzar el poder de negociación de los sindicatos, una reforma educativa centrada en la gratuidad de los estudios universitarios y una nueva legislación tributaria para aumentar la recaudación en tres puntos del PIB y financiar así los costes fiscales de las nuevas políticas.

Giro al centroderecha

Los analistas descuentan que un eventual giro a la derecha dará señales más favorables a la inversión y reforzará los pronósticos optimistas para la economía, que tendrá un crecimiento de entre 3% y 3,5% en 2018, según las distintas estimaciones, impulsado por las mejores perspectivas para la economía mundial. “Estamos en un punto de inflexión. El escenario de un precio del cobre en el rango de los 3,2 dólares (por libra) y un precio del barril de petróleo por debajo de los 50 dólares es óptimo para Chile (importador neto de hidrocarburos). A menos que haya algún gran sobresalto en el mundo, están dadas las bases para una actividad mucho mayor, incluso con un Gobierno de Guillier, ya que lo más determinante será la economía mundial”, afirma Guillermo Tagle, presidente del banco de inversión Credicorp Capital Chile.

Las condiciones de la economía mundial no fueron las mejores para Chile en los últimos años, pero el economista jefe del Banco de Chile, Rodrigo Aravena, cree que los factores externos no alcanzan para explicar el débil crecimiento. “Hay un new normal en la economía chilena que está ligado al ciclo minero. Vimos grandes inversiones en los años en que cambiaron las expectativas de largo plazo del precio del cobre, impulsado sobre todo por el auge de la demanda china. Pero ese boom que aumentó la capacidad minera ya ocurrió, es difícil que volvamos a ver algo así, y por eso el crecimiento potencial de Chile no es del 5% sino del 3%. En los últimos cuatro años, sin embargo, hemos crecido por debajo de esa capacidad, en torno al 1,8%, y la diferencia se explica por una combinación de elementos locales”, explica.

En el mundo de la empresa, la percepción es que la desconfianza generada por las medidas del Gobierno minó la actividad económica. “No soy ciega, sé que cuando se generan procesos de transformaciones se produce incertidumbre”, reconoció Bachelet en junio. Pero a la incertidumbre natural que acompaña todo proceso de grandes reformas, se sumaron fuertes cuestionamientos a varios aspectos técnicos y a los desincentivos a la inversión que establecieron los cambios, sobre todo en materia tributaria.

Ignacio Briones, economista y decano de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez, afirma que no había grandes desacuerdos en Chile sobre la necesidad de aumentar la carga impositiva para financiar los cambios en educación. “Las diferencias están en la forma en que se hizo la reforma tributaria y hoy hay un consenso transversal en que va a requerir una modificación, además de las correcciones que debió hacer el Gobierno al poco tiempo de aprobar la nueva legislación”, explica.

Maraña fiscal

Nadie discute que el sistema impositivo se ha vuelto demasiado enrevesado. “La visión es que no se debe bajar la carga tributaria pero sí simplificar el sistema, que se ha vuelto muy complejo, al punto de que ni los contables logran entenderlo bien”, afirma el economista jefe del Banco de Crédito e Inversiones (BCI), Sergio Lehmann. Otra de las críticas más extendidas es a la eliminación del Fondo de Utilidades Tributables (FUT), un fondo contable en el que los dueños de las empresas podían acumular las ganancias no distribuidas sin pagar impuestos por ellas mientras quedaran en la compañía. “Era un incentivo a la inversión productiva, pero se prestó para abusos de algunos empresarios y, a raíz de eso, pagaron justos por pecadores y se eliminó todo el instrumento”, afirma Briones.

El destino que se le dieron a esos mayores fondos recaudados también es materia de fuerte debate. Rodrigo Vergara, expresidente del Banco Central (2011-2016) y asesor de Piñera, afirma que los cambios en la educación son clave para lograr un crecimiento más inclusivo para todos los chilenos, pero cree que la reforma aprobada no es la que necesita el país para reducir la desigualdad. “La política de una universidad gratuita es tremendamente regresiva porque la gente que aspira a la educación superior no es la que está en la situación más desfavorable. El énfasis tiene que estar en la mejora de la educación temprana y en la técnica y profesional”, explica.

Las distintas reformas, criticadas fuertemente por la oposición e impulsadas por una coalición política que aglutina posiciones muy diversas, no conformaron a casi nadie, y más que cerrar los temas parecen haber dejado el debate abierto para que vuelvan en el próximo Gobierno. La reforma laboral, que entró en vigor en abril, prohibió los reemplazos en huelga, un sistema que permitía a las empresas contratar libremente nuevos trabajadores o reasignarlos al interior de la compañía ante las medidas de fuerza de los sindicatos. Pero la exdirectora del Trabajo (1994-2004) y docente de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Central de Chile, María Ester Feres, asegura que el “modelo neoliberal puro” que se estableció durante la dictadura de Augusto Pinochet solo ha sufrido cambios marginales. “Los objetivos no fueron nunca los de una reforma estructural”, señala. Para Feres es sorprendente el descontento del empresariado, ya que, en su visión, la reforma incluye medidas que lo benefician, como una concepción de servicios mínimos que no se limita a las actividades estratégicas. Coincide con las empresas, en cambio, en que el nuevo sistema alarga las negociaciones colectivas y dificulta los convenios.

El presidente del gremio de las empresas mineras (Sociedad Nacional de Minería o Sonami), Diego Hernández, afirma que la reforma laboral no trajo grandes cambios para la actividad porque el sector ya tiene una gran madurez sindical, pero lamenta que el nuevo sistema no facilite el logro de acuerdos. En febrero, antes de que se implementara la reforma, una huelga de los trabajadores de Minera Escondida, el yacimiento de cobre de mayor producción del mundo, paralizó las actividades de la mina durante 43 días, en un conflicto que hizo su aporte a la desaceleración económica. “Afectó el crecimiento de Chile de este año porque vamos a producir menos cobre como país. Pasaremos del 28% de la producción mundial al 26% debido a esa huelga”, afirma Hernández.

Pero el valor del metal ya ha comenzado a subir y los pronósticos para la minería son optimistas. “El precio promedio de 2016 fue de 2,20 dólares, este año anticipamos que será del 2,75 y esperamos que el próximo sea aún mejor. Nos gustaría que, ahora que las inversiones se van a reactivar en todo el mundo, los proyectos se hagan en Chile, pero tenemos ciertas debilidades. Sin dejar de lado los objetivos ambientales, necesitamos mejorar una regulación que se ha ido complicando y no ayuda a la competitividad y la institucionalidad”, afirma Hernández, quien menciona como ejemplo el caso de Dominga, rechazado “arbitrariamente”.

Las empresas mineras demandan una actitud más proactiva del Estado para atraer inversiones. “El Gobierno parte de la base de que las instituciones funcionan, que ya somos lo suficientemente atractivos y que no es necesario hacer nada, pero vemos que otros países como Perú, Argentina o Ecuador están haciendo un esfuerzo por captar esos proyectos”, se queja el presidente de la cámara minera.

El presidente del banco de inversión Credicorp Chile afirma que, en estos años de menor crecimiento y mayor incertidumbre, las grandes empresas chilenas han focalizado su expansión en el exterior. Menciona, entre otros, el caso de Copec, la empresa líder en venta de combustibles que ha desembarcado en varios países de la región y en Estados Unidos. “Es un buen síntoma que las compañías se internacionalicen, pero si la economía nacional hubiera estado creciendo a tasas más altas, las empresas hubiesen tenido espacio para seguir penetrando en el mercado chileno. Con un crecimiento de menos del 2% eso no es posible”, afirma.

Agilizar los procedimientos para materializar inversiones es una política que los empresarios consideran decisiva para dinamizar la economía. “Las grandes compañías con actividad en el extranjero señalan que la aprobación de proyectos en otros países demanda un tercio del tiempo que lleva en Chile”, afirma Juan Benavides, presidente de la administradora de pensiones AFP Habitat y ex gerente general del grupo de retail Falabella.

Eficiencia y confianza

“Es necesario mejorar la productividad y tener mayores niveles de confianza. El año próximo habrá mejores condiciones exógenas, pero aun así las expectativas no exceden el 3%, que es muy bajo dado nuestro nivel de desarrollo”, afirma Bernardo Larraín Matte, presidente de la cámara empresaria del sector industrial (Sofofa) e integrante de la familia propietaria de uno de los mayores conglomerados del país, con intereses en diversos sectores, como la industria forestal y de la energía.

El economista jefe del Banco de Chile cree que el desafío para aumentar la capacidad de crecimiento a largo plazo es lograr que las actividades no mineras atraigan la inversión. “Por eso es sumamente relevante promover las condiciones para que algunos sectores que están despertando interés, como el de la infraestructura, adquieran dinamismo y compensen lo que la minería no va a invertir como en el pasado”.

Nadie duda de que un eventual triunfo de Piñera significará un golpe de timón en favor de una mayor confianza de los inversores. Pero en el entorno del empresario señalan que el objetivo no será desandar el camino de las transformaciones, sino “enmendar”. Y difícilmente pueda ir más allá de eso. “Quienquiera que sea presidente tendrá un desafío muy grande porque no contará con mayoría en el Congreso en un clima político polarizado. Eso le exigirá moderación y la búsqueda de acuerdos amplios, que es la forma en la que Chile operó en sus años más exitosos”, afirma el economista Briones.