El corcho del cava es de Málaga y otros motivos por los que el boicot a Cataluña es absurdo

En el interminable debate catalán, dos exministros socialistas han protagonizado los dos extremos sobre las represalias por la amenaza secesionista. “Nada de boicots, nada de ofensas. Trabajemos todos para que vuelva la sensatez”, reclamó Josep Borrell a los cientos de miles de personas que el 8 de octubre defendían en Barcelona la unidad de España. A los llegados de fuera de Cataluña, el expresidente del Parlamento Europeo les pidió que compraran una botella de cava al llegar a sus casas. En las antípodas de esta actitud está María Antonia Trujillo, exministra de Vivienda con José Luis Rodríguez Zapatero. “Ayer nos sirvieron 12 botellas de agua Font Vella en un Foster’s Hollywood. Ya no volveré a ir…”, escribió en su Twitter el 22 de octubre, sin tener en cuenta que, pese a su origen catalán, Font Vella es propiedad del grupo francés Danone y comercializa agua de dos manantiales, uno en Girona y otro en Sigüenza (Guadalajara).

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Pero Trujillo no está sola. Como ya ocurrió en 2006 —cuando Josep-Lluís Carod-Rovira, entonces líder de ERC, instó a los catalanes a no apoyar la candidatura olímpica de Madrid—, la política ha contaminado los hábitos de consumo con una campaña contra los productos catalanes.

“Los efectos por ahora no son relevantes. Pero se puede notar a partir de ahora. Hay gente que me ha dicho que me va a hacer boicot”, asegura José Luis Bonet, presidente de Freixenet y de la Cámara de Comercio de España, uno de los empresarios catalanes que más alto han hablado en contra del procés. Bonet, en conversación con EL PAÍS el pasado martes, a los pocos minutos de conocerse la decisión de Freixenet de renunciar a su traslado a otra comunidad autónoma, recuerda que el boicot de 2006 no hizo que se desplomaran las ventas de cava en el resto de España, pero sí propició un cambio de tendencia que derivó en un estancamiento. “Por culpa de unas muy desafortunadas palabras de Carod-Rovira, nuestro sector no creció todo lo que podía haber hecho. Todo esto es muy desagradable. Genera un daño que no nos merecemos”, asegura al otro lado del teléfono.

En Asaja, la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores, tampoco se atreven a dar cifras. Dicen que es ahora, cuando salgan al mercado las cosechas del verano, cuando se verán los efectos, pero la preocupación es evidente. “Hay empresas a las que le han paralizado las compras. Son compañías hortofrutícolas que vendían el 15% o 20% de su producción al resto de España, y que ahora temen por su negocio. Nosotros no tenemos la culpa de los disparates que han cometido los políticos”, protesta Cecilia Castelló, secretaria de Asaja en Cataluña.

La potente industria alimentaria de esta comunidad es una de las más afectadas por los vientos anticatalanes. Con una facturación de 21.261 millones de euros en 2014, según el Ministerio de Industria, da trabajo a más de 400.000 personas. Y es, por sus propias características, un sector en el que el consumidor final puede mostrar más fácilmente sus simpatías o antipatías por un determinado lugar.

Pese a que la presión se centra en Cataluña, el boicot preocupa en otros lugares. “El cava catalán lleva tapones de San Vicente de Alcántara; el tomate Solís es polvo concentrado de Miajadas y el agua de Nestlé se embotella en Herrera del Duque”, advirtió la semana pasada el presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara. Al menos 40 empresas de esa región pueden verse afectadas por el castigo a Cataluña que inunda las redes sociales.

Leche aragonesa

Una situación parecida viven otras comunidades. De Aragón sale la leche que usan empresas como Cacaolat o los quesos y yogures de la leridana Pastoret de la Segarra; así como la cebada con la que Estrella Damm y San Miguel fabrican su cerveza. Muchas botellas de cava se hacen con vidrio de Zaragoza y corcho de Málaga. Y los ejemplos continúan.

Estas y otras interconexiones empresariales ilustran el sinsentido económico del castigo a una región en solitario. “Son iniciativas contraproducentes. El principal destino de las exportaciones aragonesas es Cataluña. Es muy posible que un boicot significativo a los productos catalanes acabara perjudicando al tejido productivo de toda España”, sintetiza Pedro Aznar, profesor de Economía de ESADE.

Empresarios como el presidente de Freixenet admiten que sus botellas de cava pueden sufrir un castigo de ida y vuelta: el de los españoles que identifican su marca como catalana; y el de los independentistas furiosos con las declaraciones de Bonet a favor de la unidad de España. Este factor reputacional y el intento de librarse de las connotaciones negativas que durante esta crisis ha adquirido la marca Made in Catalonia es uno de los factores que explican la fuga de Cataluña de más de 1.800 empresas en octubre.

La exministra Trujillo se defiende ante la tormenta que desató su tuit, con airadas réplicas de la periodista Julia Otero, la opinadora Pilar Rahola o incluso el expresident Carles Puigdemont. Defiende que lo escribió como “una decisión personal en un momento determinado”; y niega que estuviera llamando a un boicot generalizado. Y opta por dar la vuelta a la tortilla al argumento. “Aquí lo escandaloso no es lo que yo, una ciudadana de a pie, opine o consuma. Sino que el presidente de Extremadura se conforme con vender tomate para la pizza Tarradellas, y no haga que los productos agrarios se transformen en su región”, responde la también extremeña Trujillo.