El Gobierno ve margen para aprobar los Presupuestos a principios de 2018

El impacto de la crisis política en Cataluña se extiende como ondas en el agua. Una de las secuelas de este conflicto es el retraso de los Presupuestos para el próximo año. El Gobierno del PP se escuda en la falta de apoyos para justificar que no haya presentado el proyecto de ley de antes del 1 de octubre como le obliga la Constitución —“es evidente que el Gobierno no ha traído el proyecto de ley porque no tiene los votos suficientes; eso es evidente”, reconoció Montoro en el Congreso—. El PNV, uno de los partidos con los que alcanzó un acuerdo para sacar adelante las cuentas de 2017, se muestra remiso ante la escalada de tensión en Cataluña. La consecuencia directa de esta situación es la prórroga hasta que el Ejecutivo logre aprobar unas nuevas cuentas.

A pesar de esta situación desde Hacienda se muestran confiados en lograr en las próximas semanas el respaldo suficiente para iniciar la tramitación en el Congreso y aprobar los Presupuestos a finales de enero o principios de febrero de 2018. Así lo expresó esta semana el ministro Cristóbal Montoro en una intervención parlamentaria. “El Gobierno está convencido de que habrá nuevos Presupuestos del Estado para el año próximo”, dijo en la Cámara Baja. Y apostilló: “No vamos a cejar en impulsar la negociación para poder presentar un proyecto de Presupuestos en las próximas semanas que, si no estuviera aprobado el 1 de enero, no tarde mucho más y pueda estar aprobado en las primeras semanas del año 2018 para que de esa manera sus efectos fueran lo menos perturbadores posible”.

Sin embargo, el PNV cree que “no se dan las circunstancias” para renovar el apoyo de 2017, explica Idoia Sagastizabal, diputada del PNV, que insiste en que “no ha habido contacto alguno” para desbloquear las cuentas.

El Gobierno pretende elevar la presión sobre el PSOE para obtener, al menos, su abstención. Algo que permitiría sacar adelante el proyecto de ley. El Ejecutivo quiere aprovechar el ambiente de confianza entre ambas formaciones tras el pacto forjado para activar el artículo 155 de la Constitución y hacer frente a la crisis catalana.

Ciudadanos también apoya esa estrategia de sumar al PSOE a los Presupuestos. “El tema catalán es lo que está distorsionando todo”, avanza Francisco de la Torre, diputado de la formación naranja. “Que no haya presupuesto resta impulso a la economía porque se extiende la idea de que hay inestabilidad política”, agrega. “Creo que el PSOE debería admitirlos a trámite en una situación como esta. Aportaría certeza a la economía y redundaría en la estabilidad política”, plantea.

Pero los socialistas no contemplan ese escenario. Pedro Saura descarta un apoyo o abstención de los socialistas a los Presupuestos. “No estamos de acuerdo con la política fiscal y presupuestaria del Gobierno del PP. Si la analizas consiste en una bajada de impuestos directos, subida de indirectos y recorte de gastos. Esa es una política que amplía la desigualdad, no es redistributiva”, desarrolla. Al tiempo recuerda que el PSOE rechazó los objetivos de estabilidad para 2018 aprobados por el Ejecutivo el pasado verano. Porque, entre otras cuestiones, no contemplan un impulso para cambiar el modelo de crecimiento y reducir la desigualdad. “En el Plan Presupuestario dicen que tienen muy avanzado el Presupuesto. Entonces, ¿por qué no plantean a la Comisión Europea el escenario que tienen previsto? Nos parece muy grave, porque siguen haciendo el ajuste por el lado del gasto social”, concluye.

Mientras se avanza en la negociación, algunas promesas quedan en el aire. Muchas pactadas con otros partidos. Funcionarios, autónomos y pensionistas son los más perjudicados. Entre las medidas que quedan a la espera de las nuevas cuentas destacan:

Pensiones. Las prestaciones por jubilación subirán, con carácter general, un 0,25% sin necesidad de esperar a los Presupuestos. Es así por la aplicación de la ley de desindexación, explican desde el Ministerio de Hacienda. Los que si tendrán que esperar a las nuevas cuentas serán las viudas. Empleo pretende poner en marcha el incremento en las prestaciones de este colectivo que contemplaba la reforma de 2011. Pero hasta que no haya nuevas cuentas no se podrán liberar los 850 millones de coste para esta medida.

Sueldo de los funcionarios. Hacienda pretendía lograr un pacto retributivo con los empleados públicos que sirviera de palanca para impulsar los Presupuestos. De hecho, les ofreció una mejora salarial de hasta el 8%, vinculado al PIB y al déficit, para el próximo trienio con el fin de recuperar parte del poder adquisitivo perdido durante la crisis. Aunque las principales organizaciones sindicales rechazaron la subida por considerarla insuficiente, las posturas no están muy alejadas. Y se podría lograr un acuerdo si Hacienda cede en la implantación de las 35 horas semanales.

Rebaja de impuestos. Ciudadanos impuso al Gobierno una rebaja del IRPF para las rentas más bajas. De esta forma, los mileuristas (hasta 14.000 euros) no tendrían que pagar impuestos. Los trabajadores que ganen hasta 17.500 euros también verán rebajada su cuota tributaria. El partido de Albert Rivera acordó además el impuesto negativo de 1.200 euros a personas con dependientes de más de 80 años a su cargo y los que tengan un cónyuge minusválido. En este punto se incluía la rebaja del IVA del cine del 21% al 10%.

Ampliación del permiso de paternidad. El acuerdo con Ciudadanos prevé que los padres de niños que nazcan a partir de que se aprueben las cuentas puedan disponer de una semana más, hasta cinco, de permiso de paternidad. También se prevé aprobar un cheque de guardería para niños de 0 a tres años.

Inversiones. El Gobierno acordó impulsar el Corredor Mediterráneo, la Y vasca y otras infraestructuras comprometidas con los partidos canarios que le brindaron su apoyo para aprobar las cuentas de 2017. Estas inversiones quedarán congeladas hasta que haya nuevos Presupuestos.