CEOE abre una batalla con Empleo por la formación

La patronal CEOE quiere abrir otro frente en la guerra que mantiene contra la ley de formación aprobada en 2015. Ha elaborado un proyecto de ley, al que ha tenido acceso este diario, muy crítico desde el preámbulo con el sistema actual, promovido por el Ministerio de Empleo, y que recoge las demandas que los empresarios ya plasmaron en un libro blanco hace unos meses. Ahora una delegación de CEOE, encabezada por el exdiputado catalán Daniel Sánchez Llibre, se reúne con los grupos parlamentarios para que asuman su texto y lo tramiten. De momento, han tenido citas con PSOE y Ciudadanos. El lunes es el turno de la reunión con los sindicatos.

La iniciativa de la patronal, admiten en la organización, parte del reto que le lanzó Empleo: si no están de acuerdo con la ley actual, busque otra norma que logre un apoyo parlamentario como la actual, el 90%. En pos de este objetivo, CEOE organizó una jornada parlamentaria en la que varios grupos se mostraron receptivos a sus demandas, pero pedían que hubiera un pacto de patronal y sindicatos. El hecho de que esta proposición de ley esté elaborada solo por la organización empresarial no es bien visto por el PSOE, quien no obstante advierte que está estudiando todavía el proyecto.

Esta iniciativa se suma a los otros frentes en los que la patronal da la batalla contra la ley del Gobierno: la Defensora del Pueblo, los tribunales e, incluso, las críticas públicas y frontales contra el desarrollo de la norma. De ello da cuenta el preámbulo del proyecto de ley: "El sistema actual adolece de falta de previsibilidad financiera y presupuestaria, ya que las cuotas de formación profesional, pese a su carácter finalista, no han venido gozando de la reanualización de sus remanentes", expone, citando a la Defensora del Pueblo.

Para CEOE, este punto es uno de los más importantes, que los 2.000 millones que anualmente se recaudan gracias a las cuotas del 0,7% sobre la base de cotización se destinen a formación. Por eso en el texto legal se hace mucho hincapié en que el dinero que no se gasta en un año se invierta al siguiente en formación. Esto es algo que ya contempla la ley actual, pero que se ha cumplido parcialmente.

La Fundación Tripartita

Otro de los aspectos más significativos de la norma es el del papel que juegan los agentes sociales en el sistema de formación. Contempla el proyecto legal de la patronal que la antigua Fundación Tripartita, en la que ahora Empleo tiene el 51% del poder de decisión, pase a estar en manos de sindicatos y empresarios, que se repartirían el 75% de los puestos en el patronato. Además, esta fundación tendría un papel mucho más determinante a la hora de gestionar el sistema: se encargaría de diseñarla formación y la adjudicación de fondos.

Uno de los puntos más polémicos de esta propuesta es el destino exclusivo de la recaudación para formación de los trabajadores con empleo, no de parados. Hay una disposición que permitiría todavía se utilizaran parte de los fondos para ese colectivo si durante los cinco años siguientes a la aprobación de la norma el paro sigue por encima del 15%. Esto, seguramente, provocará el rechazo de los sindicatos, que nunca han visto bien este punto. También provocará voces críticas de las comunidades autónomas, que de esta forma perderán muchos de los recursos que ellas tienen de formación, ya que estas administraciones gestionan sobre todo la formación de parados.