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Empleo busca flexibilizar los contratos de formación

El Gobierno negocia con sindicatos y patronal un acuerdo para combatir el paro juvenil y poder gastar los fondos europeos destinados a este fin

El Gobierno negocia con patronal y sindicatos un acuerdo para combatir el paro juvenil y poder gastar los fondos europeos pendientes de la garantía juvenil, el plan para insertar en el mercado laboral a jóvenes sin experiencia ni formación. La propuesta del Ministerio de Empleo flexibiliza el contrato de formación, pues permite que en la práctica el aprendiz sea uno más de la plantilla al entrar en los turnos de trabajo.

La ministra de Empleo, Fátima Báñez
La ministra de Empleo, Fátima Báñez

El Gobierno se enfrenta a un problema con los fondos europeos destinados a la garantía juvenil: tiene que empezar a desembolsarlos cuanto antes porque a partir de este año empiezan a expirar los plazos que fija la UE para gastarlo. Por eso, está intentando negociar un acuerdo con los sindicatos y la patronal para poder habilitar más formas con las que emplear esos recursos que proceden de Europa.

Los representantes del Ministerio de Empleo, Comisiones Obreras, UGT, Ceoe y Cepyme se reunieron el pasado viernes para discutir la propuesta que el Gobierno ha puesto sobre la mesa. Y este lunes lo volverán a discutir. Según el borrador al que ha tenido acceso EL PAÍS, en ella se recogen medidas para fomentar la jubilación parcial y el contrato de relevo, mejorar y dar más garantías al contrato de becario y flexibilizar el contrato de formación. Este último punto es el más complicado de respaldar por los sindicatos y, según apuntan algunas fuentes, podría hacer encallar la firma del acuerdo.

La garantía juvenil se ideó en Europa allá por el 2013 con la idea de dar a los jóvenes desempleados la oportunidad de tener formación, unas prácticas o un empleo. Y la iniciativa se dotó con dinero del presupuesto comunitario. España aparecía en ese momento como el país que más se beneficiaría de estas partidas. Sin embargo, una conjunción de factores impidió que se desarrollase como debería y, por tanto, aprovechar bien los fondos: para empezar, la estructura de estas ayudas europeas hace que los países gasten primero y luego, una vez certificados los gastos, la Unión Europea ponga los recursos. Sin embargo, las comunidades autónomas tenían que adelantar el dinero justo en medio de un proceso de consolidación fiscal. Tenían que gastar a la vez que bajar el déficit, y eso hizo que no empleasen los fondos. Para colmo de males, el Ministerio de Empleo quiso por aquel entonces que esos jóvenes ninis no acabasen engordando las listas del paro. Y para ello creó un fichero aparte de los servicios públicos de empleo en el que resultaba muy difícil apuntarse. Por todo ello, el tiempo pasó y los recursos no se utilizaron.

Y solo se ha reaccionado cuando los plazos se agotaban. En cooperación con las comunidades, durante el último año el Gobierno ha intentado dar un impulso a la garantía juvenil incorporando más jóvenes a los ficheros. Además, aprovechó el acuerdo con Ciudadanos para introducir el complemento salarial como una medida más de la garantía juvenil. Así mataba dos pájaros de un tiro: satisfacía el pacto de investidura con la formación naranja y encontraba una manera de gastar el dinero. Pero Bruselas exigía que el plan sirviese para reinsertar y formar a los menores de 30 años. Así que este complemento se vinculó al contrato de formación. El inconveniente de este contrato es que solo se suscriben menos de 50.000 al año, una cifra insuficiente si se quieren gastar todos los recursos pendientes. De modo que la idea consiste en flexibilizar el contrato de formación para que se extienda su uso en las empresas, una iniciativa del gusto de Ceoe y Cepyme.

La propuesta se resume en incorporar a los turnos al joven que tiene un contrato de formación. Eso facilita el uso de este contrato, pero supone un obstáculo para la formación, porque ésta resulta más difícil de impartir cuando el trabajador está pendiente de los horarios que le asignen y, además, se le pueden cambiar. A juicio de algunas fuentes, también representa una nueva forma de trabajo precario. De ahí que una parte de los sindicatos muestre ciertos reparos a esta idea.

Aun así, el documento de Empleo contempla varias medidas pensadas para atraer a UGT y Comisiones Obreras. A UGT se le brindan más facilidades para la jubilación parcial y el contrato de relevo, una de las reivindicaciones de Pepe Álvarez desde que tomó las riendas del sindicato. También ha sido una reclamación muy habitual en la industria, sobre todo la del automóvil.

Con el fin de contentar a CCOO, el Ministerio de Empleo ha ofrecido equiparar el contrato en prácticas al de formación tanto en las cotizaciones como en los incentivos para la conversión a indefinido. También propone crear un marco que garantice la calidad de las prácticas no laborales, aquellas cuyo uso se ha generalizado para remunerar muy poco o nada.

Los fondos de la garantía juvenil

La UE ha concedido a España unos 3.200 millones para gastar en la garantía juvenil. De estos, unos 830 millones se anunciaron nuevos la semana pasada. Estas partidas funcionan con un plazo para desembolsarlos de hasta cuatro años. A finales de 2017 podría perderse una parte. Para poder hacer uso de esos fondos, el Gobierno está recurriendo a la generalización de las bonificaciones a los contratos, una fórmula más fácil para gastar el dinero que elaborar perfiles de los menores de 30 años y formarlos según sus necesidades. La idea del Ejecutivo es pactar con los agentes sociales esta estrategia. Y que las comunidades autónomas la apliquen. Sin embargo, la resistencia de las autonomías y la debilidad del Gobierno con un Parlamento en minoría hacen muy difícil que nada de esto progrese. Los fondos europeos están en juego. De lograr el respaldo de los agentes sociales, el Ejecutivo lo tendría más fácil para aprobarlo en el Congreso y que los gobiernos autonómicos lo aceptasen. Pero la negociación pinta bastante complicada.