Selecciona Edición
Selecciona Edición
Tamaño letra
COLUMNA

La patronal se enciende con la formación

Los empresarios arremeten contra “el intervencionismo” del Gobierno y exigen corregir la reforma para construir un sistema que mejore la competitividad.

El pasado 29 de julio la CEOE difundió un comunicado incendiario (para lo que suele acostumbrar) contra el Gobierno que, seguramente por la fecha, pasó desapercibido sobre el polémico asunto de la formación. El ambiente sigue caliente y se espera que en la próxima junta (se aplaza del 14 al 21 de septiembre por la participación de Juan Rosell en el Argentina Business Forum) hiervan todavía más las aguas. Asimismo, seguramente preparará una nueva ofensiva junto a los sindicatos para reivindicar cambios en la ley del año pasado y recuperar el protagonismo que consideran justo y necesario.

Tres consejeros para GIP en Gas Natural

La entrada en Gas Natural Fenosa del fondo GIP le otorgará tres consejeros de un total de 17. Del total, cuatro corresponden a CaixaBank y otros cuatro a Repsol, sin contar al presidente y consejero delegado, que los nombra cada uno de ellos. Dado que pierden el 10% cada uno, parece normal que la petrolera, que pasa a tener la misma participación del 20%, reduzca un consejero y que la entidad financiera, que se queda con el 25%, mantenga los cuatro, teniendo en cuenta que uno de ellos, Isidro Fainé, pasaría presidir el grupo en lugar de Salvador Gabarró (ambos en la foto). Es decir, a las bajas del representante de Repsol (en la actualidad son Antonio Brufau, Miguel Martínez, Suárez de Lezo y Demetrio Carceller) y de Gabarró, se uniría seguramente un independiente.

La patronal criticaba su exclusión y la de los sindicatos de uno de los órganos de control más importantes del sistema de formación a raíz del anuncio del secretario de estado de Empleo, Juan Pablo Riesgo, en una reunión del Patronato de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo. El 12 de mayo, ese patronato había aprobado un texto de convocatoria de ayudas para la formación que, al ser “modificado unilateralmente por el Gobierno sin respetar el acuerdo”, ocasionó que las organizaciones empresariales, sindicales y la mayoría de las comunidades autónomas se desvincularan.

Según la patronal, “la decisión de expulsar a los representantes empresariales y laborales contraviene el Convenio 88 de la OIT sobre la obligación de consulta a los interlocutores sociales en asuntos relacionados con el empleo y es contraria a reiterados pronunciamientos de la Audiencia Nacional y del Tribunal Constitucional”. El comunicado subrayaba que la formación ha sido una materia estratégica para la competitividad de las empresas y la cualificación de los trabajadores, desarrollada en el marco del diálogo social en los sucesivos acuerdos que desde 1992 se han firmado con los gobiernos.

La actitud del Gobierno llovía sobre mojado. La patronal y los sindicatos ya habían protestado por la reforma del modelo realizada en 2015 y que, a su juicio, “ha consolidado un sistema intervencionista, politizado, burocrático, poco transparente en los destinos de los fondos y muy alejado de las necesidades empresariales”. Al hilo, de ello, los empresarios recuerdan que son las empresas y los trabajadores los que financian el sistema mediante la cotización de la cuota de Formación Profesional, por lo que deberían “ser considerados como los auténticos protagonistas del modelo, máxime cuando son los principales conocedores de las necesidades formativas, en constante evolución, del tejido productivo”.

“El Gobierno ha creado un sistema  polítizado, burocrático y poco transparente”

Según la patronal, la reforma nació con muchos errores de planteamiento, como ha sido considerar la formación desde una perspectiva educativa y no laboral y que pone el foco más en quién debe impartirla que en qué formación necesita el sistema productivo. “Como consecuencia”, argumenta, “los resultados de la reforma están siendo negativos e irán a peor si no se corrigen”.

Explica varias razones: todavía no se ha aprobado la normativa de desarrollo de la ley, lo que causa vacío legal y paraliza el funcionamiento de varias iniciativas; ha disminuido el consumo del crédito formativo y el número de empresas que lo utilizan; no se está ejecutando ningún programa de formación sectorial ni transversal desde el 1 de enero de 2016; las convocatorias dirigidas a colectivos como los jóvenes han sido un fracaso reconocido por el propio Consejo de la Juventud con un uso de 20 de los 60 millones presupuestados; no ha habido diálogo social y no se han puesto en marcha medidas novedosas como el cheque de formación, el sistema integrado de información; el registro estatal de entidades o la cuenta de formación.

Planteará a los sindicatos una ofensiva conjunta para recuperar protagonismo

Una larga retahíla que refleja el malestar. Ante todo eso y tras el balance del primer año de vigencia de la Ley de Formación, las organizaciones empresariales (y los sindicatos) consideran urgente su modificación y proponen “continuar negociando con quien corresponda, alcanzando consensos que permitan construir un sistema que mejore la competitividad de las empresas y facilite el ajuste de la cualificación profesional de los trabajadores a las necesidades de las empresas”.

Las patronales y los sindicatos crearon en 1992 un sistema de formación a partir del primer Acuerdo Nacional. A través de la cuota profesional han aportado más de 5.000 millones de euros con un número de participantes que pasó de 294.000 a cerca de cinco millones entre 1993 y 2011. Es decir, que se forman una de cada tres personas activas (en Alemania es una por dos). El número de empresas ha pasado de 33.000 en 2004 (primer año de vigencia de las bonificaciones) a 479.000 en 2013.

“La reforma nació con errores de planteamiento y los resultados son negativos”

Sin embargo, desde 2012 el Gobierno se fue apropiando del sistema, primero expulsando a patronales y sindicatos de la gestión de la formación, y, recientemente, de su gobernanza. Bien es verdad que en gran parte los fraudes habidos por una gestión descuidada hacía obligatoria una intervención del Gobierno. Otra cosa es la solución que se haya tomado. Según la patronal, ello provocó que mientras en el periodo 2004-2011 se destinaba el 70% de los fondos a la formación a ocupados, entre 2012 y 2016 cayó al 50%, destinándose el resto a financiar políticas activas de empleo “de muy dudosa eficacia”.