Mantener el poder adquisitivo de las pensiones exigiría 25.000 millones al año

Incluso con la recuperación del empleo y los ingresos de la Seguridad Social creciendo, el desfase entre ingresos y gastos del sistema de pensiones ha seguido engordando. Hasta este año, cuando las previsiones de los expertos apuntan que podría dejar de ampliarse el déficit o, incluso, reducirse un poco hasta el entorno de los 16.000 millones. Aun así, un informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal cifraba las necesidades estructurales del sistema en unos 10.000 millones. Es decir, ni siquiera recuperando el empleo perdido se lograría equilibrar las cuentas a menos que se hagan reformas.

En este contexto, la Autoridad Fiscal ha publicado un simulador que estima el Índice de Revalorización de las Pensiones o IRP, la fórmula por la cual se calcula la subida anual de las prestaciones y que está diseñada para asegurar la sostenibilidad de las cuentas. Esta aplicación permite introducir diversos supuestos, modificando variables como el crecimiento nominal, el número de pensiones o las transferencias del Estado a la Seguridad Social. Con todo ello se puede conocer bajo distintas hipótesis cuánto puede subir la pensión hasta 2022. Y también se puede hallar cuánto dinero haría falta inyectar al sistema para poder subir las pensiones en función de la inflación al tiempo que se preserva el equilibrio financiero. Respecto a 2017, el cálculo sale que se precisan 17.000 millones a fin de poder actualizarlas conforme al IPC. Esos 17.000 millones tendrían que incorporarse de forma permanente, es decir, todos los años. Y para 2018, la cifra escala hasta los 25.000 millones estructurales si se quiere actualizar las pensiones al 1,7% de inflación que prevé el Gobierno.

Estos cálculos revisten bastante robustez hasta el 2022, siempre que se den unos crecimientos del PIB, una inflación y unos gastos e ingresos en línea con las previsiones que proyecta el Gobierno y con lo que se consideraría coherente con las características de la economía española. Por trabajador, se tendrían que poner unos 1.330 euros anuales.

Otra forma de reconducir las cuentas es trasladar las prestaciones de viudedad y orfandad desde la Seguridad Social a los presupuestos del Estado. Solo que para hacer frente a esta partida, eso implicaría que la Administración le hiciese un hueco entre sus desembolsos. O que recabase más ingresos para financiarla. O ambos. Pero al tratarse de una rúbrica que ronda los 20.000 millones, tendría que hacerse poco a poco. Y, en consecuencia, el cambio de viudedad no permitiría subir las prestaciones según el IPC.

La Autoridad Fiscal presenta este simulador porque tiene el cometido de validar si se ha aplicado correctamente el Índice de Revalorización de las Pensiones. En julio publicó que correspondía dar un 0,25% de alza en los Presupuestos de 2017. Y añadió que sus proyecciones a cinco años eran que las pensiones no subirían más del 0,25% hasta 2022.

Este dato reafirmó a PSOE y Podemos en sus peticiones de volver a vincular las actualizaciones a la inflación. Ciudadanos también ha realizado declaraciones similares. Así que parece que el PP se ha quedado solo en la defensa de la actual reforma, un sistema diseñado para asegurar la sostenibilidad del sistema aun a costa de mantenerlas casi congeladas. Sin embargo, ninguna formación aclara de dónde sacaría los fondos para poder financiar las actualizaciones y, al mismo tiempo, dejar las cuentas en una situación equilibrada.

“Los expertos concibieron el Índice de Revalorización de las Pensiones para dejar claro que había un desfase entre gastos e ingresos, de modo que los políticos tomaran medidas para corregirlo. Entre otras cosas, permite que el Gobierno busque más ingresos para evitar el deterioro de las prestaciones”, explica un alto cargo de la Administración.

Cálculo del índice

¿Y cómo hace esto el Índice? Calculando el estado de las cuentas con una fórmula que básicamente incluye los gastos e ingresos de los cinco años pasados y las previsiones de los cinco años siguientes, es decir, un periodo de once años para eliminar el efecto del ciclo económico sobre las cuentas. Con esos parámetros, se concluye cuál es la situación presupuestaria del sistema. Si el resultado no es positivo, el índice no actualiza las pensiones y se aplica un mínimo legal de revalorización del 0,25%.

De no haberse aplicado ese suelo del 0,25%, la Autoridad Fiscal ha pronosticado que las pensiones tendrían que recortarse alrededor de un 10% entre 2017 y 2022, según los resultados que arroja la fórmula o IRP.

Pese a ello y gracias a una inflación muy baja, en los cuatro años que se lleva aplicando el Índice de Revalorización, las pensiones han ganado 1,65 puntos de poder adquisitivo si se compara con la tasa media anual del IPC. Si se toma en cambio la tasa anual medida diciembre sobre diciembre, entonces la ganancia se reduce a los 0,15 puntos. Solo que eso va a cambiar a partir de ahora.

Y eso ha abierto el debate sobre si cambiar el sistema de revalorización en la reforma que abordará el Pacto de Toledo. Sin embargo, los autores del IRP insisten en que la fórmula de revalorización sigue siendo válida. El legislador siempre puede aumentar los ingresos si pretende conseguir una mayor revalorización anual de las pensiones. Ahora bien, obliga a los políticos a ser claros, especificar cuánto costaría y, por tanto, concretar de dónde piensan sacarlo. En el fondo, es una barrera contra las políticas electoralistas. Sobre todo ahora que el simulador de la Autoridad Fiscal deja claro cuál sería el coste de hacerlo.