Cataluña recibe un tercio de los créditos regionales del Estado

"Cataluña no dispone de otro banco que no sea el Gobierno español". Así lo aseguró Andreu Mas-Colell, exconsejero de Finanzas de la Generalitat de Cataluña cuando esta comunidad pidió oficialmente el rescate al Estado hace ya cinco años. En aquella época, en los albores de 2012, los mercados financieros lanzaban un voraz ataque contra la deuda soberana de los países del sur de Europa. España estaba en el ojo del huracán. Las autonomías más endeudadas sufrieron especialmente las consecuencias de esta ofensiva. Los inversores les exigían unas condiciones leoninas para prestarles dinero. Muy endeudadas y con sus recursos en plena caída, los mercados les cerraron las puertas. Cataluña recurrió a los bonos patrióticos para intentar financiarse, unos títulos de deuda que exigían unos tipos de interés inasumibles.

El 3 de enero de 2012, la Comunidad Valenciana estuvo al borde de la quiebra porque no podía atender un vencimiento de 123 millones con el Deutsche Bank. El Tesoro salió al rescate y se hizo cargo de esa deuda para evitar la caída.

El Gobierno se inventó entonces el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). Un instrumento para aliviar a las comunidades a través de unos créditos con condiciones similares a las que obtiene el Tesoro, mucho mejores de las que podían obtener por su cuenta. Gracias a este mecanismo estas administraciones regionales pudieron comenzar a pagar a sus proveedores y atender los vencimientos de la deuda que les exigían los bancos.

El 'manguerazo' del FLA

En la práctica el FLA es un mecanismo con características similares al utilizado para rescatar países. El Estado ofrece dinero a cambio de más rigor presupuestario y otros requisitos de información muy exigentes. De hecho, esta condición ha permitido al Ministerio de Hacienda intervenir la semana pasada las finanzas de la Generalitat tras la negativa de los responsables catalanes a certificar que no están financiando la consulta ilegal del 1-O con dinero público.

Hasta el año pasado el Estado inyectó más de 162.000 millones de euros a las comunidades entre el plan de pago a proveedores y el FLA. Casi un tercio de esta cantidad, unos 53.700 millones, han ido a parar a Cataluña, según datos oficiales de Hacienda. Algo más del 80% de la deuda pública catalana está ya en manos del Estado. La Comunidad Valenciana también es una de las más favorecidas: ha recibido unos 36.300 millones hasta 2016. Y Andalucía, 24.340 millones.

Gracias a estos manguerazos de liquidez, estas administraciones han podido abonar sus facturas y reducir la morosidad. Cataluña y Valencia llegaron a tardar más de 155 días en pagar a sus proveedores, según datos de la asociación de autónomos (ATA). Ahora han reducido ese periodo a menos de la mitad.

Tanto las comunidades como el Gobierno rechazan que estos mecanismos sean un rescate, pero lo cierto es que ha servido para sanear las cuentas públicas autonómicas. Algunos consejeros aducen que ese dinero les corresponde porque sus territorios están infrafinanciados. Pero la crisis financiera, la más devastadora en un siglo y que desplomó sus ingresos, junto a las sombras sobre la gestión y el despilfarro en algunos territorios cuestionan ese argumento.

El Ministerio de Hacienda recopila y publica periódicamente los créditos que entrega a cada comunidad desde 2012. También calcula los ahorros que han conseguido las comunidades al comparar los ventajosos intereses del FLA y los que exigiría el mercado. Según las estimaciones oficiales, las comunidades se habrían ahorrado más de 22.000 millones entre 2012 y 2016 por los instrumentos financieros estatales. Cataluña se beneficia de un tercio de ese ahorro. En total la Generalitat ha pagado en intereses 7.509 millones menos que si hubiera acudido a los mercados. Valencia también se ha ahorrado otros 5.300 millones.

Una inyección de 7.275 millones para este año

El Gobierno inyectará en el cuarto trimestre de este año otros 7.800 millones de euros a las comunidades a través del FLA y el Fondo de Facilidad Financiera —los créditos ventajosos para las autonomías más saneadas—, según acordó ayer la comisión delegada del Gobierno para asuntos económicos (CDGAE).

En todo 2017, el Ejecutivo concederá otros 25.804 millones en créditos a las comunidades. Un tercio de esta cantidad (7.275 millones) va a parar a Cataluña. Una proporción superior a la del peso de su PIB y su población, del 19% y del 14% respectivamente.