La interventora de la Generalitat vuelve a rendir cuentas a Hacienda

La interventora general de la Generalitat de Cataluña, Rosa Vidal, ha enviado este miércoles al Ministerio de Hacienda las certificaciones semanales sobre los gastos que la semana pasada rechazó remitir. De esta forma, la interventora rectifica y vuelve a rendir cuentas al departamento que dirige Cristóbal Montoro. Y garantiza que hasta el 17 de septiembre no se ha destinado dinero público para organizar la consulta ilegal del 1-0.

Esta decisión se produce después de que este miércoles la Guardia Civil haya entrado a registrar varios departamentos de la Generalitat y haya arrestado a una docena de altos cargos. La presión judicial está empezando a pesar sobre los funcionarios autonómicos. De hecho, la interventora está querellada. 

En la práctica, la internvención de la interventora no cambia nada, según ha explicado el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, durante su comparecencia este míercoles en el Congreso para explicar las medidas que han provocado la intervención financiera de Cataluña. "Lo que la Generalitat pretende no afecta a las condiciones que se le han ido señalando. El procedimiento estará en vigor unos meses o el tiempo que sea preciso". Y ha abundado: "Son medidas proporcionales al riesgo que combaten. Son medidas que van a estar en vigor de manera indefinida".

En este contexto, la interventora de Cataluña ha enviado una carta a Hacienda al borde de las 14.00 de este miércoles en el que explica: "Teniendo en cuenta que el Tribunal Supremo, en fecha 15 de Septiembre de 2017, nos ha notificado una interlocutoria por la cual se deniega la medida cautelar de la suspensión del Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para asuntos económicos de 21 de Julio de 2017, que fue publicado por la Orden PRA/686/2017, de 21 de Julio, esta Intervención General facilita los certificados que establece la Orden mencionada anteriormente correspondientes a la semana del 11 al 17 de septiembre".

Es decir, que al ver que el Supremo no concede la suspensión cautelar de las medidas extraordinarias de Hacienda que permiten de facto la intervención financiera de la Generalitat ha decidido volver a enviar la información contable. La interventora ya avanzó ayer martes por la noche al secretario de Estado de Presupuestos, José Enrique Fernández Moya, que volvería a colaborar con Hacienda en el suministro semanal de los certificados de los gastos de la Generalitat para que el ministerio pueda garantizar que no se destina dinero público al 1-0. En esta carta, justificaba que hasta que el Tribunal Supremo no se pronunciara sobre las medidas cautelares requeridas por la Generalitat para suspender la orden ministerial que permite la intevención de sus cuentas. Pero el Supremo, aunque ha admitido el recurso catalán, rechazó adoptar medidas cautelares.

La escalada de tensión entre el Gobierno central y la Generalitat se desató la semana pasada después de que el vicepresidente catalán, Oriol Junqueras, informase al ministro Montoro que dejaba de rendir cuentas. Como reacción, Hacienda aprobó una orden ministerial para intervenir las finanzas de la Generalitat. Asumía el pago de los gastos de los servicios fundalemtnales (sanidad, educación y prestaciones sociales) de esta administración con cargo a los fondos del sistema de financiación. Y ordenaba un control más exhaustivo del resto de gastos.

Montoro en el Congreso

Mientras se producía el intercambio epistolar entre la interventora de la Generalitat y los responsables de Hacienda, el ministro Montoro interviene en el Congreso para explicar el alcance de la orden ministeril publicada el pasado sábado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y que permite la intervención de las finanzas autonómicas catalanas.

Montoro ha recordado como el año pasado el Gobierno ya endureció el control a Cataluña estableciendole un control mensual de los gastos. Y entonces, ha dicho, "no recurrieron esta condición" y "cumplieron" con los requisitos de información. El ministro explicó que el pasado julio se endureció el control al detectar unos gastos destinados a financiar procesos electorales, en referencia a la consulta del 1-0. Entonces, el Ejecutivo impuso un ferréo control semanal. Los responsables catalanes debían enviar un certificado garantizando que no se gastaba ni un euro para financar el procés. El titular de Hacienda ha recordado que desde entonces la Generalitat ha informado puntualmente. "Sin embargo la semana pasada se quebró esa instrucción porque la señora interventora de la Generalitat comunicó que por indicación del vicepresidente se iban a dejar de enviar los requerimientos de infromación". Y ha añadido: "¿Esta actitud como se puede calificar? De desobediencia de las condiciones fijadas. Pero si las estaban aceptando. Ellos mismos deciden que al amparo de una determinada legislación la iban a dejar de cumplir".

El ministro ha tratado de justificar la intervención de las finanzas catalanas. Ha argumentado que "los riesgos que generan las políticas como las que está llevando a cabo la Generalitat de Cataluña" justifican esas medidas. Y ha descrito cuáles son esos riesgos: "La estabilidad presupuestaria tiene unos límites a los que todos debemos ceñirnos. Unas normas que unas veces nios gustará más o menos, a mí el primero, pero sabiendo que esas normas forman parte de la UE. Las reglas están para cumplirlas". El ministro también ha aludido a los artículos 135 y 156 de la Constitución sobre la estabilidad financiera y sobre la autonomía de las comunidades para explicar que "ninguna comunidad puede ejercer su autonomía financiera al margen de la coordinación financiera y al margen de la Ley orgánica de Financiación de las comunidades autónomicas". Y ha recordado: "La autonomía no es limitada. Está limitada en la Constitución".