Prueba piloto para la renta universal

Las rentas de inserción, mínimas, complementarias, o para quienes carecen de ingresos, son útiles. Salvan a muchos, si no de la cuneta social, al menos del abismo. Más aun en un país sometido, tras la Gran Recesión, al triángulo desempleo masivo-amplio precariado-pobreza intensiva.

Pero esos alivios se otorgan con carácter específico (no a todos, sino a un colectivo concreto) y en general condicionados a requisitos (demostrar búsqueda de empleo, situación familiar grave...), por lo que suelen ser difíciles de gestionar, susceptibles de arbitrismo y a veces incapaces de beneficiar a todo el colectivo pretendido. Y así, a veces surgen líos jurídico/administrativos como ahora con el Plan Prepara, los 400-450 euros para desempleados que agotaron el seguro de paro.

Por todo ello, reconsideremos las ventajas (y desventajas) de la Renta Básica Universal (RBU), que se otorgaría a todos por un igual, sin requisitos específicos. A cualquiera educado en la cultura industrial (esfuerzo, trabajo, productividad…), respetuoso con las leyes económicas elementales (a todo gasto, un ingreso; el salario es el precio del trabajo…) y políticas (prometer lo imposible es irresponsable) le costará lo indecible. Pero es innegable que la RBU exhibiría ventajas: es sencilla, al sustituir a los demás subsidios sociales; y por universal, impide el nepotismo y la corrupción.

Además, ya ha saltado de sus apóstoles sociales a la literatura institucional. La OCDE acaba de recomendar que se experimente (Basic income as a policy option, marzo 2017) y la Brookings la encuentra útil para dar “seguridad contra las crisis económicas” (Can a universal basic income meet univeral basic needs?, 12 de junio).

El gran problema de la RBU es su alto coste. La OCDE lo estima entre un 2% y un 10,2% del PIB. En España, sus pioneros proponen financiarla con un IRPF a tipo único del 49% pero incorporando las rentas del capital a la base general (La Renta básica incondicional y cómo se puede financiar, Raventós, Arcarons, Torrens, Ctxt, 28/11/2016).

Aumento de la presión fiscal

Pero el BBVA Research subraya que aumentaría la presión fiscal en un mastodóntico 17,4% del PIB (Rafael Doménech, Algunas reflexiones sobre la RBU, abril 2017). Para salir de dudas, ¿algo impide emprender aquí una experiencia piloto, como las actuales de Finlandia, Oakland (California), Utrecht (Holanda) u Ontario (Canadá)?

Algunas de las ensayadas en otros lugares matizan el temor a que la RBU desincentive la búsqueda de empleo o perjudique la productividad, el otro gran obstáculo. La Mincome experimentada en Delphin (Canadá) de 1974 a 1979 dio resultados bastante equilibrados (Basic Income, tonic catalyser, Ulrich Schachtneider, Social Europe, 2/5/2017).

Ahora, sus defensores (Citizen's income schemes, an addendum to Euromod WP EM5/16, ISER, Malcolm Torry) no postulan generalizarla, sino verificarla, comprobarla en el laboratorio de un sector social, de una ciudad, mediante proyectos piloto.

Parece sensato. Y desde luego ese método de experimentación debería aplicarse a todas las nuevas —o renovadas—, rentas complementarias. Porque ninguna acaba de demostrar tampoco que sea incontestable, inmejorable o carente de contraindicaciones.